El ideal cooperativo es tan antiguo como la sociedad humana. Lo que es nuevo es la idea de conflicto y competencia como principio del progreso económico. 

— Pioneros de Rochdale

La promesa de libertad, igualdad y fraternidad para la humanidad del orden capitalista siempre ha estado matizada por una relación conflictiva entre los conceptos de igualdad y libertad. La cuestión ha sido una constante en la generalidad de los debates ideológicos modernos. Lo anterior, incluyendo a los constituyentes norteamericanos, que en función de ese debate acabaron estableciendo un sistema de gobierno que tiende a privilegiar el dominio del gobierno por los sectores más pudientes. No obstante, tal vez no encontremos otro periodo de la historia como lo fue el Siglo XX, en el cual esa dicotomía monopolizó los principales discursos ideológicos, reeditada en la forma de una contradicción entre Estado versus Ciudadanía.

De un lado, apostados en diferentes trincheras se posicionaron quienes en mayor o menor grado defendieron cierto nivel de protagonismo por parte del Estado en cuanto a promover una mayor igualdad social, particularmente procurando una mejor distribución de las riquezas, a través de mecanismos de planificación económica y de regulación de los mercados. En ese espectro encontramos, desde defensores del modelo de socialismo estatal con propiedad gubernamental sobre las empresas basado en teorías marxistas, hasta los promotores del Estado Social o de bienestar, a tenor con la doctrina keynesiana. De otra parte, tenemos a quienes, esgrimiendo argumentos libertarios, abogaban por la no intervención del Estado con las libertades individuales y patrimoniales de las personas, al concebirlo intrínsecamente como un aparato de opresión y dominación social. En ese lado de la cancha encontramos tendencias tan variadas como movimientos anarquistas de izquierdas, hasta derechistas furibundos, defensores de la mítica teoría de que “la mano invisible del mercado” se encargaría de darnos justicia social. 

No obstante, la victoria del neoliberalismo como doctrina hegemónica imperante en los tiempos del capitalismo globalizado, pretendió poner fin a la controversia, no solo por haber promovido exitosamente la caída del muro de Berlín y con ello, el fin de la llamada “era del socialismo real”, sino también por haber conseguido desmantelar el modelo de Estado Social, hasta entonces imperante en las principales economías capitalistas desarrolladas. Recordemos que para principios de la década de los 80 del siglo pasado el neoliberalismo se impuso como modelo ideológico dominante mediante la sistemática implantación de políticas económicas por los gobierno de Gran Bretaña y de Estados Unidos orientadas a favorecer a los sectores más ricos de la población (principalmente mediante la eliminación de impuestos); con lo que, para garantizar la salud fiscal del Estado, se hizo “necesario” eliminar medidas redistributivas de asistencia a los pobres. De tal modo, se impartió un golpe de gracia a la visión del Estado como garante de la igualdad social. 

Sin embargo, desde los márgenes del sistema, siempre lograron sobrevivir sectores que defendían la posibilidad de armonizar los valores modernos de libertad e igualdad, a partir de la afirmación y defensa de la fraternidad humana. El movimiento cooperativista fue uno de esos estandartes que se mantuvo firme demostrando la posibilidad de construir otro modelo de economía colaborativa a través de experiencias de libre asociacionismo, abierto y democrático con justicia distributiva. Al igual que el cooperativismo, otros movimientos nacidos de distintas experiencias comunitarias, igualmente promovieron la posibilidad de construir alternativas de nuevo tipo, a partir de la gestación de redes de emprendimientos privados no capitalistas, democráticamente gobernadas, orientadas a la satisfacción de necesidades concretas en vez de a la acumulación de lucro, y promotoras de un consumo racional basado en necesidades reales; donde el pleno ejercicio de nuestras libertades privadas no estuviese reñido con la justa repartición de las riquezas. 

Así, gravitando en torno al cooperativismo, el mutualismo, las empresas de trabajo asociado y otros tipos empresariales no lucrativos, germinaron, crecieron y se multiplicaron distintos tipos de iniciativas económicas, que eventualmente fueron capaces de reclamar un espacio social propio, como una tercera forma de generar actividad económica, distinta de la estatal y de la capitalista. Ese movimiento inicialmente se conoció como el de la Economía Social, por su vinculación con el Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas, Cooperativas y Asociativas que, en 1980, publicó en Francia la Carta de la Economía Social. Con el tiempo, debido a la incorporación de visiones abiertamente anti-sistémicas de carácter transformativo, la ampliación del tipo de demandas sociales que procuraba satisfacer, y la inclusión de una mayor pluralidad de actores sociales, se comenzó a utilizar más ampliamente el concepto Economía Social Solidaria (ESS). Se trata de un movimiento que coloca al ser humano en armonía con la naturaleza al centro de la ecuación económica, privilegia los factores trabajo y comunidad por sobre el capital, y procura una distribución equitativa de las riquezas en el momento en que se producen por las empresas, sin depender tanto de políticas redistributivas estatales o de incentivos de mercado. Todo ello, mediante la instauración de prácticas democráticas al interior de las empresas económicas, en las cuales las personas se relacionan en función de su igual dignidad humana, y no por el capital aportado.

La efectividad de la ESS en promover el progreso económico con justicia social y con un reducido impacto ambiental está siendo reconocido cada vez con mayor fuerza por distintas naciones, las cuales buscan fortalecer el sector en respuesta a los desmanes generados por el capitalismo, incluso dentro de las economías capitalistas desarrolladas. Entre tales destaca el Nuevo Plan de Acción sobre la Economía Social adoptado por la Unión Europea el 9 de diciembre de 2021, y que aspira a situar la economía social en el centro de un nuevo modelo de “Europa social y productiva”. Y es que, aunque lentamente, cada vez con mayor arraigo se va generando un consenso mundial respecto de que el capitalismo avoca a la humanidad a una crisis civilizatoria. Como bien mencionara el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su alocución ante el Foro de Davos el 18 de enero de 2023: “o la humanidad se extingue por el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta”.

Por eso, no nos sorprende que, en función de ese devenir histórico, el pasado 18 de abril la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la primera resolución sobre la promoción de la ESS para el desarrollo sostenible. En la misma, se defina a la ESS como “empresas, organizaciones y otras entidades que realizan actividades económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo o general, que se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza democrática o participativa, la autonomía y la independencia, y la primacía de las personas y el fin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios”. El texto, el cual se espera sirva para aumentar la visibilidad de este tercer sector económico a nivel mundial, reconoce la importancia de la ESS para conseguir alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, entre otros, en lo atinente al empleo y el trabajo decente, la prestación de servicios sociales, la protección del medio ambiente mediante el fomento de prácticas económicas sostenibles, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el desarrollo económico local, así como el crecimiento inclusivo y sostenible. De tal forma, conmina a los países miembros de la ONU a generar estrategias, políticas y programas a todos los niveles para apoyar y potenciar la ESS a través de marcos jurídicos favorables, incentivos fiscales y de contratación pública para el sector, e iniciativas de capacitación e investigación. 

Lamentablemente, en Puerto Rico continuamos con las gríngolas que nos impone un régimen colonial antidemocrático y antinacional, fanatizado con un neoliberalismo a ultranza. Predomina en nuestro país una visión monolítica tan falsa como simplona del desarrollo económico, conforme a la cual nuestro progreso colectivo en última instancia siempre dependerá de la capacidad del gobierno colonial de atraer inversión de capital extranjero en condiciones de privilegio, sin posibilidad alguna de optar por un desarrollo autóctono y mucho menos democrático. Tampoco se fomenta aquí el consumo prudente y racional, sino que a mayor consumismo irracional de bienes innecesarios mejor se entiende que marcha la economía. El nuestro no solo es un gobierno paralizado por medidas de austeridad fiscal incapaz de proveer soluciones a los graves problemas de nuestra convivencia social y en función de nuestra realidad geográfica, sino uno incapaz de conceptualizar alternativas plausibles, que se limita a copiar las recetas fracasadas impuestas por los centros de poder financiero norteamericanos. 

En Puerto Rico, esa visión retrógrada domina incluso entre aquellos sectores gubernamentales con la responsabilidad de promover el cooperativismo, quienes cada vez con mayor frivolidad lo reducen a la condición apéndice al servicio de una economía capitalista, promoviendo ideologías individualistas. Sin embargo, al igual que en el resto del planeta, el cooperativismo y la ESS, si se lo proponen, tienen también el potencial de convertirse en punta de lanza para la construcción de un nuevo país democrático y sostenible de justicia e igualdad. No obstante, para ello el cooperativismo tiene que ser capaz de educarse para reconocer sus orígenes y esencia anticapitalista, pues se trata de un movimiento que nace y se desarrolla como una alternativa democrática al capitalismo en la promoción de una economía no estatizada. Ahora bien, para poder retomar su naturaleza transformativa, es necesario que con determinación y educación el cooperativismo puertorriqueño supere muchos de los vicios que en general (excepto por honrosas excepciones) lo mantienen inerte, por su actual lamentable propensión a la coomplacencia, coomodidad, coobardía y coomplicidad.

Sobre Rubén Colón Morales

Es abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de maestría de la Universidad de Harvard. Fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo en los años 90. Ha impartido