Entre las historias de pandemia, la mía como maestro no es tan heroica como las de la gente que trabaja en hospitales o supermercados, pero de repente tuve que adaptar mi trabajo a un medio extraño para mis estudiantes y para mí. Habiéndolo sobrevivido, ya estaba preparándome para agosto: conocer estudiantes nuevos, relacionarme con ellos y dirigirles en su aprendizaje, todo con herramientas digitales.

Tengo una idea de cómo hacerlo con Google Classroom, que funcionó bastante bien el semestre pasado. Todo mi equipo de grado en la Escuela Secundaria UPR lo utilizó, y nuestros estudiantes ya conocen la plataforma. Había seguridad porque todo en Classroom tenía que hacerse usando cuentas de email upr.edu, y el semestre próximo lo podría aprovechar mucho mejor.

Pero el 21 de julio, abruptamente dejó de funcionar mi email de la UPR. Esa tarde recibí un escueto mensaje indicándome que debería bajar Outlook para seguir recibiendo comunicaciones oficiales en una nueva dirección electrónica. Todavía no sé qué ajustes tendré que hacer para seguir usando Google, o si debo enfrascarme con Microsoft, esperando que sirva igual de bien, para entonces enseñárselo a mis estudiantes. Aprender a usar estas herramientas digitales toma tiempo y muchas veces frustra, y obligarnos a hacerlo otra vez, después del trauma del semestre pasado, es inhumano.

Esto pasó sin la más mínima explicación ni advertencia, y además de trastocar innecesariamente todo el quehacer académico —enseñanza e investigación.

Lo peor: el contrato con Microsoft, firmado en los últimos meses de la administración de Ricardo Rosselló, le costará a la UPR $3.3 millones. Todo en medio de continuos recortes, aumentos en el costo de matrícula y empeoramiento de condiciones de trabajo para docentes y no docentes. Este contrato no beneficia a la institución, sus estudiantes ni docentes; solo a Microsoft, cliente de Elías Sánchez. Una muestra más de todo aquel patrón de corrupción que caracterizó aquella administración.

Esto es inaceptable. La UPR no puede seguir sometida a personas nombradas únicamente por su lealtad a Rosselló, y por su disposición a despedazar una institución indispensable, junto con el Departamento de Educación, para cualquier porvenir. Los términos de Walter Alomar y Zoraida Buxó en la Junta de Gobierno ya expiraron. Está por evaluarse la gestión del presidente Jorge Haddock: él recibe el doble del salario establecido para su puesto, sin haber hecho nada que no hubiera podido hacer cualquiera de las otras personas que fueron consideradas. Como Chief Information Officer, Ernie Pujols ha presidido sobre un desastre de informática sin precedentes en la historia de la UPR.

Se tienen que ir todos; ya es impostergable una reforma universitaria que impida que esto vuelva a pasar.

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