Hace años experimentamos los traqueteos continuos de políticos corruptos y sus partidos como algo trágicamente normal. Tanto es así que existe una percepción generalizada de que todas las y los políticos roban o lo harán tan pronto tengan la mínima posibilidad.

La corrupción es un problema sistémico, han señalado expertos y expertas, porque se ha enraizado en los hábitos del funcionamiento de los aparatos públicos, es decir, de agencias, partidos políticos y las administraciones de gobierno a todos los niveles.

La falta de transparencia suele ser una de las circunstancias señaladas como propiciadoras de esa dinámica de la corrupción. La opacidad en los trámites de la administración pública constituye un ámbito ideal para los políticos corruptos y las maquinarias partidistas que le sirven de plataforma operacional y red de apoyo. La sensación de impunidad es otra de las circunstancias que alimenta la corrupción. Por si fuera poco, persiste una idea/tentación poderosa de que el traqueteo efectuado amerita el sacrificio del castigo que podría implicar. Como ejemplo, y marcando el límite de lo obsceno, son varios los políticos que luego de cumplir cárcel por delitos de corrupción devienen en comentaristas y analistas en programas de radio y televisión.

Tanto la falta de transparencia como la sensación de impunidad son moneda común en Puerto Rico. De hecho, lo mismo el PNP como el PPD, siempre aluden a la transparencia como una meta a lograr, cuando realmente ambos partidos son los partícipes de la llamada cultura de la corrupción al alternarse el poder desde hace décadas. El cinismo alcanza niveles grotescos al saber que ni siquiera el sistema de justicia local es una amenaza para esos políticos pues controlan todo su entramado.

No obstante, de los elementos que más llaman mi atención de esa cultura de la corrupción es el grado de aceptación que se percibe en gran parte del electorado. No solo es preocupante sino un verdadero enigma. De los partidos que se alternan la administración pública, y la clase política que los manda, solo podemos esperar que sigan comportándose como hasta el momento. Son maquinarias corruptas y por inercia necesitan sus áreas de influencia y operación para subsistir. ¿Pero las y los electores no se cansan? ¿No se rabian? ¿No están dispuestos a poner un límite? ¿No les afecta el pillaje? ¿No les parece perturbador?

Tomemos de ejemplo lo sucedido en Cataño. El alcalde, apenas en su segundo término como funcionario electo, se convierte en el eje central de todo un esquema de corrupción que, según se ha revelado, implica a otros municipios. Sin mayor dilación, el PNP decidió llenar la vacante con alguien escogido internamente. Sepultaron el tema, aun cuando pequeños sectores de la ciudadanía exigieron una elección, aunque de manera bastante tímida. Nuevamente, el partido en el poder se sale con la suya. En la práctica se convierten en dueños del municipio y su presupuesto asumiendo un papel de complacencia y negación, puro engaño.

Pero en Guaynabo es peor pues revela el ángulo más siniestro y violento de la corrupción gubernamental. Ángel Pérez sustituyó a Héctor O’Neill, quien fuera alcalde por veinticuatro años. O’Neill renunció a su puesto ante acusaciones de hostigamiento sexual y violencia de género de una empleada. Se declaró culpable. Ante la vacante, Pérez se presentó a la primaria del PNP promoviéndose como una alternativa distinta contra la maquinaria partidista representada en aquella ocasión por el senador Carmelo Ríos. Es decir, Pérez se proyectaba como un nuevo comienzo para la ciudad ante los escándalos que se ventilaron sobre O’Neill. Sin embargo, tiempo después fue arrestado por las autoridades federales por una acusación relacionada al recibo de sobornos y de extorsión. Llevaba pocos años en la alcaldía y era presidente de la Federación de Alcaldes.

Fotos suyas, presuntamente recibiendo dinero en un sobre, circularon por medios noticiosos y redes sociales. De hecho, el esquema de corrupción del que se le acusa tiene lazos directos con el de Cataño.

Tras el arresto de Pérez vino otra elección. Al igual que en Cataño voces ciudadanas pidieron rápidamente una elección general. Más allá de lo que establece el Código Electoral, para muchos y muchas resultaba insostenible que fuera el propio partido, o incluso las y los electores adscritos al PNP, quienes eligieran un nuevo alcalde y más ante el escenario repetido de señalamientos de corrupción. Al amparo oportuno de lo que establece la ley, el PNP ignoró la petición y se convocó una primaria. Al principio llovieron los y las candidatas pero poco a poco fueron quedando en el camino. A estas alturas ya conocemos el resultado. A pesar de la baja participación en el proceso, se impuso el favorito.

Edward O’Neill, nuevo alcalde Guaynabo, indicó que vendría a reivindicar a su padre a quien, de hecho, no descarta tener a su lado como una suerte de asesor. Así la maquinaria partidista y corrupta se impone con todas sus violencias. Fue el propio secretario general del PNP quien marcó la pauta discursiva al decir, con la tranquilidad y seguridad, que el enorme privilegio le concede, que los asuntos personales de Héctor O’Neill para nada debían asumirse como una interferencia a la candidatura de su hijo. Asuntos personales, dijo el también senador Ríos, aludiendo a los casos de hostigamiento y violencia de género que tuvo el alcalde.

De tal manera se impuso la maquinaria partidista, despejando el camino, poniendo al candidato que le era favorable y, de paso, ignorando las aspiraciones democráticas de la ciudadanía y la deseabilidad de una sana administración pública. Las maquinarias corruptas trabajan para ellos mismos. Es el problema sistémico. Se defienden ellos mismos. Se protegen ellos mismos. Me sigo preguntando: ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? ¿hasta cuándo seguiremos haciéndonos de la vista larga?

Espero que pronto la indignación nos mueva.

Sobre Karen De León Otaño