Organizaciones y ciudadanos reclaman al gobierno acción urgente para atender el impacto del cambio climático y piden acción de parte del gobierno de Pedro Pierluisi mediante Declaración por la Crisis Climática.

La Declaración lleva 10 reclamos por la crisis climática incluyen: una política pública transversal sobre cambio climático; nombramientos de personas comprometidas con la justicia climática; actualizar leyes para mitigar esta crisis; adoptar una Ley de Costas; fiscalizar contratos para evitar conflictos con metas ambientales; transformación hacia una economía sostenible; generar empleos para restaurar bienes naturales; planificación del suelo acorde a la crisis climática; participación ciudadana; compromiso con energía renovable, protección de costas, sistemas estuarinos, terrenos agrícolas  y detener la tala de árboles.

Según los portavoces del grupo, la Declaración por la Crisis Climática está disponible en internet, accediendo a la dirección https://forms.gle/mwh6g9CDBsxmy5in8.

Erika Fontánez Torres, profesora de derecho y una de las portavoces de la iniciativa Acción Climática Ahora, expresó que “en los últimos años hemos vivido mucha angustia por el impacto de huracanes, inundaciones, sequías y altas temperaturas sin precedentes. Todo eso está relacionado con el cambio climático que seguirá impactando nuestras vidas. Esta crisis no puede ignorarse más”.

El calentamiento global y la crisis climática que genera impactan directamente la salud, las viviendas, los empleos, la seguridad alimentaria, entre otros asuntos que se destacan en la declaración firmada por más de 400 profesionales, científicos y organizaciones comunitarias que se unieron a este llamado.

Entre las organizaciones firmantes se encuentra Clinicians For Climate Action Puerto Rico, Sierra Club, el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, Ciudadanos del Karso, El Puente, Fundación Segarra Boerman, Ayuda Legal y una diversidad de personas como bomberos, pastores y líderes ecuménicos, psiquiatras, maestras y planificadores. La doctora Gredia Huerta Montañez, pediatra y una de las fundadoras de Clinicians for Climate Action Capítulo de Puerto Rico, destacó que “son muchos los estudios que vinculan directa e indirectamente la crisis climática con la salud humana, especialmente a la niñez en todas sus etapas de desarrollo. Esto es asunto de todos”.

La planificadora Lyvia Rodríguez del Valle resaltó que estamos en un momento único para tomar acción. El presupuesto para el próximo año fiscal debe reflejar que se están asignando recursos adecuados para las acciones necesarias, en todas las áreas, tomando en cuenta el impacto del cambio climático. “Tenemos una coyuntura única: millones de dólares en fondos de mitigación para infraestructura, investigación, creación de bases de datos y recuperación. El uso de estos fondos requiere un hilo conductor con el tema climático y la justicia social. No podemos desperdiciar millones de dólares en acciones que luego serán deshechas por la crisis climática”, señaló Rodríguez del Valle.

Los portavoces de la iniciativa apuntaron a que un punto esencial de los reclamos que la planificación del uso del suelo debe responder a la sostenibilidad frente a la crisis climática. “No es posible decir que se está atendiendo la crisis climática a la vez que se dilapida nuestro suelo, sin un modelo territorial adaptado al cambio climático y sin una política uniforme de manejo de riesgo. Por esto uno de nuestros reclamos es que se derogue el Reglamento Conjunto de Permisos aprobado y comenzar un proceso amplio para un reglamento nuevo a tono con lo aquí expuesto”, indicó Pedro Cardona Roig, planificador y arquitecto.

Uno de los puntos destacados en la declaración fue la necesidad de proteger las costas y en particular las áreas que funcionan como barreras naturales costeras. “Ya vemos el impacto del aumento en el nivel del mar en nuestras costas. En otros lugares se están preparando para proteger las costas mientras aquí se continúa construyendo en la zona marítimo terrestre. Es hora de que el gobierno detenga la destrucción de nuestras costas y playas de una vez y por todas porque ya se está haciendo tarde. No solo se perderá la propiedad privada. Nuestras playas arenosas y la infraestructura pública esencial también están en peligro”, enfatizó Ruperto Chaparro Serrano, director de Sea Grant Puerto Rico.

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