El capítulo de Río Piedras de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), rechazó categóricamente la designación de una plaza docente al Dr. Jorge Haddock, actual presidente de la UPR.

Mediante referéndum del 23 al 29 de diciembre, la Junta de Gobierno de la UPR acordó instruir al Rector del Recinto de Río Piedras a “dar cumplimiento” a su instrucción de colocar al Dr. Haddock en el Departamento de Gerencia de la Facultad de Administración de Empresas, en clara violación a toda la normativa legal y reglamentaria que rige el otorgamiento de plazas docentes.

Según Ángel Rodríguez Rivera, Presidente de la APPU, es ilegal otorgar plazas en contra del Reglamento de la Universidad, y esta acción de la Junta de Gobierno, se ha tomado ultra vires. “La otorgación de una plaza docente es un proceso mucho más complicado que un nombramiento en cualquier agencia del gobierno: hay que pasar por procesos de convocatoria y evaluación de haberes y productividad de sumo rigor, antes de conceder una plaza, con permanencia y más aún con el rango máximo de Catedrático”, señaló Rodríguez.

Los profesores asociados denunciaron que ha sido práctica común de las administraciones gubernamentales tratar la UPR como si sus procesos de contratación para docentes no estuvieran claramente reglamentados. El reglamento establece que es en cada recinto que se otorgan plazas y rangos académicos, mediante un proceso riguroso de evaluación por pares y estudiantes.

El capítulo ríopedrense de la APPU, señaló que este nombramiento es irracional y antirreglamentario desde la óptica administrativa, e injusta desde cualquier perspectiva ética.

Según los profesores, administrativamente, no hay indicación alguna de que exista necesidad en el Departamento de Gerencia para un docente con las cualificaciones específicas del Dr. Haddock; mucho menos se ha evidenciado que esa necesidad, de existir, sea mayor que las muchas otras necesidades que existen, si no en el propio Departamento de Gerencia de la Facultad de Administración de Empresas.

Los profesores enfatizaron que el nombramiento no adelanta la misión investigativa y educativa del Recinto y que no fue considerada por ningún Comité de Personal, no responde a convocatoria alguna, y que fue aprobada por una entidad que ni en ley, ni en el reglamento universitario tiene potestad para otorgar plazas.

La APPU lleva años luchando por la otorgación de puestos a tiempo completo y plazas para decenas de profesores, los cuales no tienen seguridad laboral por la falta de nombramientos formales. “En nuestro Recinto laboran cientos de colegas, con amplias cualificaciones, en algunos casos hace décadas, a quienes no se les ha otorgado las plazas que se merecen. A nuestro capítulo pertenecen decenas de colegas sin plaza bajo una precariedad laboral que anula la posibilidad de ejercer libremente su cátedra. Gran parte de estas personas están contratadas a tiempo parcial, recibiendo una compensación que les deja en la pobreza, y que será menos de una cuarta parte de lo que recibirá el presidente Haddock, sin el presidente haber pasado por ningún proceso reglamentario (el sueldo actual del presidente es 15 veces lo que gana una docente sin plaza con doctorado –y las hay muchas—que enseña 4 clases, tal vez en diferentes recintos, pero se le paga “a tiempo parcial”, señaló el capítulo de la APPU en Río Piedras, mediante comunicación en las redes sociales.

Para los profesores, el rango otorgado al presidente, también es un insulto a las decenas de docentes de nuestro Recinto que no han podido ascender, teniendo años y haberes, porque la Oficina de Recursos Humanos arbitrariamente les excluye de las listas de elegibles para ascenso.

La justificación para dejarles sin plaza siempre ha sido la insuficiencia presupuestaria, y la necesidad de cumplir con la reglamentación vigente. Esa insuficiencia y esa reglamentación, que son barreras insuperables para cientos de docentes que siguen entregando su saber, sus energías y en muchos casos su salud, se han obviado para el Dr. Haddock, de la misma manera que se obviaron procesos y reglamentos para otorgarle el puesto –y el desmesurado salario—que actualmente ostenta, añadió el comunicado.

El profesorado señaló que el estándar II de la agencia acreditadora, la Middles States Commission on Higher Education, indica que debe existir prácticas justas e imparciales en la contratación, evaluación, promoción, disciplina y separación de empleados.  Al no cumplir con este estándar de acreditación, la acción de la Junta de Gobierno pone en peligro la acreditación del recinto riopiedrense.

Ante la situación, la APPU reclama a la Legislatura la aprobación de la legislación de reforma universitaria presentada, con apoyo de todos los partidos representados en el anterior Senado, como el P.S. 1536. Según los profesores, este proyecto fue producto de un proceso de consulta, que tomó más de dos años, a los diversos sectores de la comunidad universitaria y comunidades cercanas a los recintos, y contiene los reclamos históricos de autonomía universitaria y financiamiento garantizado.

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