Por: Luis Gallardo

La recomendación de la Junta de Control Fiscal de salir de los programas de asistencia social representó una bomba para los analistas y medios de comunicación de nuestro país. Su conversión a una serie de créditos contributivos tiene el fin de estimular el trabajo, tal como indicó el recién informe de la Junta. Aunque no lo dijeron en estas palabras, para la Junta los puertorriqueños somos un chorro de mantenidos y tenemos que ponernos a trabajar. Sin embargo, recibir asistencia social no es el único “mantengo”. Hay también industrias, corporaciones e individuos recipientes del mantengo corporativo en forma de subsidios, incentivos y transferencias directas.

El gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, asignó la cantidad de $17 millones con el voto afirmativo de los dos partidos principales para subsidiar la construcción de un mall privado en Guaynabo. Además, el Municipio de Guaynabo está proveyendo 63 cuerdas de terreno y otros $700 mil para el proyecto. El proyecto es impulsado por desarrolladores provenientes de una de las diez familias más ricas de Venezuela. Entre sus incorporadores locales hay donantes de ambos partidos políticos.

Para Walmart, el que tanto se quejó por los impuestos que buscaron imponer el cuatrienio pasado, se aprobó en el 2010 un subsidio de $3.3 millones del Departamento de Trabajo. También recibieron una exención del 75% de impuestos locales de su tienda de Barceloneta, junto a $421,442 en subsidios para salarios, 5 años de exención en patentes y 10 años de exención del CRIM para la tienda de Santurce. Esto es mientras la compañía debía $857,000 en impuestos sobre la contribución y casi $1 millón en IVU. Irónicamente, Walmart en el pasado ha promovido que sus empleados soliciten ayuda social, otra práctica que indirectamente subsidia sus operaciones.

Las corporaciones foráneas pagan aquí solamente un miserable 4% de impuestos, en comparación con el 35% nivel federal. También están los bonistas con su triple exención contributiva, en particular los que compran sus bonos a una fracción del precio esperando cobrar la totalidad. Y también están los desarrolladores, donde los bancos gubernamentales financiaban sus proyectos y garantizaban sus préstamos a un interés favorable. Uno de estos proyectos, el Trump International Gold Club, quedó debiendo al momento de su quiebra $32 millones al BGF.

Hay también municipios donde sacan a la gente de sus casas para luego pasar los terrenos a entidades privadas para proyectos de lujo. Expropian las casas a bajo precio para entregárselas a desarrolladores quienes en turno venden a precios especulativos. Uno de estos proyectos, Ciudadela, fue construido sobre las ruinas de una comunidad eliminada en su totalidad por el gobierno. Su desarrollador se fue a la quiebra por el fracaso económico de la iniciativa que se mantuvo, en gran parte, vacante por años. Hoy, el gobierno concede aún más incentivos a los nuevos dueños para que sea vendible el proyecto. Todavía hay algunos afilando sus dientes para aprobar proyectos de ley para seguir desplazando comunidades.


También está la Ley 22, medida que faculta a extranjeros millonarios para hacer negocio en Puerto Rico sin pagar impuestos. El New York Times se refiere a este grupo como “los millonarios por debajo del radar” y un profesional de finanzas describió a Forbes los suministros de los extranjeros en el código de impuestos como “El Twilight Zone”. Reuters reporta que la isla se ha “beneficiado poco” al refugiar el ingreso de los inversionistas extranjeros. Esta gente también mantienen sus influencias políticas, con acceso al alto liderato de la clase política, estatus preferencial en las agencias y pala gracias a sus generosos donativos políticos.


Aún con un trabajo a tiempo completo, la gente vive en la pobreza. Un estudio del año pasado reveló que el 58% de los niños en Puerto Rico vive en la extrema pobreza y los padres de casi la mitad de ellos contaban con empleo. La posibilidad de bajar el salario mínimo a $4.50 para la población joven empeora cualquier posibilidad que tienen para salir del ciclo de la pobreza. Inundar el mercado ya saturado con recipientes de ayuda social – tal como propone la Junta – funcionaria solo para bajar los salarios de los demás, intensificar la desigualdad y concentrar aún más el capital. Mientras tanto, siguen intocables los recipientes del mantengo corporativo.

Y aunque hay muchos en las redes sociales celebrando sobre el posible fin del “mantengo”, dicho discurso solo sirve para dividir aún más a las clases desaventajadas. El problema no es la madre soltera que recibe cupones para tener qué comer, y tampoco la familia de bajos ingresos de sección 8 que le hacía falta un techo seguro. El problema se encuentra en el mantengo corporativo que opera a veces sin que la gente se de cuenta, detrás de puertas cerradas y con total impunidad. Aunque sí es cierto que hay que reformar dichos programas para maximizar su efectividad, hay un problema más grande que llega a la fibra de lo que es la injusticia en Puerto Rico. Los cañones deben estar dirigidos hacia los que viven de la quiebra y el saqueo; no hacia la gente pobre que recibe ayuda social.

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