Denuncian que el proyecto de enmiendas fue aprobado en el senado sin vistas públicas

San Juan, Puerto Rico — La Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR) alertó de la reciente aprobación del proyecto P del S 904 por el Senado de Puerto Rico sin un informe del Departamento de Justicia y sin seguir el adecuado proceso democrático de convocar a vistas públicas.

Este proyecto, impulsado por los senadores Thomas Rivera Schatz y José Luis Dalmau Santiago, busca enmendar la Ley 133 del 14 de junio de 1980 (conocida como "Ley sobre Prácticas Justas en la Distribución y Exhibición de Películas Cinematográficas"), para, entre otras cosas, eliminar la restricción que impide a los exhibidores de películas participar como productores o distribuidores, permitir que una empresa distribuidora opere salas de cine y reducir las penalidades de delito grave a delito menos grave por infracciones a esta ley.

“Estas enmiendas parecen dirigidas a beneficiar a la única empresa en Puerto Rico dedicada a la exhibición de películas y que mantiene un monopolio de facto en este sector fundamental para nuestro cine, lo que limita la libre competencia y la libertad de mercado. Las enmiendas propuestas expandirían aún más su influencia en la industria, permitiéndole incursionar en la distribución e, incluso, en la producción de cine. Esto sería detrimental para el desarrollo sostenible del cine en Puerto Rico”, señaló el cineasta Juan Carlos García, presidente de la Junta de Directores de AdocPR.

Por su parte, la productora Inés Mongil, tesorera de la AdocPR, destacó que “la medida, en su forma actual, favorece a un sector minoritario y privilegiado de la comunidad cinematográfica, dejando de lado a los sectores más amplios y vulnerables de la industria. En lugar de conceder más poder a una empresa exhibidora, el gobierno debería investigar y regular las prácticas monopolísticas en el sector”.

Los representantes de AdocPR hicieron un llamado a la Cámara de Representantes para que ejerza el debido proceso democrático en la evaluación de este proyecto y solicite cuanto antes al Departamento de Justicia una evaluación e informe sobre el mismo, además de que convoque a vistas públicas para que los cineastas tengan la oportunidad de expresar sus posturas con respecto a esta medida.

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