De un tiempo a esta parte se ha venido deteriorando la cultura democrática en muchos lugares del mundo y Puerto Rico no ha sido la excepción. Alrededor del mundo occidental hemos observado como la judicialización de la política o “lawfare” avanza consistentemente. En América Latina las acusaciones judiciales contra políticos de relieve han sido un factor avasallador en los últimos quince años. A la destitución del presidente electo constitucional de Honduras en 2009, Manuel Zelaya, a manera de “golpe blando”, le siguió la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo en 2012. A partir de eso se prepararon causas para procesar a todo un conglomerado de prominentes políticos como Dilma Rousseff, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Jorge Glass.

Muchas de las acusaciones de estos procesos judiciales han sido desestimadas luego que se hiciera evidente su naturaleza fraudulenta y falaz. En realidad, era evidente que el fundamento de todas estas acciones era deshabilitar jurídicamente candidaturas en marcha o potenciales. Al hacer una acusación judicial o plantear una invalidación de candidatura por razones técnicas se desequilibra no solo el proceso político sino el ejercicio y la misión más esencial de la democracia. El fundamento de la democracia resulta en que sea la masa electoral quien decida libremente a sus representantes. Al tratar de descalificar normativa judicialmente a candidatas y candidatos hábiles con trayectorias de vida incuestionables, es sencillamente algo que no se puede tolerar.

En Puerto Rico no hemos estado ajenos a la práctica del “lawfare” o judicialización de la política. Agencias asociadas a la protección de la integridad pública llevan décadas manipulando casos y presentando evidencias fraudulentas aprovechando sus vínculos o redes gubernamentales. En particular la Oficina del Fiscal Especial Independiente ha sido motivo de fuertes críticas por su claro proceder político en contra de oponentes y todo lo contrario, contra sus propios políticos de afinidad ideológica. Solo basta recordar los casos atroces de fabricación y persecución política en la UPR y en contra de la legisladora Mariana Nogales.

En este momento VAMOS se manifiesta en contra del más reciente capítulo de “lawfare” que ha sido la decisión de un juez de primera instancia, Antony Cuevas, de descalificar varias candidaturas sin ninguna base legal convincente. Es únicamente el pueblo electoral puertorriqueño quien tiene la facultad de descalificar candidaturas el día de las elecciones. Es el pueblo electoral quien debe decidir cuáles son las candidaturas que obtienen el favor del voto mayoritario.

VAMOS se une al más amplio reclamo de organizaciones en defensa de la democracia y solicita al Tribunal Supremo no validar ni dar como buena la decisión del tribunal de primera instancia. En un momento en el que tantos sectores hablan de libertad y de reducir las intervenciones del Estado, es el momento de ser consecuentes con tales planteamientos que el partido en el poder secunda con entusiasmo.

¡Qué sea el pueblo electoral quien elija sus candidatos y no una judicialización de la democracia!

VAMOS, Concertación Ciudadana, Mayo 2024s

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