El pueblo de Puerto Rico ya sufre bajo una de las tarifas más altas de electricidad en el mundo. Pero la Junta de Supervisión Fiscal pretende que la deuda odiosa de más de $13 mil millones de la AEE la paguemos los abonados del servicio eléctrico a través de alzas en el precio de la electricidad por los próximos 50 años, y a través de recortes a las pensiones de los empleados. No solo pretenden que la deuda la paguemos nosotros, sino que ¡nuestros hijos y nietos también!

En VAMOS, nos unimos al reclamo: ¡NO MÁS AUMENTOS! VAMOS se una como firmante en la carta que una concertación multisectorial le ha enviado a el Presidente de la Junta, David Skeel, oponiéndonos a nuevos aumentos a la luz, y solicitando que se reduzca más el pago a los bonistas contenido en el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE.

Únete tu también. Escríbele directamente tu también a la Junta de Control Fiscal y dile No más Aumentos a la Luz. Sólo tienes que entrar a nomasaumentos.dejatesentir.com, llenar el formulario, y enviar un email.

También, lee la declaración y firma la petición “Luz pa’l Pueblo: No al Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE.”

Carta abierta a David Skeel, Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal

David Skeel

Presidente

Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF)

Re: Carta Abierta a la Junta de Supervisión Fiscal sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE

Les escribimos como representantes de diversos sectores de la sociedad puertorriqueña junto a personas expertas en temas legales, energéticos y financieros quienes hemos llegado a la misma conclusión: Puerto Rico no puede costear las tarifas de luz propuestas en el plan actual para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). El plan debe retirarse o enmendarse para recortar sustancialmente el pago propuesto a la deuda, el cual es insostenible para el pueblo de Puerto Rico.

Hace casi seis años, el huracán Maria golpeó y destruyó un sistema eléctrico ya maltrecho, dejando a los residentes en la oscuridad durante meses y a miles de familias en desesperación y luto.

Hoy el sistema eléctrico sigue siendo poco confiable, los apagones y fluctuaciones de voltaje son frecuentes. Las interrupciones de servicio, se pueden extender por horas, inclusive por días o semanas. El 95% de la generación depende de combustibles fósiles importados a un costo alto, a pesar del consenso que existe y la política pública aprobada sobre la necesidad de agilizar la transición hacia fuentes de energía renovable para reducir los costos.

Hace cinco años, la JSAF propuso como meta alcanzar una tarifa por debajo de 20 centavos por kilovatio-hora en el 2023 para mejorar la débil economía de la isla. Sin embargo, la tarifa promedio en el último año ha sido por encima de 28 centavos, más del doble del promedio en los EE. UU., aun cuando la mediana de ingresos en la isla es menos de la mitad de los estados más pobres. Para escapar de una red eléctrica deficiente y costosa, los clientes que no abandonan el país están haciendo la transición hacia la energía solar distribuida a un ritmo mucho más rápido de lo que se anticipaba. Aún sin ajuste de tarifa es claro que el sistema eléctrico no es económicamente viable para Puerto Rico.

La AEE, además, está en quiebra, con más de $9 mil millones en deuda impagable que supera el valor de sus activos. El plan para reestructurar dicha deuda propone extraer más de $13 mil millones para pagar a los acreedores heredados, imponiendo tres nuevos cargos en la tarifa por los próximos 35 años o más. La combinación de los altos precios del combustible y el éxodo de clientes de la red podría tener el efecto de mantener la tarifa por encima de 30 centavos por kWh durante décadas, acelerando que más consumidores abandonen el país y la red.

Dicho plan se sitúa en uno de los peores momentos históricos de Puerto Rico: i) el sistema eléctrico no tiene los recursos suficientes para alcanzar estándares básicos de confiabilidad; ii) el plan de pensiones de la AEE – que representa el ingreso mensual de más de 10,000 empleados jubilados y sus familias – se quedará sin fondos en julio; y iii) la propia JSAF proyecta, en el más reciente plan fiscal, que la economía de Puerto Rico entrará nuevamente en un periodo prolongado de contracción empezando en 2027 o 2028.

Imponer un cargo impagable como el propuesto afectaría severamente nuestra economía y conduciría a una futura quiebra del sistema eléctrico. El alto costo actual de la electricidad, en combinación con la inestabilidad del servicio impacta a todos los sectores de la sociedad puertorriqueña.  El plan, según propuesto, empeoraría un servicio y sistema que ya son defectuosos, además de provocar el cierre de negocios, despidos, y migración, arriesgando aún más la recuperación económica de la isla.

Cualquier plan futuro para reestructurar la deuda de la AEE debe, como mínimo: priorizar y garantizar los recursos capitales y operacionales para que Puerto Rico logre un sistema eléctrico estable, confiable y resiliente que cumpla con la Ley 17-2019, incluyendo la transición rápida fuera de los combustibles fósiles y la participación ciudadana en dicha transformación;  el uso eficiente de los fondos federales disponibles; y una reducción en el nivel de deuda suficiente para alcanzar tarifas asequibles y competitivas por debajo de 20 centavos por kWh, algo que el Plan Fiscal actual impide.

El plan para reestructurar la deuda, según propuesto, tendrá el efecto opuesto. Prácticamente, asegura que Puerto Rico se mantendrá atado a un sistema eléctrico costoso y disfuncional. El sistema eléctrico en Puerto Rico requiere un nuevo comienzo.  Puerto Rico lo necesita.

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