El asesinato de dos mujeres transgénero en Humacao a finales de abril reabrió el debate de la imposición de la pena de muerte en Puerto Rico, tras revelarse que el caso está en proceso de certificarse bajo los criterios para aplicar dicho castigo.

Juan Carlos Pagán Bonilla, de 21 años, confesó haber participado de los hechos junto a Sean Díaz de León de 19 años. Ambos enfrentan cargos por el asesinato de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez. Fiscalía federal asumió jurisdicción en el caso, el cual sometieron bajo la clasificación de crimen de odio. El hecho de que las víctimas formaran parte de la comunidad trangénero integra complejidades al debate, debido a la falta de una estructura legal que reconozca las identidades de esta población.

“Los grupos trans han tenido tradicionalmente una cualificación social cuesta arriba, incluyendo lo referente a la justicia, porque no se les reconocen derechos y se les ve como personas de menos valía, cuando en realidad no tiene que ser así.  Son personas como cualquier otra, que tienen su opción de como llevar su vida”, señaló el sociólogo y criminólogo Víctor Iván García Toro.

El también ex catedrático añadió que el hecho de que las víctimas eran personas transgénero abre la puerta para que grupos y personas que favorecen la pena de muerte utilicen el caso como ficha y logren la aplicación de este castigo en la isla. Diversas organizaciones de la comunidad LGBTTQI+ realizaron expresiones rechazando el empleo de la pena capital. Activistas y colectivos de esta comunidad son a su vez integrantes de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.

La posible aplicación de la pena de muerte en este caso supone otro intento del Departamento de Justicia Federal para aplicar dicho castigo, tras décadas de intentos infructuosos en Puerto Rico. Este tema ha sido un campo de batalla político e ideológico debido al contexto colonial de la isla.

La última ejecución realizada en Puerto Rico fue en 1927 y para 1929 el gobierno local ilegalizó la pena de muerte. Esto alcanzó rango constitucional mediante la aprobación de la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). Para el año 2000, el Tribunal de Circuito de Boston determinó que la pena de muerte era aplicable en Puerto Rico, luego de revocar una determinación del juez Salvador Casellas que indicaba lo contrario.

Desde entonces han sido varios los intentos de conseguir veredictos a favor de la pena de muerte en la isla. El último caso en Puerto Rico que incluyó el proceso de pena de muerte fue el de Xavier Jiménez Benceví, quien resultó convicto por el asesinato de una agente encubierta, por lo que fue condenado a cadena perpetua.

Previo a este caso, uno de los más controversiales lo fue el de Alexis Candelario Santana, convicto por la llamada Masacre de la Tómbola, en Toa Baja. Fiscalía federal estuvo cerca de conseguir un veredicto a favor de la pena de muerte, lo cual se desvaneció luego que una integrante del jurado votara en contra de la aplicación de dicha condena. En el contexto de este caso, la ex jefa de fiscales federales en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, favorecía abiertamente en los medios de comunicación la aplicación de la pena de muerte para Candelario Santana.

“Rosa Emilia decía que era el caso adecuado…Había expresiones de Rosa Emilia Rodríguez, consistentes, en que iban a lograr una sentencia de pena de muerte. Había una competencia no dicha entre los fiscales de la Corte de Distrito de Puerto Rico de que iban a obtener una sentencia de pena de muerte. Para los fiscales federales eso era un trofeo”, expresó la Lcda. Mariana Nogales Molinelli, integrante de la Comisión de Pena de Muerte del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

El proceso para solicitar la pena de muerte solía ser potestad de fiscalía, lo cual cambió hace unos años atrás. Dicha decisión ya no corresponde a organismos locales, sino que se toma desde entes centrales del Departamento de Justicia federal.

“Cercano a 2013 hubo unas directrices en las que se le quita la discreción al tribunal federal y una vez un caso cumple con los criterios para pena de muerte, obligatoriamente la fiscalía federal tiene que consultarlo con el organismo federal que certifica los casos de pena de muerte. Esa certificación se hace en Washington D. C., no en Puerto Rico”, señaló Nogales Molinelli.

Expertos en el tema señalan que la búsqueda de esta condena resulta dolorosa no solo para la parte convicta, sino también para las víctimas y sus familiares ya que extiende el proceso de duelo. En la práctica, el mecanismo procesal para determinar una sentencia de pena de muerte corre como un juicio aparte del proceso de deliberación de culpabilidad.

El concepto de justicia es central en esta discusión. El caso de este doble asesinato integra elementos sociológicos y políticos que ponen a chocar diversas interpretaciones de lo que se entiende por justicia. Según García Toro, la situación colonial de Puerto Rico legitima el mito de superioridad de las leyes federales. Esto se traduce en ocasiones a un apoyo a la pena de muerte como manera de hacer justicia.

“Muchos pensarían que hacer justicia sería que maten a las personas que cometieron los asesinatos. Ahí hay una línea entre los conceptos de justicia y venganza. No se supone que la justicia sea venganza, sino que impere la ley. La ley en nuestro contexto constitucional en Puerto Rico es que la persona que cometa un crimen, sea contra grupos transgénero o cualquier otro grupo, sea traída a la justicia y hacer justicia es que se le aplique, de manera adecuada, la ley correspondiente al país nuestro”, expresó García Toro.

El sociólogo añadió que la pena de muerte opera bajo antiguas concepciones hebreo-judeocristianas de justicia que, según indicó, han quedado atrás entre los países desarrollados y las disciplinas académicas relacionadas a la criminología y la sociología.

Actualmente el 70% de los países alrededor del mundo han abolido la pena de muerte. Estados Unidos cuenta con 28 estados donde la pena de muerte es legal. Al momento se espera si en efecto, los acusados por el asesinato de Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez enfrentarán juicio por pena de muerte de ser declarados culpables.

Sobre Mikael Rosa Rosa

Mikael E. Rosa Rosa realizó un bachillerato en ciencia política con una segunda concentración en periodismo. Posteriormente completó una maestría en trabajo social comunitario, ambos grados los