Por Rubén Colón Morales

La soberanía alimentaria se refiere a la facultad que tiene un pueblo para ejercer control sobre aquellas decisiones que le permitan asegurar su capacidad de procurarse alimentos mediante políticas que favorezcan el desarrollo de su propia agricultura de forma ecológicamente sostenible y que protejan el consumo de esa producción agrícola local en sus mercados domésticos, contra la invasión descontrolada de excedentes de peor calidad nutricional que el mercado internacional bombardea a precios, usualmente más baratos.  Más allá del aspecto de que exista disponibilidad de productos alimenticios en un país, el concepto de soberanía alimentaria reconoce el elemento de vulnerabilidad a mediano y largo plazo que implica el que una comunidad no sea capaz de producir su propia comida, teniendo que depender para la adquisición de sus productos alimentarios de su compra en mercados externos; con lo cual se crea una situación de dependencia vital por productos traídos de afuera, y los cuales generan principalmente beneficios a productores foráneos y las grandes compañías importadoras. De tal modo, el concepto de soberanía alimentaria ayuda a romper nudos de dependencia externa, mientras promueve el desarrollo de una economía autóctona donde el dinero de la gente se mantiene y recicla dentro del propio país.  Pero no solo ello, sino que la soberanía alimentaria también tiene repercusiones sobre la calidad de vida en general de los pueblos, al promover el consumo de productos más frescos y saludables, no sujetos a la cantidad de químicos y preservativos que caracterizan a la agricultura multinacional, una utilización más racional, eficiente y efectiva de la tierra, y la protección de la cultura gastronómica de ese pueblo frente a la sustitución de hábitos de consumo impuestos desde fuera. Igualmente ayuda a proteger el ambiente, pues incorpora como parte de la ecuación económica el daño ecológico que representa el gasto de combustible que implica el tener que estar transportando productos agrícolas por todo el planeta.

En el 2007 se celebró el Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria en Mali, auspiciado por organizaciones internacionales como La Vía Campesina y la Marcha Mundial de Mujeres, donde se emitió una Declaración que establece:

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.

Así, el concepto de soberanía alimentaria tiene que ver con la capacidad de un país de establecer políticas agrícolas y alimentarias que promuevan la producción local de productos saludables y adecuados al entorno y la cultura; la protección y el acceso de los pueblos a sus recursos de tierras agrícolas y agua; el fortalecimiento de los mercados internos y una mejor salud pública, entre otros.

En Puerto Rico tenemos que se importan alrededor de un 80% de los alimentos consumidos, los cuales con frecuencia se trata de productos poco frescos, de baja calidad y menor valor nutricional, generalmente de producción industrial. La falta de valor nutricional se refleja en la prevalencia de condiciones de salud, incluyendo el problema generalizado de obesidad y sobrepeso en la población de Puerto Rico que alcanza el 66.5%, según datos recopilados por el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo de Comportamiento del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para el año 2018. Tales productos, a muchos de los cuales les queda grande el nombre de “alimentos”, llegan fundamentalmente mediante transportación marítima, respecto de lo cual, el Huracán María nos dio una clara lección sobre la vulnerabilidad que significa el tener que depender casi totalmente de la importación de comida por nuestros puertos para poder sobrevivir; mientras en Puerto Rico se mantienen tierras agrícolas baldías.

Pero en vez de optar por remediar nuestra insensata dependencia de las importaciones para poder alimentarnos, todos los días vemos como la política pública del Gobierno se inclina hacia determinaciones que nos hacen cada vez más dependientes de las importaciones de productos foráneos y de las empresas navieras que controlan las importaciones.  En estos momentos estamos confrontando dos situaciones de cardinal importancia que hacen más acuciante nuestra necesidad de forzar que el asunto de la soberanía alimentaria se convierta en eje central de la discusión pública sobre cualquier proyecto futuro de desarrollo económico del país.  Nos referimos, por un lado, a los cambios propuestos al Plan de Uso de Terrenos que abren la posibilidad para la construcción sobre tierras agrícolas y de importantes recursos naturales y ecológicos relacionados. Y, del otro lado, la aceptación por parte del Gobierno, de la fusión entre las dos principales compañías navieras que controlan la inmensa mayoría de todos los embarques que entran por el puerto de San Juan.   De ese modo, mientras se sigue comprometiendo nuestra capacidad para la autosuficiencia alimentaria al desproteger tierras de carácter agrícola que deben de ser preservadas y habilitadas para ese uso; de otra parte, se permite que las compañías navieras generen poderes prácticamente monopolísticos que le permitirán subir los precios de casi todo lo que nuestra gente consuma.  Súmesele a ello, la imposición colonial de las leyes de cabotaje a Puerto Rico, y el resultado será crear las condiciones para una tormenta perfecta de vulnerabilidad alimentaria para nuestro pueblo.

Por eso, en VAMOS tenemos como uno de los principales principios programáticos de nuestra concertación ciudadana el tema de la soberanía alimentaria para combatir nuestra dependencia y  falta de seguridad alimentaria como pueblo, lo cual resulta indispensable para poder alcanzar ese otro Puerto Rico al que aspiramos.

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