Los fondos legislativos se han convertido en el dolor de cabeza de las organizaciones sin fines de lucro este año fiscal. La partida se vio amenazada en momentos en que el gobernador Alejandro García Padilla buscaba maneras de cuadrar el presupuesto general en medio de la crisis económica que vive el país, pero finalmente aumentó de $20 a $21 millones.

Ahora bien, no fue hasta el 19 de septiembre que el Gobernador firmó la Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario que adjudica a organizaciones sin fines de lucro esos $21 millones viabilizados mediante los llamados “donativos legislativos”.

Según explicó Ana Vidal Cerra, directora ejecutiva de la Oficina de Donativos Legislativos, el Gobernador enmendó la Ley 253-1995, conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, de modo que fuera posible permitir la declaración de un dividendo extraordinario que  será destinado a crear el Fondo Legislativo para Impacto Comunitario para el año fiscal 2015-2016.

Tras la firma de García Padilla, los miembros de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC) deberán reunirse para emitir los dividendos y acordar la distribución entre las aseguradoras. La ley dispone que un 50% se asignará para iniciativas gubernamentales, mayormente para la creación del Fondo Legislativo para Impacto Comunitario.

En la ley consta que “el pago de la contribución especial y única de cincuenta (50) por ciento del dividendo así declarado, deberá llevarse a cabo en o antes de transcurridos cuarenta y cinco (45) días siguientes a la aprobación de esta Ley”.

Vidal explica que la ASC cuenta con un periodo de 45 días para transferir los $21 millones a la cuenta de la Comisión en el Banco Gubernamental de Fomento.

Aunque en teoría los donativos legislativos deben ser efectivos a partir del 1 de julio- fecha en que comienza el año fiscal-, usualmente las organizaciones suelen recibir la carta que les notifica la partida aprobada, firman contrato para recibir los fondos y les llega parte o, a veces, la totalidad del pago, entre los meses de septiembre y octubre.

Por la dilatación que provocó la búsqueda de fondos para mantener los donativos, y la consecuente firma del Gobernador, al cierre de esta edición muchas organizaciones desconocen cuánto dinero proveniente del fondo de donativos legislativos recibirán y cuándo les llegará.

“Hasta dónde podremos estirar la sábana…”

Este año la incertidumbre ha sido gigantesca, indica Cora Arce Rivera, directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down. “Que no supiéramos nada en julio no era tan preocupante, pero ya en agosto era mucho tiempo porque no teníamos certeza de que recibiríamos los fondos ni cuándo “.

En el caso de la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down, casi todo el servicio directo que ofrecen a sus participantes en el centro situado en Cupey proviene de estos fondos. “De ahí pagamos las maestras de educación especial que se encargan de la lecto-escritura y de las tutorías, las del movimiento de Vida Independiente y las terapistas del área física, ocupacional y del habla”, expone la directora.

Al no contar con el dinero, para ofrecer los servicios, echan mano de “la cuenta general de nosotros que está bien flaquita”, advierte Arce.

“Por lo general, de esa cuenta general pagamos agua, luz, la hipoteca, los seguros y los administrativos, así que disminuye el cash flow al usarlo para pagar los servicios”.

Esa cuenta general se nutre de los donativos privados y la recaudación de fondos “pero ninguno de ellos son gigantescos”. “Ahora la preocupación es cuánto nos llegará y cuándo nos llegará. Son las preguntas mágicas e importantes. A nosotros gracias a Dios no nos cambiaron lo que recibimos, lo que es una bendición y un alivio inmenso”, indica Arce quién ya recibió notificación de la cantidad que recibirá.

Pero como el dinero no está en mano, Arce afirma que evalúan “hasta dónde podremos estirar la sábana y haremos lo que tengamos que hacer para que los servicios no se afecten”. “Ya vamos arrastrando tres meses de gastos”, lamentó.

“Si no llega el dinero pues seguiremos dando el servicio hasta donde humana y administrativamente sea posible. Siempre hacemos de tripas corazones y, en pocas ocasiones, ha pasado esta situación y nos hemos visto en la necesidad de cesantear personas y es difícil porque tienen familia”.

Para Arce es de suma importancia que se altere “el paradigma actual” y se entienda el rol de las organizaciones sin fines de lucro como “proveedoras de servicio”.

“Sabemos que hay una crisis económica, no es que estamos viviendo en Disney, pero sabemos que si no existimos, los males van a ser multiplicados por cien y todo será más oneroso para el Gobierno”, vaticinó Arce.

“Nosotros siempre hemos tenido que tener líneas de crédito porque el Gobierno no paga como es y eso nos cuesta. Este año ha sido fuera de lo regular”, explica, de otra parte, Mayra López Carrero, fundadora del Proyecto Nacer que desde su sede en Bayamón se encarga de redirigir la vida de adolescentes desertores escolares que se han convertido en padres.

Además de la línea de crédito, sobreviven “siendo bien comedidos con lo que vamos a gastar”. “No se puede abrir la pluma hasta que no sepamos cuánto es lo aprobado y cuándo nos van a pagar”, dice López.

Como proveedores de servicios a padres adolescentes, cuentan con partidas contempladas en el presupuesto. Un ejemplo sencillo es la transportación de los participantes al centro. Una evaluación ligera podría recomendar que se eliminen esos gastos.

“Pero el subsidio de transportación es esencial para que esos muchachos vengan aquí y continúen con su educación. Aquí vienen mamá, papá y bebé y las guaguas ‘pisicorre’ no les permiten montarse con los coches. Hay servicios que obligatoriamente tienes que ofrecerlos y ése es uno”, describe López.

La directora insiste en que se enfatice en la “importancia de esos fondos”. “Son de alta prioridad para la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro porque te permiten aumentar o retener el número de participantes que atiendes. Nosotros le damos seguimiento a esos padres hasta que terminan sus estudios en la universidad para que en el futuro no sean dependientes del Gobierno”.

López dice que las sin fines de lucro sobreviven porque se han preparado para ser lo más eficientes posible para llenar el espacio que crean las deficiencias en servicio del Gobierno. “La responsabilidad es mayor porque tenemos que hacer el trabajo a la misma vez que buscamos alternativas para encontrar fondos. Pero Dios es bueno y nos va ayudando”.

El Fantasma del Cierre 

Ser incapaz de cumplir con los compromisos económicos, no ver salida y, como resultado, cerrar las puertas es una pesadilla que les ronda.

“No podemos vivir de una ilusión, porque cómo le pago a mis 21 empleados”, se cuestiona el Padre Pablo Osorio, líder del Politécnico Amigó, un centro de atención a 87 desertores escolares en San Juan “que necesitan cariño, amor y dirección”.

La situación es crítica para la organización sin fines de lucro, ya que además de desconocer si recibirán fondos de los donativos legislativos y cuánto les fue adjudicado, también aguardan el pago de $120 mil que les adeuda una propuesta del gobierno federal.

“Cualquier cosa que te diga es inverosímil”, anticipa Padre Pablo, “nosotros siempre sabemos que al finalizar un contrato vamos a tener situaciones difíciles así que reducimos todos los gastos, todo lo básico; no pagamos ni luz ni agua y todo el personal nuestro queda fuera a partir del 30 de septiembre porque ellos tienen que tener la libertad de conseguir otros trabajos”.

Lleva un lustro formando un equipo “que dé rendimiento” y asegura que cuentan con “unos centavos ahorraos” para mantener el proyecto pero si a inicios de octubre no llega ni el dinero de la propuesta federal ni el de los donativos legislativos, “con dolor te digo que Politecnicó Amigó concluye sus labores en octubre”.

“Si llega el dinero del gobierno federal que no puedo dar por perdido jamás porque es sagrado para la continuación, podemos sobrevivir hasta que firmemos el contrato para recibir los donativos legislativos. Sigo esperando que el Gobierno encuentre soluciones”, cuenta esperanzado.

Padre Pablo confiesa halagado que muchos de sus  empleados le dicen que “por un lapso pueden trabajar sin cobrar “. “Pero eso no es justo”, dice, decidido a no permitirlo.

“Aquí tenemos muchachos especiales que necesitan amor, ahora mismo no sé qué va a pasar”, insistió preocupado el sacerdote.

Al igual que sus colegas, Socorro Rivera, de la Fondita de Jesús, también usa líneas de crédito para que su organización continúe operando al día mientras arriban fondos estatales y federales.

“Nosotros llevamos dos o tres años preparándonos, estudiando el panorama local y federal porque recibimos fondos federales también. Hemos hecho ajustes en el área de personal y de operaciones sin impactar el área programática. ¿De dónde más?”, se cuestiona Rivera quien explica que el servicio especializado que ofrecen, por ejemplo, trabajadores sociales, no puede descartarse y agradece la ayuda de voluntarios.

Han logrado diversificarse y aunque no dependen en su totalidad de los fondos estatales, estos son esenciales para mantener el servicio y para parear los fondos federales.

Algunos fondos provenientes de propuestas federales requieren que se muestre evidencia de que consigues una cantidad, a veces equivalente, de la cantidad que solicitas y que provendrá de otras fuentes como serían la empresa privada o el gobierno estatal.

“Ahí se pone crítica la cosa para nosotros y para otras organizaciones sin fines de lucro y el Gobierno no analiza ese impacto”, advierte Rivera, “como no nos han indicado oficialmente cuánto dinero nos darán, no puedo decirle al gobierno federal ‘mira, tengo X cantidad para parear'”.

*Este artículo fue publicado originalmente por OENEGÉ, de la Fundación Ángel Ramos. 

Sobre Tatiana Pérez Rivera

Periodista y escritora. Colabora con la revista Oenegé de la Fundación Ángel Ramos. Formada en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, cuenta con más de veinte años de exper