La negación del uso de estos fondos para comunidades como el Caño forma parte del Plan de Acción del Departamento de Vivienda y no es del gobierno federal

El liderato de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña, reclama acción necesaria para desarrollar los proyectos de infraestructura urgentes capaces de mitigar las inundaciones constantes ante cada evento de lluvia. El grupo de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña (G8),  urge que se ponga en vigencia y se lleve a la acción la Resolución Concurrente 118-2019 firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la cual estableció asunto de prioridad el uso de fondos CDBG-DR para la reconstrucción y recuperación de las comunidades del Caño Martín Peña.

“Necesitamos que los fondos CDBG-DR lleguen a las comunidades del Caño para poder llevar a cabo proyectos que reduzcan significativamente los impacto por inundaciones, como sistemas sanitarios y pluviales”, dijo Lucy Cruz Rivera, residente de Barrio Obrero y presidenta del G8.

Cruz explicó que en cada evento de lluvia se demuestra la urgencia que tienen las comunidades en que el gobierno atienda el problema de infraestructura para evitar riesgo a la salud y seguridad de los residentes. Exhortó al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, a asegurar la asignación de fondos para estos proyectos.

La Resolución a la que se hace referencia fue aprobada el 19 de noviembre de 2019 y establece que el Departamento de la Vivienda enmiende el Plan de Acción para asegurar y viabilizar inversión en las comunidades del Caño. Los fondos CDBG-DR se han utilizado en otros lugares como Texas y Florida para ayudar a comunidades vulnerables. “Las comunidades del Caño Martín Peña reclaman recibir trato igual reconociendo la vivienda como un derecho”, añadió Cruz Rivera.

“El Gobierno de Puerto Rico tiene la oportunidad de viabilizar este proyecto, pero son ellos mismos quienes ponen obstáculos para que las comunidades reciban los fondos.” explicó Krystal Geigel, residente de Buena Vista Santurce y líder comunitaria.

Por su parte,  Aileen Morales Vargas, residente de Parada 27 y líder comunitaria señaló “Nuestras familias viven un constante miedo, frustración y preocupación ante cualquier evento de lluvia e impotencia de no poder hacer más. Cada lluvia puede significar volver a empezar, perder todo lo que con mucho sacrificio hemos logrado obtener y a la misma vez lidiar con los efectos a la salud como: la dermatitis atípica, asma bronquial, problemas estomacales y otras enfermedades que nuestra gente padece y que empeoran a causa de las inundaciones con aguas usadas”. El vínculo entre las condiciones ambientales y la salud se ha establecido en estudios anteriores, entre ellos realizados por la Universidad de Harvard.

“Aquí vive la clase trabajadora quienes levantan este país y con una inundación se pierde todo. Seguimos dando la lucha, pero no tenemos respuesta ni acción del Departamento de Vivienda de Puerto Rico. Recibimos decenas de visitas de funcionarios, siempre nos dicen que sí y a la hora de la verdad no tenemos nada concreto. Invitamos al nuevo secretario de la Vivienda Luis Carlos Fernández Trinchet y a la gobernadora a que visite las comunidades y vea de primera mano lo que aquí estamos pasando”, añadió – Waleska García, residente de Buena Vista Santurce y líder comunitaria.

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