Han sido unos años difíciles para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y para una comunidad universitaria que se ha visto obligada a vivir recortes millonarios, huracanes, la pandemia del Covid-19 y que ha sido víctima de una telaraña burocrática que solo puede compararse con una historia de terror. No obstante, hay esperanzas.

El Proyecto del Senado 1536, para una reforma universitaria, y el Proyecto de la Cámara 2572, para establecer un sistema de retiro digno, buscan resolver o al menos disminuir la intromisión político partidista y asegurar el retiro para los empleados y jubilados de la UPR. Estos proyectos, que tendrán que esperar a ser considerados en la primera sesión ordinaria del próximo cuatrienio, son la punta de lanza actual para la defensa de una universidad herida. Entonces, para poder comprender la situación actual, hay que entender cómo surgen estos proyectos.

“Esta propuesta de reforma universitaria no es algo nuevo. Las gestiones e intentos para enmendar y modificar la ley universitaria se remontan a los años noventa y desde entonces varios grupos de trabajo han intentado desarrollar esta encomienda. No obstante, tenemos que decir que esta es la primera vez que logramos insertar un proyecto de reforma universitaria en la legislatura, el cual a su vez también ha sido la base del proyecto de retiro digno”, explicó Lida Orta, senadora académica del Recinto de Ciencias Médicas y miembro del Comité Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU).

El CMRU es resultado del antiguo Comité de Reforma Universitaria (CRU) el cual jugó un rol primordial en la huelga universitaria de 2017. Es mediante los esfuerzos del CRU que la legislatura asigna una investigación a fondo sobre la gobernanza universitaria y su situación fiscal, mediante la Resolución del Senado 55 de diciembre del 2017. Finalmente, en agosto del 2019 se establece la CMRU, organismo que cuenta con la representación del sector docente, no docente, estudiantil y comunitario de la UPR.

“En las vistas públicas de la Resolución 55 se reconoce públicamente las intromisiones político partidistas en la gobernanza de la UPR. Con este contexto, los esfuerzos del CMRU se vuelcan a lograr generar el Proyecto 1536 para la reforma universitaria, el que logramos radicar en la legislatura el pasado marzo”, expresó Orta.

No obstante, marzo resultó ser un mes complicado para dicho proyecto. El 16 de ese mes entró en vigor la orden ejecutiva que estableció el toque de queda en respuesta al Covid-19 y apenas una semana más tarde, el senador Abel Nazario, quien impulsó el desarrollo de una reforma universitaria para la UPR mediante la Resolución 55, fue encontrado culpable por fraude en el Tribunal Federal. Entonces, Axel “Chino” Roque sustituyó a Nazario como presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria.

Sin duda, el cambio de presidente en la Comisión de Educación del Senado dilató el proceso en cuanto al Proyecto 1536, pero las amenazas a la UPR no cesaban. El 30 de marzo, en medio de una pandemia, la Junta de Gobierno de la UPR (JG) liderada por Walter Alomar y Zoraida Buxó, ambos nombrados por el exgobernador Ricardo Rosselló, aprobó el Plan Fiscal en el cual se propuso trastocar el sistema de retiro.

“Cuando se gestan las enmiendas al Proyecto 1536 de reforma universitaria, no sabíamos que la Junta de Gobierno iba a intentar trastocar nuestro retiro. Alomar y Buxó decidieron transformar el sistema de retiro donde se asegura pensión de por vida a jubilados, a un sistema de contribución definida similar a una 401(K)”, relató Orta, también presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).

“Como respuesta a esta agresión, la representante Lourdes Ramos radica un proyecto para evitar el atentado contra el retiro de la UPR. No obstante, la gobernadora Wanda Vázquez vetó el proyecto, por lo que desde la APPU comenzamos una campaña agresiva dirigida a la legislatura para que utilizara sus poderes constitucionales y retara el veto de la gobernadora. Es así como la representante Ramos usa esto como pie forzado para radicar el Proyecto de la Cámara 2572”, narró Orta.

Es así como estos proyectos que buscan proteger la universidad pública han logrado acceso a la legislatura y ahora quedan a la espera de su aprobación en la próxima sesión ordinaria del siguiente cuatrienio, ya que la gobernadora Wanda Vázquez optó por excluirlos de la sesión extraordinaria, última sesión legislativa del cuatrienio.

“Todos estos eventos son ejemplos de lo que pasa en la UPR y nos hacen ver lo necesaria que es una reforma universitaria reduzca la intromisión político partidista en la universidad, y que nos permita reorganizar la administración universitaria para reducir la burocracia. A fin de cuenta, lo que importa es que se protejan los intereses de la comunidad universitaria y se proteja la educación superior pública, accesible y de calidad”, concluyó Orta.

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