Partamos de una verdad: la reforma laboral implementada en Puerto Rico es muy buena para una parte de la sociedad. Por supuesto, en esa parte se encuentran sus ardientes defensores y defensoras. Incluso, plantean que hace falta otra más agresiva, más limitante. Por esa línea va el Sr. Manuel Cidre, secretario designado de Desarrollo Económico.

A esa verdad le añado una premisa innegable: es muy buena para una parte de la sociedad pero no para la mayoría. También ese detalle es irrefutable, ahí está el asunto que nos debe ocupar.

Cuando se aprobó la reforma laboral, bajo la gobernación de Ricardo Rosselló, se advirtió que si bien complacía a unos sectores económicos muy particulares. la misma tendría un efecto fatal sobre los derechos, beneficios y la calidad de vida de la clase trabajadora, sobre todo aquella que no está protegida por un convenio colectivo. En aras de la supuesta “competitividad” y de “salvar” la economía, la reforma laboral desmanteló toda una estructura de legislación y protección laboral que garantizaba precisamente derechos, beneficios y las herramientas mínimas para prevenir despidos injustificados y acciones injustas de los patronos. No digo que antes de la reforma laboral existía un mundo ideal para los trabajadores y trabajadoras, pero al menos existía un marco mínimo del que sujetarse y, sobre todo, mejorar.

La reforma laboral fue ese sueño mojado de unos sectores empresariales del país y sus aliados que se hizo realidad por vía del gobernador Rosselló y que la legislatura aprobó sin contemplaciones. Claro, con la oposición de las organizaciones obreras que montamos piquetes, marchas, campañas de orientación a nuestras matrículas y otras manifestaciones de repudio a esa legislación.

Si en los llamados “tiempos normales”, la reforma laboral resultó fatal para los trabajadores y las trabajadoras, con la pandemia, la situación se agrava mucho más. Experimentamos un cambio radical en muchos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo un impacto significativo en la naturaleza del trabajo.

El empobrecimiento de las familias, la inseguridad laboral, la tensión enfermiza ante la incertidumbre de la época, la soledad, el desempleo, el “tecnoestrés”, la autoexplotación, el confinamiento, la amenaza de mayores medidas de austeridad, la decepción y el cansancio extremo son la orden del día para cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Particularmente para las mujeres quienes, tal como se ha estudiado y evidenciado, representa el sector poblacional con mayor carga de trabajo en este contexto.

Cuando escuchamos la experiencia de muchas mujeres lidiando con las exigencias de su(s) trabajo(s) y simultáneamente con la educación de los hijos en casa y todo lo que eso implica, con el cuidado de ancianos y demás familiares dependientes y con el pago de deudas mensuales –por citar solo unos pocos aspectos– se constata el drama humano que vivimos día a día. Que el marco de acción de tal drama tenga como referentes la precarización y el despojo de derechos laborales pues le agrega mayor desolación a esa realidad.

Ahora que la legislatura se presta a evaluar una nueva propuesta de reforma, nos urge una política laboral que considere justamente a los trabajadores y trabajadoras en todas sus dimensiones. Necesitamos una reforma laboral que también esté pensada en las necesidades de la clase trabajadora.  No necesitamos parchos ni aguajes para generar publicidad sino una política que redefina las relaciones laborales y las atempere al siglo XXI. Que viabilice una mejor calidad de vida y no la explotación cada vez más salvaje de seres humanos que ya no viven sino apenas sobreviven.

*La autora es vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueños de Trabajadoras y Trabajadores.

Sobre Karen De León Otaño