En el marco de la Reforma de la Policía, el sector comunitario y de derechos humanos plantea que una entidad independiente no gubernamental sea quien investigue y resuelva querellas contra agentes.  El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (Grucorpo)  propuso la creación de un cuerpo independiente de supervisión ciudadana para investigar los casos de mala conducta policial en el País, con poderes de citación y auditoría.

La propuesta fue formulada el pasado viernes durante el segundo día de las vistas judiciales presididas por el juez federal Gustavo Gelpí en Ponce, como parte del proceso de seguimiento del Acuerdo Sustentable para una Reforma Policial, suscrito por el gobierno del Estado Libre Asociado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En una participación separada, el abogado Josué González Ortiz, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que también forma parte de Grucorpo, propuso cambios y enfoques en varias de las políticas que están en proceso de formulación, incluyendo las de Uso de Fuerza, División de Operaciones Tácticas e Interrogatorios Voluntarios, entre otras áreas.

Al solicitar la creación de la propuesta entidad independiente, la portavoz de Grucorpo, Mari Mari Narváez, aludió a la falta de datos confiables y resultados creíbles que, según el grupo, sigue produciendo la Policía de Puerto Rico en cuanto a las investigaciones internas sobre incidentes de conducta impropia y abusos.  Agregó que la culminación de la reforma podría tardar más de diez años y es necesario atajar el problema de la impunidad y la continua violación de derechos.

“La Institución aún no tiene sistemas integrales, abarcadores y confiables de recolección de datos; las políticas nuevas y más neurálgicas en el ejercicio policiaco constitucional aún no están en vigor; el sistema interno de documentación, recolección de datos e investigación para las querellas civiles de mala conducta policiaca es uno arcaico y, según los pronósticos de todas las partes, tomará mucho tiempo lograr estos cambios que son esenciales para poder hacer de la reforma una eficaz”, sostuvo Mari Narváez.

Vagos y poco confiables los datos y la investigación de querellas

La portavoz de Grucorpo sostuvo que “los datos disponibles, sin embargo, son vagos, confusos y todavía carecen de credibilidad”.  Entre los años 2011y 2012, indicó, había un retraso de cinco mil querellas por investigar y en 2010 “no sucedió nada” con el 53% de las 2,323 querellas presentadas ya que 810 fueron archivadas, 127 referidas a orientación y 298 tuvieron “un destino similar indefinido, clasificado como Otros”.

En cuanto a los datos más recientes que el Grupo ha logrado obtener la también gerente de proyectos de la organización Espacios Abiertos, destacó que al 31 de julio de 2015 el 59% de las 1,010 querellas presentadas habían sido clasificadas como “infundadas”, o los agentes habían sido exonerados.

“Es difícil pensar que el 59% de las querellas radicadas no tengan peso. Ir a radicar una querella contra un policía dentro del propio Departamento de la Policía es ya de por sí un acto de tremenda valentía. Es difícil creer que tantas personas vayan a someterse a ese proceso por razones frívolas”, sostuvo Mari Narváez.

“Para que este Tribunal pueda verdaderamente evaluar si la Reforma está logrando los cambios deseados tiene que tener datos y estadísticas confiables desde este momento”, argumentó la ponente.

Mari Narváez indicó que miembros de Grucorpo participaron este año en la “National Association for Civilian Oversight of Law Enforcement”, celebrada en California, y pudieron escuchar testimonios de agentes policiales sobre lo positivo que les ha resultado la supervisión ciudadana, una vez superada la resistencia inicial de los cuerpos de Policía.

Expuso que varios modelos de supervisión ciudadana sobre la conducta policial están en vigor alrededor del mundo, incluyendo países como Canadá, Irlanda, África del Sur, Trinidad y Tobago, Finlandia y en más de 200 ciudades en Estados Unidos.

Ojo al uso de fuerza

Por su parte, el licenciado González, de la ACLU, planteó entre sus “profundas preocupaciones” la falta de parámetros precisos para guiar la conducta de los agentes y evitar prácticas peligrosas. “El lenguaje (del protocolo de Uso de Fuerza) debe adoptar guías claras para limitar la discreción de los agentes al nivel operacional, más allá de la mera referencia al estándar legal establecido por la jurisprudencia o por el Acuerdo”, sostuvo en su ponencia ante el juez Gelpí.

González criticó el uso de técnicas de agarre de estrangulación (chokehold) que las políticas de uso de fuerza han incorporado en Puerto Rico “que entendemos que son innecesarias y peligrosas”. Agregó que aunque en el Acuerdo se menciona la posibilidad de uso de las técnicas de estrangulamiento “no hay nada que requiera que esas técnicas sean adoptadas”.

Las técnicas policiales de estrangulación, cuyo objetivo se supone que sea someter a la obediencia a una persona que resiste un arresto, han  sido o objeto de fuertes críticas en Estados Unidos a raíz de la muerte en diciembre pasado a manos de la Policía en Nueva York de Eric Garner, cuyas últimas palabras mientras era estrangulado, “no puedo respirar”, se convirtieron en el lema de las protestas contra la violencia policial, particularmente contra los ciudadanos negros.

Preocupan las “detenciones investigativas”

El Grupo de Trabajo, dijo González, está de acuerdo con la política que rechaza las detenciones investigativas. Sin embargo, al examinar las órdenes generales propuestas para el área de Citaciones y Arrestos se encuentra que “las detenciones investigativas aún se permiten bajo el manto de interrogatorios voluntarios”. Tras reconocer que dichas detenciones investigativas han sido validadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en ciertas circunstancias,  bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución, González sostuvo que “la única detención sin orden que es válida bajo las leyes de Puerto Rico es aquella basada en la sospecha razonable de que se ha cometido un delito”, indicó.

El representante de la ACLU recordó que frecuentemente dichas detenciones investigativas han propiciado  actos discriminatorios, “profiling” y violaciones de derechos civiles por lo cual permitirlas en Puerto Rico “no adelantaría los objetivos del Acuerdo”.

En cuanto a la violencia de género la ACLU sostiene que las políticas propuestas deben procurar la colaboración y coordinación de los grupos que abogan por los derechos de las mujeres que proveen servicios a las víctimas de violencia y abuso de género. González agregó que debe prestarse atención especial a los incidentes de violencia de género cometidos por miembros de la Policía.

El Acuerdo Sustentable para una Reforma Policial, que sirve de marco al proceso fue el resultado de una investigación de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal que concluyó en 2011 que había patrones de uso de la fuerza excesiva, conducta impropia para suprimir el ejercicio de la libertad de expresión y trato discriminatorio, entre otros prácticas ilegales. El Acuerdo judicial firmado el 17 de Julio de 2013 es supervisado por el Tribunal Federal, ya que se deriva de una acción radicada por Justicia federal ante dicho Foro.

Grucorpo no es parte del Acuerdo pero se integró al proceso por iniciativa propia, y ha logrado que se establezcan vías de comunicación y participación en el proceso, ya que está conformado por entidades de base comunitaria y de defensa de derechos humanos y civiles de la población.

Las siguientes entidades  y personas forman parte de Grucorpo:

Alianza Laura Aponte por la Paz Social, American Civil Liberties Union de Puerto Rico, Amnistía Internacional sección de Puerto Rico, Asian Community and Youth Association, Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, Centro de Ayuda para la Mujer Dominicana, Coalición Puertorriqueña de Reducción de Daños, Comisión de Derechos del Inmigrante del Colegio de Abogados, Clínica de Asistencia Legal de UPR, Coordinadora Paz para la Mujer, Espacios Abiertos, Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Intercambios PR, Proyecto Matria, Sociedad de Asistencia Legal, Taller Lésbico Creativo, Licenciado Osvaldo Toledo, Licenciada Judith Berkan, Licenciada Julie Cruz, y Licenciado Osvaldo Burgos.

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