La actividad sísmica de las pasadas semanas reabrió el debate sobre aspectos de las construcciones como la otorgación de permisos y la relación de las estructuras con el medio ambiente.

El terremoto del pasado 7 de enero y sus réplicas impactaron residencias, edificios y estructuras que incluyen facilidades públicas y privadas. Este no es el único fenómeno natural que ha impactado construcciones en la Isla, pues en los pasados años la destrucción causada por los huracanes Irma y María, así como la entrada del mar en el área de Ocean Park generaron discusiones en cuanto a la necesidad de regular y repensar los procesos de construcción.

“Hay que revisar no solo la forma en que se construye sino también dónde y para qué se construye. Además, es necesario incorporar los efectos del calentamiento global en los análisis y en la planificación territorial. Los factores conocidos hasta hoy se perfilan de forma muy distinta con los cambios climatológicos y el aumento en el nivel del mar.” señaló el planificador José Rivera Santana.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, junto a expertos y académicos han manifestado la necesidad de generar e implementar política pública que fiscalice dónde, cómo y para qué se construye. Esto dista de la política pública de la presente administración y la Junta de Control Fiscal (JCF).

En el caso de la presente administración, esta puso en marcha un proceso de rezonificación del Plan de Uso de Terrenos. Esto enfrentó gran oposición debido a que desregulaba y flexibilizaba la construcción insostenible en zonas vulnerables. Por su parte, la JCF incluyó en su plan fiscal el impulsar una flexibilización y agilización de los permisos requeridos para construir en Puerto Rico.

“Es una enorme irresponsabilidad plantear flexibilizar la evaluación y otorgación de los permisos. En todo caso lo que se impone es garantizar un proceso responsable, científico e informado que garantice el interés público. Esto último es medular. El sistema de permisos tiene como objetivo principal velar y asegurar la protección del interés colectivo por encima del interés particular.” puntualizó Rivera Santana.

La  falta de fiscalización en la construcción  y los constantes esfuerzos para eliminar o debilitar los reglamentos ambientales de Puerto Rico no son un problema nuevo. La planificadora Milagros Concepción señaló durante la década de 1980 las intenciones del gobierno junto a empresarios de limitar los requerimientos ambientales a las construcciones. Esto respondía al reclamo de inversionistas, desarrolladores y políticos que alegaban que estos procesos eran un obstáculo al desarrollo económico. La aprobación sucesiva de diversas desregulaciones ha reducido el análisis de potenciales efectos sobre el ambiente y limitado la participación pública en estos asuntos.

Posteriormente, se le retiró la responsabilidad a la Junta de Calidad Ambiental de evaluar las declaraciones de impacto ambiental. La tarea recayó sobre la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cual ha otorgado más poder a los desarrollistas en el proceso de obtener permisos de construcción. Varios expertos entre ellos Carmen Concepción, Gustavo García y William McCormick han recalcado el efecto negativo que representa la reducción y la eliminación de los documentos de evaluación ambiental sobre los recursos naturales en la Isla.

“La junta de calidad ambiental perdió el poder para evaluar las declaraciones de impacto ambiental y lo transfirieron a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Junta se convirtió en agencia comentadora, eliminando su función fiscalizadora. Los procesos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto le brindan prácticamente todo el poder al desarrollador para reportar los posibles impactos ambientales que, bajo su propio criterio, entienda. Yo, personalmente, he visto declaraciones de impacto ambiental que son de una sola página,” señaló Omar Pérez Figueroa, estudiante doctoral en el Departamento de Planificación Urbana de la Universidad de Irvine en California,

Pérez Figueroa, quien estudia procesos de recuperación tras catástrofes ambientales, enfatizó que la respuesta a  estos eventos extremos tienen que anclarse en desarrollar una planificación estratégica, rigurosa y sostenible que incluya sectores amplios de la sociedad

“La economía y las finanzas son parte de los procesos de recuperación, pero mientras la mirada de los gobernantes priorice esta visión sobre elementos humanos y sociales, que son igual de importantes, continuaremos con los mismos problemas. Más aun no podemos pretender que estas inversiones van a reiniciar la economía de forma mágica” puntualizó Pérez Figueroa

Al momento no se tiene un inventario final de los daños causados por los sismos recientes. En el caso del huracán María, el Departamento de la Viviendo estimó que unas 70,000 residencias sufrieron daños por el fenómeno atmosférico. La agencias y peritos en el tema han instado a la ciudadanía a consultar ingenieros estructurales que certifiquen que sus viviendas sean seguras.

Sobre Mikael Rosa Rosa

Mikael E. Rosa Rosa realizó un bachillerato en ciencia política con una segunda concentración en periodismo. Posteriormente completó una maestría en trabajo social comunitario, ambos grados los