Por VAMOS

Mucho se ha estado hablando en torno a si los eventos ocurridos en nuestro país durante este Verano del 2019 trataron de una crisis constitucional, o meramente de una crisis política; como si fueran asuntos desconectados. Múltiples voces aliadas al mantenimiento del status quo, encontraron espacios en los principales medios del país para plantar el discurso de que no se ha producido en Puerto Rico una crisis constitucional, debido a que con su determinación en el caso del Senado de Puerto Rico v. Pedro Pierluissi, el Tribunal Supremo restableció el orden constitucional.  Incluso la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo ocupó portada de uno de los principales diarios, con sus declaraciones sobre que el estado de derecho constitucional permanecía ileso.

Lo asombroso de tales argumentos es que pretenden que pongamos la mirada exclusivamente en los eventos relacionados a la sucesión de Ricardo Roselló como Gobernador de Puerto Rico, en ocasión de su renuncia al cargo; en abstracción de las circunstancias generales en que se produjo la misma.  Al respecto, y en primer lugar, tenemos que reconocer que dicha renuncia fue una forzada por un pueblo que tuvo que tirarse permanentemente a las calles para exigir la salida de Roselló y de su corrupta camarilla de amiguitos, sobre el control de la administración pública del país. Nuestro pueblo se vio obligado a tener que retar el orden existente y entrar en confrontación directa con el Estado, precisamente ante la ausencia de procedimientos legales reconocidos en la Constitución, que nos permitieran canalizar nuestro repudio al Gobernador. Así, determinamos expulsar a Roselló y la corruptela de su Boy’s Club, en circunstancias en que no contábamos con avenidas constitucionales para canalizar ese proceso dentro del estado de derecho existente, contrario a como sucede en aquellos países en que existe el mecanismo de peticionar para la celebración de referéndums revocatorios.

Y que no nos vengan a decir que lo que nos permitió derrocar al farsante fue el ejercicio protegido del derecho constitucional del pueblo a requerir la reparación de agravios; pues la realidad es que nunca hubo institucionalidad gubernamental alguna que plantara bandera en defensa de tal derecho cívico. Se trató de ejercicio popular en abierto reto a la institucionalidad gubernamental, que en todo momento pretendió criminalizar la protesta.  Recordemos cómo el aparato policiaco fue utilizado consistentemente para reprimir el derecho del pueblo a manifestarse, hasta el punto de arrogarse la facultad de decretar la suspensión de la Constitución a determinadas horas de la noche, para dar paso al lanzamiento de gases lacrimógenos y proceder a desbandar a l@s manifestantes congregad@s en las protestas frente a Fortaleza. Pregúntenles a l@s jóvenes golpead@s o las personas que inhalaron los gases lanzados a mansalva, si el Estado protegió su derecho a protestar.

Pero más allá de todo eso, lo más sorprendente de quienes hoy sostienen que ha prevalecido el “orden constitucional” en Puerto Rico, es que ocultan con sus argumentos el hecho fundamental de que la salida del Gobernador se dio en el contexto de un país literalmente en quiebra, que está siendo gobernado por una Junta de Control Fiscal nombrada por el Congreso de Estados Unidos al amparo de la ley federal PROMESA, sin ningún tipo de participación de parte de nuestro pueblo. ¡Qué mayor suspensión de nuestra Constititución que eso! Además, el nombramiento de ese gobierno extra-constitucional, tuvo apoyo en la determinación previa del Tribunal Supremo Federal en el caso de Sánchez Valle, el cual dio al traste con la alegada autonomía del ELA; al disponer que Puerto Rico siempre se ha tratado de un territorio sujeto a la autoridad plenipotenciaria del Congreso de EU. Y la aprobación de PROMESA, a su vez, tuvo como precedente el endeudamiento del Gobierno de Puerto Rico mediante emisiones de deuda que claramente sabemos (aunque el Gobierno se niegue a auditarlas) que se trataron de emisiones efectuadas en descarada violación de las limitaciones que contiene la Constitución del ELA para garantizar una sana administración pública. Por eso, quienes a estas alturas no se hayan percatado del claro resquebrajamiento del orden constitucional establecido en Puerto Rico en 1952; mal informador@s y analistas polític@s podrán ser para nuestra ciudadanía, si no es que se trata de embaucador@s al servicio del status quo.

De tal modo, a pesar de que en 1952 se aprobó una “Constitución del Pueblo de Puerto Rico” que supuestamente establecía poderes propios no sujetos al dominio colonial; hoy es claro que esa Constitución de 1952 nunca constituyó un acto soberano de nuestro pueblo, sino una charada para disfrazar ante el mundo la permanencia del colonialismo en Puerto Rico. También sabemos que a pesar de las expresas restricciones de esa Constitución sobre la emisión de deuda pública por el Gobierno de Puerto Rico, se violentaron descaradamente tales limitaciones constitucionales, ante la gula de nuestra corrupta clase política y de los grandes intereses financieros que igualmente se beneficiaron en perjuicio del pueblo. Igual tenemos claro, que si repudiamos a un Gobernador (a), tendremos que enfrentarnos al orden establecido para poder sacarle, y que, en tales casos, será el o la indigna quien decidirá, a su exclusiva y corrupta voluntad, quién será su sucesor(a), independientemente de lo que pida el pueblo.

Por todo ello, resulta claro que estamos viviendo una clara crisis general de gobernabilidad en nuestro país, constitucional y política, producto de la ausencia de una verdadera democracia fundamentada en la soberanía de nuestro pueblo. Pero no solo la Constitución y el sistema representativo de partidos está en crisis, sino que también lo está el sistema económico, educativo, policiaco, de administración de justicia, y de salud pública, entre otros. Igual vivimos una crisis en la protección de los derechos fundamentales de la mujer, de la niñez, ancianos y de la clase trabajadora, entre otros, a vivir una vida con dignidad; lo que se supone proteja el orden constitucional.

Ante esa crisis total de gobernabilidad, tenemos como pueblo que definir nuevas alternativas y diseños institucionales que propendan a un mejor sistema de disfrute, protección y reproducción de la vida en beneficio de las mayorías ciudadanas, y no de grupitos privilegiados; incluyendo la elaboración de una nueva Constitución para un país verdaderamente soberano, democrático y de justicia social. Recordemos que las constituciones deben de elaborarse en función de permitir establecer mecanismos que permitan alcanzar las legítimas aspiraciones de los pueblos, y no al contrario. Si para alcanzar sus legítimas aspiraciones de libertad y justicia, un pueblo requiere trascender las limitaciones que pasadas generaciones y circunstancias le hayan impuesto en el texto de una Constitución, ese pueblo tiene derecho a cambiarlas, dándose soberanamente a sí mismo un nuevo orden constitucional.

Tal es la coyuntura en que nos encontramos hoy en Puerto Rico. Necesitamos urgentemente comenzar a definir ese nuevo orden constitucional, político, social y económico, fundado en la soberanía del pueblo y el bien común, que nos permita salir del progresivo estado de crisis general en el que nos encontramos, para así comenzar a construir el nuevo Puerto Rico soberano, justo y democrático que VA a Ser. Nosotr@s en la concertación ciudadana VAMOS, estamos comprometid@s en continuar redoblando esfuerzos hacia esos objetivos. ¡VAMOS!

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