El 3 de mayo del año 2017 una junta de siete personas por quienes los puertorriqueños nunca han votado,  nombrados al amparo de una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el cual los puertorriqueños no tienen representación con voz ni voto,  y siendo quien los nombró un Presidente de un país por el cual los puertorriqueños no votaron, presentaron una petición de quiebra a nombre de todos los puertorriqueños y de su gobierno en el Tribunal Federal en Puerto Rico.  De paso, los jueces de ese Tribunal son nombrados por los mismos presidentes por los cuales los puertorriqueños en Puerto Rico nunca han votado, y fueron nombrados con el consejo y consentimiento de un senado en el que Puerto Rico no tiene representación con voz y voto.

Esas siete personas fueron nombradas y presentaron la petición bajo el poder que les confirió una ley conocida como la Ley PROMESA. Con la presentación de dicha petición de quiebra se activó lo que se conoce como la parte o titulo tres de dicha Ley y la misma  impuso sobre los puertorriqueños y su gobierno a esas siete personas como parte de una Junta de Supervisión  Fiscal, que también se le conoce como la Junta de Control Fiscal (JCF).  Al activarse dicho proceso de quiebra, fue necesario el nombramiento de un juez para hacerse cargo de dicho proceso.  Dicha responsabilidad recayó sobre los hombros de una Juez Federal que ocupa un cargo como Juez en el Tribunal Federal del Distrito Sur del estado de Nueva York.  Su nombre es Laura Taylor Swain.

El 18 de mayo del año 2017 la periodista Damaris Suárez, quien escribe para el diario electrónico Noticel, suscribió un reportaje en torno a la primera vista judicial presidida por dicha Juez en el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico.  Describió la periodista como la Juez Taylor Swain, expresó desde el estrado que el proceso de la quiebra de Puerto Rico habría de ser “difícil” para el que no existe precedente histórico y que el mismo traería  consigo mucho “dolor”.

El dolor es una sensación de  molestia que se siente en alguna parte del cuerpo y también puede sentirse emocionalmente por corresponder a un sentimiento grande de pena, de tristeza, o de pesar. Puede ser causado por algún golpe, accidente o enfermedad.  Puede ser causado también por la necesidad de tener que hacer sacrificios, y de dolores y sacrificios los puertorriqueños ya estamos acostumbrados en nuestra historia y en particular  desde hace más de diez años.  Recordemos la crisis económica por la cual hemos estado pasando en la Isla desde el año 2006 en adelante,  y  cómo en aquel entonces ya nuestro gobierno confrontaba dificultades para cubrir los gastos de su operación así como también el pago de la deuda pública.  El primero de mayo de ese año el gobernador de aquel entonces, Aníbal Acevedo Vilá,  se vio obligado a cerrar el gobierno por esas circunstancias, y días  después del cierre  se nos impusieron la primera de una serie de  contribuciones, para que el gobierno pudiese contar con fondos para operar y pagar sus deudas,  entre otras cargas que desde entonces se no han ido imponiendo.  Desde entonces hemos estado viendo más y más recortes en el gasto público, despidos de empleados, deterioro en la calidad de los servicios que provee el gobierno, aumento en nuestro costo de vida y presiones de carácter político, económico, social y cultural.  Esas circunstancias  han contribuido a la partida de miles y miles de puertorriqueños en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo en los Estados Unidos y en otros países.

No obstante esa realidad, y el dolor y sacrificios que conlleva, la misma no parece afectar de modo alguno a las personas que tienen a su cargo el control del gobierno de Puerto Rico.  La misma reportera, Damaris Suárez, nos reporta el 5 de julio de este año en Noticel los salarios que disfrutan una serie de miembros del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares incluyendo algunos de sus secretarios y asesores.  A manera de ejemplo, el Secretario de la Gobernación, William Villafañe,  devenga un salario de $14,000 mensuales y eso equivale a $168,000.00 al año.  El Secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario devenga $11,000 lo que equivale a $132,000.00 anuales,  más de  $2,000.00 mensuales en comparación a lo que devengaba por dicha posición la persona que ocupaba dicho puesto durante la administración del gobernador Alejandro García Padilla.  Claro está, se ha brindado una justificación para su aumento de sueldo considerando el hecho de que ocupa no solamente la Secretaría de Asuntos Públicos pero también la Secretaría de Política Pública.  Nos preguntamos cuál es la diferencia entre ambas secretarías y el aumento en alcance de funciones ante las mismas.  El nombre de ambos cargos parece más un juego de palabras con el asunto y la política y ciertamente ni siquiera alcanza el nivel de chiste porque no causa risa.

Por otro lado, la Subsecretaria de la Gobernación, Itza García,  devenga un salario de $11,000.00 mensuales, el Administrador de la Oficina del Gobernador, Juan Carlos Hernández González un salario mensual de $9,000.00 y  la Secretaria de Prensa del Gobernador, Jennifer Álvarez $8,200.00  mensuales.  Multiplique esas partidas por 12 y verá como todos se echan al bolsillo más de $100,000.00 al año,  y pregúntese cuántos puertorriqueños se ganan esa cantidad en un año y cuánto una persona que devenga salarios a esos niveles puede sufrir y sentir dolor día tras día en su hogar en el Puerto Rico de hoy.  Peor aún,   todos ellos devengan un salario mayor al del Gobernador de Puerto Rico que apenas  gana $70,000.00 al año lo que equivale a la suma mensual de $5,833.33.  El pobre.

Si se  hiciese una investigación tanto a nivel de la legislación vigente en Puerto Rico como de la reglamentación aplicable a todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, no existe explicación legítima  alguna en torno a por qué dichos asesores tienen unos salarios por sumas exorbitantemente mayores al del gobernador,  incluso en dos de esos casos dos veces más de lo que devenga el primer ejecutivo.  De paso, y sin tener que ir mucho más atrás en nuestra historia, lo mismo ocurría con los asesores del ex gobernador Alejandro García Padilla, aunque ganaban un poco menos que los de Rosselló.  Claro,  siempre se habla de la necesidad de reclutar el mejor talento posible para servirle al pueblo de Puerto Rico, ante lo cual hay que pagar salarios equiparables a los que alegadamente se pagan en la  empresa privada para lograr que dichos ciudadanos accedan a trabajar por nuestro pueblo, por supuesto, sin sacrificio económico alguno.  Considerando que en el sector privado no existen asistentes de presidentes de corporaciones que ganen más que los propios presidentes, eso no hace mucho sentido.  Menos sentido hace si tomamos nota del hecho de que el presidente de los Estados Unidos cuenta con un salario anual desde el año 2001 de $400,000.00,  además de una cuenta de gastos de $50,000.00, una cuenta de gastos de viaje de $100,000.00, y otra de entretenimiento de $19,000.00 y que su vicepresidente cuenta con un salario anual de $230,700.00  al año.  A esa falta de sentido tenemos que añadir el hecho de que ningún miembro del  gabinete o asesor de la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica,  gana más que el presidente o que el vicepresidente de ese país.  Por qué el gobierno de Puerto Rico es distinto parece inexplicable y más aún si consideramos el hecho de que el Gobernador,  de conformidad con el artículo 48 del Código Político de Puerto Rico,  tiene entre otros deberes,  la obligación de ejecutar fielmente las leyes de Puerto Rico, de velar por la conducta oficial de todos los funcionarios ejecutivos y administrativos, de cuidar de que se llenen todos los cargos y se cumplan las obligaciones de los mismos, de hacer los nombramientos y cubrir las vacantes según provisto por ley,  y tiene que ejercer todas las facultades y obligaciones provistas por nuestra Constitución y por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y de Puerto Rico.  Por eso se le conoce como el primer ejecutivo y ninguno de sus asesores cuenta sobre sus hombros con esos  deberes

Y que no se nos olviden los salarios de la Secretaria de Educación Julia Keleher y del Sr.  Héctor Pesquera quien tiene a su cargo el nuevo embeleco burocrático creado por el nuevo gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública.  La Sra.  Keleher por los primeros seis meses del año 2017 devengó un salario por virtud de un contrato que se le ofreció de $125,000.00,  que al año representa $250,000.00.  Pesquera devengará la suma de $265,000.00 al año por el nuevo cargo creado.  Tomen nota del hecho de que los miembros del gabinete del Presidente de los Estados Unidos devengan  un salario de $199,700.00 al año.  El pasado jefe de la policía federal, el Negociado de Investigaciones Federales, conocido aquí por sus siglas en inglés FBI, el Sr. James Comey, con un resumé mucho más pesado que el de Pesquera, contaba con un salario anual de $185,000.00.  La Secretaria de Educación de los Estados Unidos cuenta entonces con un salario anual de  $199,700.00. ¿Existe alguna razón para justificar no solamente la contratación de Keleher y de Pesquera, que al momento de sus nombramientos residían fuera de Puerto Rico para trabajar en nuestro gobierno y por las sumas conferidas?  ¿Son sus responsabilidades mayores en comparación a la de los funcionarios federales que ocupan los mismos puestos a ese nivel  para justificar el diferencial en el pago? ¿No había en Puerto Rico personas capacitadas para ocupar esas posiciones a base de unos  salarios razonables según los establecidos por ley para los miembros del gabinete del Gobernador Rosselló?  Y por supuesto,  con esos sueldos pregúntese cuánto  pueden sufrir y sentir dolor día tras día en sus hogares Pesquera y Keleher.  Pregúntese además, ante el sacrificio y dolor por el que nuestro pueblo ha estado pasando desde hace más de diez años, y el dolor que viene según lo que nos advierte la Juez Laura Taylor Swain, hasta donde llega  la empatía hacia los puertorriqueños y el sentido de solidaridad y patriotismo de Keleher, Pesquera y el de  los demás secretarios y asesores del Gobernador, ante lo que echan en sus  bolsillos todos los meses.

Para determinar la razonabilidad de los sueldos en las agencias del gobierno y dentro del marco de un sistema de mérito, se hacen unos estudios y se preparan unos informes de clasificación y retribución.  A base de los mismos se establecen los deberes y responsabilidades de los servidores públicos y las escalas de salarios correspondientes a los mismos a base de la experiencia y el mérito. Pregúntese si ese ejercicio se hace cuatrienio tras cuatrienio para determinar los deberes y responsabilidades de los asesores y secretarios del gobernador y para determinar la justa compensación para cada uno de ellos dentro de la realidad de una sana y transparente administración pública.

Al comienzo de esta nueva administración se hizo un llamado a que tenemos que enfrentarnos a unos nuevos tiempos de sacrificios.  A la fecha de hoy ya se están quedando sin empleo trabajadores transitorios.  Se dice que ellos no están siendo despedidos ya que lo que ocurre  es que  sus contratos no serán renovados.  Esa manera de caracterizar las cesantías de empleo y las pérdidas de sus  ingresos choca con la realidad de que esos trabajadores han estado sirviendo al pueblo de Puerto Rico desde sus posiciones por muchos años bajo la caracterización de sus trabajos como empleos transitorios.  Además, para ese trabajador la terminación de un contrato es tan despido como si perdiera el trabajo de un empleo por tiempo indeterminado.   Mientras tanto en una serie de municipios se han reducido las jornadas de trabajo, se están cesanteando también empleados y ya confrontamos una crisis de salud y ambiental ante las dificultades que varios municipios enfrentan de no contar con suficientes fondos para poder recoger la basura.  Se reducen y se eliminan  beneficios y derechos laborales, y se hacen prácticamente inoperantes los convenios colectivos abriendo el camino para el arbitrio y los caprichos políticos y gerenciales en las agencias del gobierno.    Se recorta y se reduce el presupuesto del gobierno pero no los ingresos de la elite de poder.  Además, los sacrificios sobre la ciudadanía continúan como por ejemplo a través del aumento en las multas de tránsito   de conformidad con la ley 24  del día 29  de abril  de 2017.  Por virtud de la misma  se duplicaron  las penas  de las  violaciones a la Ley de Tránsito, y no con el propósito de persuadir a la ciudadanía a cumplir con la ley.  Si leen la Exposición de Motivos de la misma verán  que  el propósito  de la Ley es el de  hacer llegar más fondos al gobierno de Puerto Rico.  Con ello violan el principio en el campo penal de que las penas por las violaciones a las leyes tienen el propósito de disuadir al ciudadano ante la tentación de violar las leyes y de rehabilitarle.  En este caso la intención de la legislatura sin paños tibios ha sido la de meterle las manos en el bolsillo a la ciudadanía.

Y hablando de dolor, por otro lado tenemos que tomar nota de la conducta indiscriminada que ocurre en la Isla a nivel social, y también económico, político y cultural y que se conoce por el anglicismo  bullying.  Esa es la conducta a través de la cual una o más personas hacen uso del maltrato físico, verbal o sicológico   para acosar y ejercer poder, control o presión sobre otras personas  para provocar una conducta a favor del atacante  o para intimidar a las víctimas.  Puede ser uno de los más serios ataques a la dignidad de una persona y puede incluso ocurrir a través de medios electrónicos.  Dicho concepto se ha utilizado comúnmente en el contexto del maltrato que se provoca a los estudiantes a nivel escolar, pero es una conducta que también podemos identificar en los lugares de trabajo, en las familias, en las comunidades y a nivel social, político, económico  y cultural.  Es una conducta contra la cual apenas se trabaja a través de los sistemas de educación y también a través de los medios de comunicación.  Recientemente, el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, quien acostumbra mostrar una personalidad fuerte, poderosa,  viril y de autoridad a través de los medios de comunicación, en una entrevista en la que se hablaba de la Junta de Control Fiscal y de algunos de sus miembros,  se refirió  en dos ocasiones a uno de los miembros de la Junta, la Sra.  Ana Matosantos,  como el señor Matosantos.  Al haberse referido a ella en dos ocasiones como un hombre, ciertamente no fue un error ni una casualidad.  Lo hizo a sabiendas y con el propósito deliberado de ofenderle públicamente.  Nadie tiene derecho de mofarse de otras personas ni de juzgarle por su apariencia, forma de vestir o estilo de vida.  Menos derecho tiene una persona que cuenta con estudios, que es abogado, que fue fiscal y que ocupa una posición de poder en el gobierno.  Además,   para ocupar dicha posición en el gobierno, la de senador y Presidente del Senado,  juró mantener y defender la Constitución de Puerto Rico que dispone en la sección 1 de su Carta de Derechos,  que la dignidad del ser humano es inviolable y todos somos iguales ante la Ley y que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.  De otra forma hizo uso también del poder y del bullying para colgar el nombramiento de la Procuradora de la Mujer Ileana Aymat Ríos, sin dar explicaciones advirtiendo al Gobernador Rosselló que si la renominaba lo habría de hacer de nuevo.  Ni ante las manifestaciones contra Matosantos ni ante la oposición a la  Sra.  Aymat, Rosselló ni otros líderes de su partido se han enfrentado al Presidente del Senado.  De hecho, ya de ese nombramiento el Gobernador se olvidó. Tristemente, ningún miembro de la JCF le ha hecho señalamiento alguno a Rivera Schatz por el trato a Matosantos. El bullying le ha dado resultados o es que a quienes les corresponde velar por el respeto, les falta carácter.

Pero el  bullying es ya tradición a nivel de quienes están en el poder, y esto aplica tanto a los gobernantes del pasado como a los de ahora.  La victoria en la elección, aún cuando haya sido con apenas el 42% de los votos, es una patente de corso para ignorar a quienes no les favorecieron al momento de adoptar legislación, reglas o de ejecutar proyectos gubernamentales.  La Casa de las Leyes ha sido uno de los mejores ejemplos en estos tiempos en los que se aprueban proyectos de ley a toda prisa, sin participación abierta y  pública en las vistas que se supone que se lleven a cabo, como hicieron en el mes de enero y febrero pasado.  Las imposiciones que critican de parte de la JCF, como parte de una legislación y unas acciones que tildan de antidemocráticas, imperiales o coloniales, no reconocen del mismo modo ante las que llevan a cabo desde el poder político que alegan tener, obviando el hecho de que a pesar de contar con una mayoría parlamentaria, ante la opinión pública y el electorado son mucho menos de la mitad.

Está por verse por cuánto tiempo más nuestro pueblo habrá de tolerar ese bullying político, social y cultural, y sobre todo el bullying económico a través del cual el peso del dolor y de los sacrificios cae sobre los hombros de los hombres y mujeres de a pie y no sobre los que tienen a su cargo el control de la fiambrera gubernamental.

Por: Roberto Maldonado Nieves

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