1. Introducción:

Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. Para Carlos Marx, el “valor de la fuerza de trabajo constituye la base racional y declarada de los sindicatos, cuya importancia para la clase obrera no hay que subestimar. Los sindicatos tienen como fin impedir que el nivel de los salarios disminuya por debajo de la suma pagada tradicionalmente en las diversas ramas de la industria, y que el precio de la fuerza de trabajo caiga por debajo de su valor.”

Al describir en su escrito Los Sindicatos, la manera cómo el capitalista en su competencia normal con otros capitalistas, procura aumentar sus ganancias disminuyendo el precio de la fuerza de trabajo, Marx indica que en el caso de los obreros “no organizados” el mecanismo de ventaja que le da la unión para negociar con fuerza frente a sus patronos, se pierde. Por tal razón, señala que, “en las industrias donde los obreros no están organizados, los salarios tienden a bajar sin cesar y el número de horas de trabajo a aumentar. Este proceso es lento pero seguro.”

Marx analiza la importancia de las luchas de los trabajadores a través de sus sindicatos como luchas económicas donde el marco de las mismas se limita a que la clase obrera lucha sólo por “obtener una fracción de su propio producto”. Pero señala que en la medida en que esa lucha se convierte en una lucha de clases, su fin inmediato trasciende hacia otro fin, que es la conquista del poder político.

Como instancias de organización, los sindicatos proveen a los trabajadores la fuerza que la capacidad individual que cada uno no tendría frente al patrono a la hora de impulsar conquistas reivindicativas asociadas a mejores salarios y condiciones de empleo.

En Puerto Rico, el artículo 4 de la Ley Num. 130-1945 dispone específicamente lo siguiente:

“Los empleados tienen derecho, entre otros, a organizarse entre sí; a constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones obreras; negociar colectivamente a través de representantes por ellos seleccionados; y a dedicarse a actividades concertadas con el propósito de negociar colectivamente u otro fin de ayuda o protección mutua.”

Estos derechos que confiere la Ley se plasmaron, más adelante, bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Artículo II, Sección18, donde se dispone:

“A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras acciones concertadas legales…”

1. Una reflexión que no pierde vigencia

El 26 de agosto de 2001, en ocasión de celebrase la creación de la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical Clasista en Puerto Rico, central sindical a la cual pertenece la UTIER, tuve la oportunidad de dirigirme a sus fundadores en una reflexión sobre este tema. Entonces, comencé mi intervención señalando que existían varios factores internos vinculados a la realidad del movimiento obrero en Puerto Rico que era necesario tener presentes en cualquier intento de análisis de su realidad. Estos eran:

1. Las limitaciones organizativas o controles de las diferentes leyes que reglamentan la actividad sindical le imponen a las organizaciones obreras existentes y a aquellos trabajadores que aspiran a desarrollar tales instrumentos de lucha en sus respectivos centros de trabajo.
2. La dispersión organizativa y el fraccionamiento existente entre los sindicatos, lo cual afecta al desarrollo de nuevas instancias de unidad sindical que posibiliten la acción concertada de éstos desde una perspectiva de lucha común frente a los proyectos de la clase patronal y sus organizaciones clasistas.
3. El pragmatismo inconsecuente, que lleva a diversos sindicatos y a sus dirigentes a proyectar sus luchas desde un punto de vista inmediatista y conciliador, estando ausente en su trabajo organizativo una visión clasista de mediano y largo plazo desde la perspectiva del conjunto de la clase trabajadora.
4. La cooptación por parte del Estado de algunos dirigentes sindicales en la formulación de las iniciativas que deben corresponder a los sindicatos convirtiéndoles en una oposición leal en lugar de una oposición real.

Lo anterior lleva a tales dirigentes a actuar, no en beneficio de la clase trabajadora, sino de sus propios intereses. Al hacerlo, reducen de paso el marco de su actividad a la mera representación formal de sus afiliados, limitando su actividad a aceptar lo que el gobierno y la clase patronal les propone sin dar ninguna lucha, todo ello en aras de una supervivencia frágil. Al hacerlo, terminan sirviendo de instrumentos de domesticación de las capacidades de lucha y militancia de la propia clase trabajadora.

5. La aceptación del falso discurso patronal de promover una “paz laboral en las relaciones obrero-patronales”, donde no se fomenta el desarrollo de las capacidades e iniciativas de los trabajadores para impulsar y adelantar sus luchas por las conquistas de nuevas y mejores reivindicaciones. Esto se traduce en la falta de fe en sus posibilidades y en la certeza de que dichos objetivos son susceptibles de ser realizados sin que necesariamente los trabajadores pongan en riesgo las conquistas ya alcanzadas.
6. La burocratización de sus cuadros dirigentes, lo que les lleva a desarrollar los mismos estilos de vida y los mismos estilos de dirección en sus organizaciones sindicales que aquellos que sufren diariamente los trabajadores en sus áreas de trabajo.
7. Unido a lo anterior, la democracia sindical, aquella que tanto mencionamos en nuestras exigencias frente a la clase patronal, se torna cada día más y más en un rostro caricaturesco a la hora de hacerla valer en los sindicatos en los cuales militamos.
8. La falta de solidaridad entre los propios trabajadores y posiblemente en un plano superior, la falta de solidaridad por parte de las organizaciones sindicales en la lucha frente a la clase patronal y el Gobierno.
9. La desvinculación orgánica entre los trabajadores del sector público y del sector privado, como también entre los sectores organizados y el pueblo en general producto de situaciones que nos imponen las leyes, la ideología, el partidismo político y nuestros propios errores.
10. La incapacidad para flexibilizar al interior de los propios sindicatos nuestras posiciones, lo que nos lleva en ocasiones a desarrollar una mayor incapacidad para la búsqueda de puntos de encuentro y consenso entre las diferentes tendencias al interior de nuestras organizaciones, que las que estamos dispuestos a consensuar entre nosotros y los sectores patronales.
11. La dispersión ideológica entre los propios trabajadores y sus dirigentes, donde se anteponen las políticas partidistas en materia de estatus al desarrollo político e ideológico de un fuerte y vigoroso movimiento sindical.
12. La ausencia de seguimiento en el trabajo de organización de otras instancias de lucha capaces de organizar a los trabajadores y otros sectores de la población en estructuras de lucha no menos importantes, susceptibles de enfrentar las políticas patronales y neoliberales de privatización, y aquellas que promueven día a día incrementos en el costo de la vida; de falta de facilidades adecuadas de vivienda, salud, educación, recreación, etc.
13. La falta casi generalizada de institutos de educación para los trabajadores para su formación política y sindical que les permita el desarrollo y fortalecimiento de sus instrumentos de lucha para enfrentar de manera adecuada, no solo la renovación permanente de sus cuadros de base e intermedios, sino eventualmente, la renovación de los actuales cuadros de dirección del movimiento obrero.

Estos señalamientos no eran nuevos entonces ni son nuevos hoy para ustedes. Los han venido escuchando a lo largo de diferentes épocas, en diferentes coyunturas, en múltiples escenarios. Sin embargo, a pesar de que podríamos decir que de una manera u otra siempre han estado como piedras en el camino, entorpeciendo nuestros avances coyunturales, cuando mayor crisis han hecho, siempre han surgido otras voces haciendo un llamado vehemente a su superación.

Así fue también el contexto en el cual surgió y se desarrolló la UTIER como instrumento de lucha.

• La invitación a esta actividad

Cuando recibí la invitación del compañero Walberto Rolón para participar en este acto en ocasión del 80 Aniversario de la fundación de nuestro sindicato, sí de nuestro sindicato, ya que la UTIER ha trascendido el limitado marco de ser portavoz de las reivindicaciones de los trabajadores de conservación y transmisión del sistema eléctrico, para pasar a ser la portavoz de los y las trabajadoras en la lucha contra la privatización de los servicios públicos y la medidas neoliberales del gobierno, le pregunté sobre qué tema interesaba me dirigiera a ustedes. Me indicó en un mensaje de texto que fuera sobre “la importancia de la UTIER para el pueblo trabajador.” Tal importancia sólo se entiende si nos aproximamos a sus luchas históricas.

1. Un poco de historia siempre es bueno y necesario

En astronomía se llama “acimut” a una palabra de origen árabe que significa el ángulo que forma el meridiano con el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo. En palabras sencillas es el norte geográfico por el cual nos orientamos en la navegación, o en sentido figurado, un referente por el cual nos orientamos en la vida o aquel al cual pretendemos dirigirnos en nuestros procesos de lucha. Es en definitiva el que nos orienta para alcanzar nuestras reivindicaciones como clase social.

Para los meses de marzo y abril de 1942 un grupo de celadores de líneas que trabajaban para una empresa privada de producción de energía eléctrica en San Juan, la Puerto Rico Light and Power Company, se plantearon organizar un sindicato obrero en búsqueda de alcanzar la meta de mejores salarios y condiciones de empleo. Aún no se había aprobado la Ley 130-1945. Les era de aplicación la Ley federal Wagner de 1935 dada la naturaleza privada de la empresa.

En la década de 1930 la producción y transmisión de la energía eléctrica en Puerto Rico estaba en manos de cinco compañías, tres de ellas privadas y dos propiedad del Gobierno de Puerto Rico. Para entonces la jornada de trabajo era de 10-12 horas diarias, sin beneficios marginales y el sueldo era entre 10 y 20 centavos por hora. Al crearse en 1941 la Autoridad de las Fuentes Fluviales, las empresas que operaban como negocio privado pasaron a ser propiedad del Estado y desaparecía la jurisdicción de la Ley Wagner sobre la nueva entidad por tratarse de una empresa estatal.

En la asamblea fundacional del sindicato el 3 de mayo de 1942 asistieron 37 celadores de líneas, constituyéndose la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica (UTIE). A partir de ella, se desarrollaría un amplio proceso de organización del sindicato alcanzando su primer convenio el 30 de septiembre de 1942. Nuestro segundo convenio fue dos años más tarde de 1943-1944 estableciéndose la práctica de negociaciones cada dos años. Es en el Convenio de 1945-46 donde se adopta el nombre que hoy tenemos de UTIER al incorporare la “R” para incluir el sector de Riego; el pago de tiempo y medio por trabajos en exceso de 40 horas semanales y 8 horas diarias y doble por el séptimo día; el taller unionado, incremento en las licencias de vacaciones y enfermedad; incrementos de 13% salariales; Plan de Pensiones; y otras múltiples conquistas salariales.

La década de 1950 confrontó las luchas obreras con la insurrección nacionalista de 1950 y el surgimiento de la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En esa década como en la siguiente, la UTIER continuó alcanzando importantes logros en los procesos de negociación colectiva. Esta década de 1960 es la década en la cual la UTIER se desafilia de la AFL-CIO rompiendo así con el sindicalismo estadounidense y estructurándose como una unión independiente. Este ejemplo sería asumido también, en adelante, por múltiples sindicatos, principalmente entre 1960 y comienzos de la década de 1970. Se afianza también la reducción de la jornada de trabajo diaria a 7.5 horas; la creación de un seguro para los trabajadore/as por incapacidad, jubilación y muerte; y la creación de una estructura de seguridad en el trabajo denominada Comité de Seguridad.

Nos dice la compañera Perla Franco en su libro UTIER 70 Años: Legado de Lucha y Resistencia, publicado una década atrás que al destacar los eventos más importantes de la década de 1970-79, se encuentran: las primera huelgas, la de cinco días en 1973; y la de 1977-78, la cual se extendió por 118 días; el cambio radical en el liderato de la UTIER con la elección de Luis Lausell Hernández como presidente, quien le imprimió al sindicato una “visión clasista”; la convención donde se ratifican los convenios colectivos; y la llegada de la compañera Carmen Cepeda a la posición de Secretaria del sindicato, segunda mujer en ocupar una posición en el Consejo Estatal.

Para 1972 la UTIER estaba integrada por 8 mil afiliados. Durante la huelga de 1973,que coincidió con la huelga de los Bomberos y los Empleados de Limpieza del Municipio de San Juan, fue movilizada contra los trabajadores la Guardia Nacional. El entonces presidente de la UTIER logró un acuerdo con el gobierno que fue ratificado por el Consejo Estatal, que por entonces era el cuerpo que ratificaba los convenios. Sin embargo, los acuerdos fueron rechazados por la matrícula. De la experiencia surgió el denominado “Equipo de Trabajo”, reivindicando el derecho de ratificación de los convenios por la matrícula y que más adelante impulsara un cambio radical en perspectiva de clase social en la composición del Consejo Estatal.

En la negociación de 1974 se alcanzaron los más altos incrementos salariales en la historia de la UTIER pero a cambio, el presidente del sindicato había comprometido la cesión de importantes conquistas históricas del Convenio reconociendo controles afines a dos informes neoliberales de la época, el Informe Echenique y el Informe Tobin, relativos a la reducción de beneficios marginales, despidos de empleados, congelación de salarios. Tales controles fueron rechazados por la matrícula, abriendo el camino a la elección de Luis Lausell y su Equipo de Trabajo en las elecciones de 1977. El 29 de agosto de 1977 se logra acordar un convenio colectivo sin los controles.

Dado el hecho de que entonces se negociaba cada dos años, primero las condiciones económicas y luego las no económicas, se abre nuevamente las negociaciones, esta vez las condiciones económicas, produciéndose un tranque en materia salarial el 30 de julio de 1977 que se extiende por varios meses hasta que el 27 de diciembre de este año, se declara la segunda huelga que se prolongaría por 118 días. Es precisamente en esta huelga que comienza mi relación como abogado con la UTIER.

1. Mi vinculación orgánica con la UTIER como instrumento de lucha

Como parte del apoyo solidario a la UTIER, en mi condición de abogado, comencé a asistir a trabajadores arrestados por distintos tipos de delitos en los procesos de Regla 6 ante el Tribunal donde se determinaba causa probable o no causa en los delitos imputados. Así las cosas, me vinculé con el Comité de Apoyo Sindical a la UTIER en Bayamón. Participando del apoyo a la UTIER como militante y abogado, fui objeto de una fuerte golpiza por parte de la Fuerza de Choque. Si mi memoria no me falla, fue en el mes de marzo de 1978. De lo que allí ocurrió esa noche puede dar fe mi hermano Erasto aquí presente.

Culminada la Huelga mantuve mi relación con múltiples compañeros UTIER, entre ellos otro de mis hermanos, Ricardo Santos Ramos. De hecho, llegué a participar de grupos de discusión y capacitación política que se conocían como comités obreros, y a la vez, también a partir de 1977, a través del Instituto Laboral de Educación Sindical que había creado el Movimiento Obrero Unido (MOU). Se trata de la estructura de capacitación sindical promovida por dicha central obrera y que en un período de apenas 10 años, formó cientos de trabajadores en cursos que se impartían entre otros lugares en San Juan, Peñuelas, Mayagüez, Caguas y Arecibo. Para entonces, en cada curso, la UTIER matriculaba representantes de sección y liderato intermedio donde se formarían futuros dirigentes nacionales del sindicato.

Para la huelga de 1981, la tercera llevada a cabo por la UTIER, la cual que duraría 83 días, fui políticamente hablando asignado, junto con el compañero abogado Félix Cristiá Martínez, de prestar servicios solidarios legales a la UTIER. Asumimos la responsabilidad a representar múltiples trabajadores acusados de distintos delitos, una vez más en los procesos de Regla 6 en los tribunales, así como asistiendo a abogados de mayor experiencia en los procesos penales contra trabajadores acusados. Finalizada la Huelga, recuerdo que tanto a Félix como a mi nos asignaron una nueva responsabilidad, esta vez de cara al proceso de huelga iniciado por los estudiantes universitarios a partir de septiembre de 1981 y que se extendió hasta marzo de 1982. Los litigios asociados a estos procesos se prolongaron en los tribunales y foros administrativos por espacio de más de tres años.

Destaca en la década de 1980-89 la medida del patrono de dejar sin efecto durante la huelga el plan médico de los empleados afiliados a la UTIER; el despido de 502 trabajadores sin formulaciones de cargo y en abierta violación al Artículo X sobre Estabilidad de Empleo; y la creación por parte del sindicto del Programa de Trabajo Social Obrero en 1989. Es también en esta década que comienzo a colaborar en casos de arbitraje en el Negociado de Conciliación y Arbitraja (NCA) asignados al Bufete Sindical que había sido organizado como estructura legal de apoyo a los sindicatos agrupados en el MOU, en el cual compartían los compañeros Luis Escribano, Reinaldo Pérez, Pedro Varela, José (Pepo) Carreras, Arnaldo Granados, y más adelante, Jorge Farinacci.

Para 1983 nuestra oficinal legal, Bufete Cristiá Torres y Velaz, comenzó a prestar servicios directos a la UTIER. En mi caso personal, integré también el comité negociador en el proceso de negociación colectiva del convenio colectivo que había comenzado el 2 de mayo de ese año. Cabe destacar también que es el año en que comienza el desarrollo de la Unión Independiente de Trabajadores de Sindicatos (UITS), la cual fue reconocida por el Concilio de Delegados el 11 de abril de 1984 aun a pesar de la postura que sostenía su entonces presidente y algunos integrantes del Consejo Estatal. La negativa de nuestro bufete de asesorar como abogados patronales al presidente de la UTIER frente al reconocimiento que hacían los propios trabajadores de la UTIER para sindicalizarse afectó nuestra relación contractual. Sostuvimos entonces que nuestro contrato era para representar los trabajadores UTIER frente a la AEE y no como abogados patronales contra los propios empleados de la UTIER. Esta decisión llevó a que se nos cancelara temporalmente el contrato.

Con el triunfo en las elecciones del compañero José A. Valentín Martínez a la presidencia de la UTIER se nos restituyó el contrato. Entre las primeras tareas que asumimos, además de la representación legal de los trabajadores/as, fue la negociación de la Estipulación para la restitución de los derechos y estabilidad de empleo de los 502 trabajadores cesanteados que culmina con la Estipulación del 7 de octubre de 1988; la negociación de la Estipulación del pleito sobre los trabajadores de turnos en torno a los llamados “holydays” que se venía prolongando desde 1978; y más adelante, a finales de dicha década y comienzos de la siguiente, las negociaciones relacionadas a la remoción de asbesto y los convenios colectivos propiamente, etc.

La década de 1990 a 1999 es la década del desarrollo de una nueva cultura en torno a la salud y seguridad. Se inicia con las negociaciones relacionadas con la remoción de asbesto, la contaminación por mercurio e hidracina; las aportaciones en el proceso de lucha de la Escuela de Medicina Ocupacional del Hospital Monte Sinaí de Nueva York y el compromiso por parte de los doctores Irvin Selikoff, Steve Levin y otro personal higienista de la institución; la realización de la Primera Jornada de Salud y Seguridad; la realización como parte de la lucha, para los trabajadores escoger su propio plan médico; y la respuesta del sindicato ante los efectos causados por el Huracán Georges en la vida de trabajadores como resultado del relajamiento y falta de rigor del patrono en garantizar un ambiente libre de riesgos a la salud y seguridad de sus empleados.

En esta década se desarrollarán también importantes procesos de negociación relacionados con la administración de la pruebas de sustancias controladas; realización de un Estudio Epidemiológico con trabajadores de las centrales generatrices expuestos a asbestos, mercurio e hidracina; las negociaciones del convenio colectivo; y se desarrollarán los comités locales de salud y seguridad, así como también el Comité Central de Salud y Seguridad.

En la década de 2000 a 2009 se acentúa, más allá de la tendencia a la subcontratación de labores, la intención de desmantelar la AEE como parte de una propuesta general de privatización de los servicios eléctricos en Puerto Rico. Coincide el período con la primera negociación colectiva en el gobierno central, específicamente en el Departamento de Educación con la Federación de Maestros al amparo de la Ley Núm. 45-1998; y los intentos de entronizar en el país una vieja y nueva práctiva de sindicalizar corporativamente a los trabajadores/as, que si bien la referida Ley no incluye la realidad de las corporaciones públicas, esa nueva cultura corporativa de hacer las cosas sindicalmente, comienza a percolar en distintos sindicatos en el país. Ante la ofensiva del capital, la UTIER se preocupa por la organización de sus empleados jubilados, estableciendo un capítulo de jubilados; se crea el proyecto de Solidaridad Obrera (PROSOL); se organiza la Alianza de Empleados Energéticos; y se realizan en Puerto Rico el Primer y Segundo Seminario Internacional sobre la Privatización de la Energía Eléctrica.

Desde octubre de 1994, luego de intentos fracasados de colocar una carbonera en Mayagüez por la empresa Cogentrix, se había establecido en Guayama una planta generatriz a base de carbón pulverizaso (AES). En marzo de 2000 se estableció otra planta generatriz operada a base de gas, (ECOEléctrica), totalizando ambas la producción del 30% de la energía eléctrica en Puerto Rico. Es también el año 2000 el año que recibe el triunfo del compañero Ricardo Santos Ramos en su caso disciplinario, consiguiendo luego de más de 11 años y tres meses de despido, su restitución al empleo con todos los salarios y beneficios marginales dejados de devengar.

De más está señalar, el compromiso de la UTIER en la lucha por sacar la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques durante esos primeros años de la década.

Ante la ofensiva patronal contra los trabajadores y el convenio colectivo, la UTIER se lanza a la lucha para garantizar los derechos adquiridos y la defensa de la unidad apropiada ante las subcontrataciones y las invasiones de unidad apropiada. Desde el punto de vista de la defensa de los derechos de la población, también lanza una campaña contra el cobro abusivo en la factura eléctrica, la desatención de las quejas de los abonados, y los efectos de la privatización en el pueblo.

Luego de tres años de negociaciones, el convenio colectivo, finalmente se acuerda, ratifica y firma en el 2008. Es el  Convenio que continúa al presente vigente. A partir del año 2009, la UTIER participó activamente de las movilizaciones sociales y obreras en repudio a los despidos en el sector público como resultado de la aplicación de la Ley 7-2009, denominada “medicina amarga” por el gobierno de Luis Fortuño.

A partir del año 2010 y hasta el presente, la UTIER ha tenido que enfrentar las reducciones en el convenio colectivo resultantes de la Ley 66-2014, aprobada por el gobernador Alejandro García Padilla. Esta Ley, aplicó a los trabajadores de las corporaciones públicas con las mismas restriccciones que su predecesor Luis Fortuño aplicó a los empleados del Gobierno Central. Es también ésta la década en que el gobierno aprueba diversas leyes dirigidas a desmantelar y privatizar la AEE, comenzando por las labores de transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica; la AEE deja de hacer las aportaciones que le corresponden al Plan de Retiro de los Empleados; se intensifica la reducción en la plantilla de los trabajadores; y se  somete la AEE a un proceso de quiebra y desmanes por parte de la Junta de Control Fiscal, con consecuencias aún impredecibles.

El pasado 1 de junio de 2021 el gobierno de Puerto Rico, amparándose en las disposiciones de la Ley Núm. Núm. 8-2017 y de la Ley Núm. 120-2018; la primera creando el concepto de empleador único en el gobierno y la segunda, autorizando el traspaso a manos privadas de todo o parte de las operaciones de la AEE; implantó para todo aquel empleado en el área de transmisión, distribución y comercialización de la energía que no procurara y obtuviera empleo en LUMA, su movilidad hacia diferentes entidades del gobierno cubiertas por ley, destinándolos a puestos de trabajo diversos. Los puestos de trabajo en el destino de los empleados movilizados no tienen que ver con las funciones que estos empleados realizaban en la AEE, sino con funciones que a juicio de la entidad receptora pudieran realizar.

La UTIER logró mediante labores de cabildeo en la Legislatura, que al darse la movilidad fuera preservando los empleados su salario, beneficios marginales bajo el convenio UTIER y su vinculación con el Sistema de Retiro de la AEE.

Miles de empleados movilizados fueron distribuidos en diversas agencias del gobierno central, corporaciones e instrumentalidades públicas y en algunos casos, municipios.

Fiel a la necesidad de dar la lucha organizada, se han radicado miles de apelaciones ante el organismo administrativo de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP); recurrido ante los tribunales; hecho ajustes interpretando y adaptando a las nuevas realidades varias disposiciones de su Constitución; y dando paso a crear una nueva organización, una organización bona fide de empleados públicos, que agrupa a los empleados movilizados, independientemente la unidad apropiada de la cual provengan o el tipo de nombramiento o puesto que ostentaban en la AEE, denominada Capítulo Alianza Energética de Puerto Rico, para desde ella, dar y continuar la lucha por la recuperación de sus empleos en la AEE.

1. Una breve pero única respuesta en esta coyuntura

Este es el nuevo reto que se impone para el sindicato, reto que como los que antes, se han asumido con vocación de lucha, de triunfo y de recuperación de los empleos de la matrícula UTIER, ésta vez de un número más amplio de empleados energéticos; y de la Autoridad de Energía Eléctrica como bién público al servicio de nuestro pueblo.

Decía el Maestro Eugenio María de Hostos que no hay triunfo sin lucha. El Apostol de la Independencia de Cuba, José Martí, también  nos señalaba que no había nada peor en los momentos decisivos que la indecisión. Ramón Emeterio Betánces, el Padre de la patria puertorriqueña, nos recordaba también que para hacer tortilla, primero hay que romper los huevos.

¿No es acaso este mensaje tridimensional, que desde la distancia del Siglo 19, nos debe hacer reflexionar hoy sobre el qué hacer y cuál debe ser el rumbo a seguir en nuestras luchas?

Está en sus manos el qué hacer. Muchas gracias.

Sobre Alejandro Torres Rivera