El año pasado la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) multó a la firma Morgan Stanley $170,284 y a Merrill Lunch por $6.2 millones más $779,999 en restituciones.

La comisión para la auditoría de Francia encontró que el 60% de la deuda pública de dicho país era ilegítima. En Ecuador, los trabajos de su comisión lograron la anulación del 70% de su deuda al exterior. En el 2014 la ciudad de Detroit se metió en los tribunales buscando anular deuda potencialmente ilegal. En el tribunal federal de Puerto Rico, diferentes grupos de bonistas se alegan unos a otros la ilegalidad de su deuda. Mientras tanto, en Puerto Rico altos funcionarios firman acuerdos de confidencialidad con los bonistas, negocian a puerta cerrada y eliminan a toda prisa cualquier esfuerzo para poder auditar la deuda pública.

La Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda Pública de Puerto Rico comenzó sus trabajos el año pasado, contando inicialmente con la participación activa de miembros de las delegaciones PPD y PNP de la legislatura. Pero cuando la Comisión emitió sus primeros dos informes preliminares, algunos de espantaron al ver los señalamientos sobre la posible ilegalidad de ciertas emisiones, entre otras irregularidades. Algunos hallazgos fueron que posiblemente la deuda es inconstitucional y violaciones a las leyes federales y normas del Comisión federal de Valores e Intercambio (SEC, por sus siglas en inglés).

Pero la Comisión no era la única levantando cuestionamientos relacionados a la SEC. El presidente pro tempore del senado federal, el republicano Orrin Hatch, refirió al SEC en junio del 2016 alegaciones sobre posibles actividades ilegales por parte de inversionistas y funcionarios públicos. La presidenta de la legislatura municipal de la ciudad de Nueva York y demócrata, Melissa Mark-Viverito junto a un grupo de senadores de su partido también habían solicitado el mes anterior una investigación de la SEC sobre préstamos predatorios de parte de ciertos bonistas. Anteriormente en el 2014, la SEC repartió $883,200 en multas a 13 firmas por transacciones contrarias a la ley realizadas en Puerto Rico.

El año pasado la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) multó a la firma Morgan Stanley $170,284 y a Merrill Lunch por $6.2 millones más $779,999 en restituciones por por vender bonos municipales a  precios injustos y traqueteos con líneas de crédito, respectivamente. Mientras tanto, los bancos que cobraron sus comisiones sobre los bonos puertorriqueños se metieron en los bolsillos comisiones de hasta 9.01% mientras el promedio estadounidense es de 1.02%. Inclusive, ¡una tercera parte de todas las querellas de FINRA son de Puerto Rico!

Recientemente una investigación legislativa reveló un esquema donde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) emitió bonos, luego tomó un préstamo de la banca privada para pagar los intereses de dichos bonos, tomó otro préstamo al Banco Gubernamental de Fomento para pagar el préstamo a la banca, y el BGF, a su vez, emitió bonos para financiar lo anterior con la AEE emitiendo deuda nueva para pagarle al BGF. Otro estudio sobre el tema demostró en junio que a través de refinanciamiento tras refinanciamiento, casi la mitad de la deuda pública – o $33.5 billones – responde a la suma de intereses de una deuda real que no sobrepasa $4.3 billones. ¡Esto significa una tasa de interés de 785%! Actualmente, inversionistas esperan obtener 1,900% de rendimiento, ya que los bonos de refinanciamiento se están vendiendo por cinco centavos al dólar. Mientras tanto, el gobierno se prepara para recortes que economistas concuerdan empeorarán la crisis social y económica.

Sin duda, hay suficientes razones para proceder con una auditoría integral de la deuda pública. La Comisión de la Auditoría no solamente disfrutaba de amplios poderes investigativos, si no también una autonomía que sobrevivió intentos de parte del gobierno en destituir sus miembros; la facultad para referir casos a las autoridades pertinentes; y el deber de producir recomendaciones sobre cómo evitar que suceda cualquier señalamiento de nuevo. Es cierto que sus acciones probablemente crearán una avalancha de investigaciones, querellas, demandas y referidos, pero al final del día, tocará principalmente a la SEC y los tribunales repartir la rendición de cuentas.

Claro, hay muchos que se asustan con todo esto. Y por eso mismo es que una auditoría de este tipo tiene que realizarse una entidad autónoma como la Comisión de la Auditoría. Así que mientras Ricky Rosselló, Thomás Rivera Shatz y Johnny Méndez buscan la forma de imposibilitar la auditoría de la deuda, las agencias correspondientes siguen repartiendo multas con la poca información que le ha caído. La sobrevivencia de la Comisión de la Auditoría, en turno, se ha convertido en una batalla por el buen gobierno, y no uno de déspotas que conspiran, cooperan y encubren el saque financiero del país.

Por: Luis Gallardo

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