En los últimos tres años, al menos 26 personas han muerto por abuso de fuerza policial en Puerto Rico. El asesinato reciente de George Floyd en Estados Unidos, un hombre negro y desarmado, ha provocado que se reanude la discusión sobre el uso de fuerza desproporcionada por parte de la policía.

En este contexto, la organización Kilómetro Cero propone que se establezcan ciertos procedimientos para evitar los excesos y las acciones ilegales por parte de esta agencia, entre los cuales se destaca involucrar a profesionales de la salud en casos de violencia contra grupos vulnerables.

En Puerto Rico, contrario a Estados Unidos, no existen entidades independientes que supervisen ni investiguen las acciones ilegales o excesivas que causan muertes por uso de fuerza de la Policía en nuestro país. En los siete años desde la “Reforma de la Policía” no se han visto los frutos en la ejecución del trabajo policiaco, más allá de la serie de políticas escritas que se han aprobado.

Según dicha Reforma, las personas deben querellarse contra los agentes en la propia agencia, lo cual no ofrece un proceso justo y neutral sino que produce investigaciones sin rigurosidad alguna, según expresado recientemente por el propio monitor federal de la Policía.

La Policía de Puerto Rico tiene un largo historial de violaciones de derechos civiles, maltrato y abuso contra la ciudadanía. Durante el 2019, a pesar de estar en una reforma ordenada por el Tribunal Federal de Estados Unidos, la policía intervino violentamente con al menos 53 manifestantes en las protestas de #RickyRenuncia. Más recientemente exhibieron la misma conducta contra manifestantes de #WandaRenuncia, ni están accesibles los datos sobre la cantidad e intensidad de los incidentes de uso de fuerza y las personas que mueren en ellos.

A continuación, el informe que rinde Kilómetro Cero, divulgado por su directora ejecutiva, Mari Mari Narváez, sobre su agenda para la reforma inmediata de la Policía:

Entendemos que no existe una cultura de grabar las intervenciones fatales de los agentes de la seguridad pública y desde que se aprobó la ley PROMESA, las reclamaciones judiciales civiles contra el Estado se han limitado extraordinariamente, logrando incluso su paralización a raíz de que aún no se ha resuelto la reestructuración de la deuda pública del País.

Las 22 muertes en Puerto Rico hasta 2019 implican que, por cada millón de habitantes, 3.44 individuos murieron a manos de la Policía. Esa tasa coloca a Puerto Rico entre los estados de Virginia (3.46) y Delaware (3.09) y por encima de muchos estados del Este de EEUU.

Peor aún, a los responsables de estas muertes en Puerto Rico no se le han radicado cargos criminales, ya que cada vez que un agente mata un ciudadano, el Estado argumenta que fue en “legítima defensa” y los fiscales no someten los cargos.

Propuesta de solución

Por esto entendemos que es buen momento para que la ciudadanía revise la sección CUÉNTAME, referente a nuestro sistema de monitoreo de muertes por uso de fuerza de la Policía en Puerto Rico.

Si bien la violencia de Estado, así como las dinámicas raciales y de clase tienen su propio contexto social y político en Puerto Rico, el sistema de injusticia, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la perpetuidad de la impunidad son situaciones que están en un estado de mucha más precariedad en nuestro país.

Puerto Rico necesita una Policía profesional, constitucional, con perspectiva de derechos humanos y que sirva solo en los ámbitos estrictamente necesarios de la seguridad pública.

Por tal razón, abogamos por:

1. Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva e impropia de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas debe llevarlas a cabo una entidad autónoma de la Policía con amplia participación ciudadana y peritaje técnico, como ocurre en cientos de ciudades y países en todo el mundo. Las investigaciones criminales debe efectuarlas una fiscalía especial para delitos de funcionarios de seguridad pública.
2. Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
3. Legislación que regule el uso de fuerza de los agentes de la seguridad pública.
4. Procesos rigurosos de supervisión del uso de fuerza en la Policía de Puerto Rico a nivel interno.
5. Transparencia absoluta en la información.
6. Creación de un sistema de respuesta de emergencias (911) que NO envuelva automática y exclusivamente a la Policía para atender casos de grupo vulnerables como por ejemplo, personas con la salud mental comprometida, personas en situación de violencia doméstica, personas sin hogar, niños y niñas, entre otros. Esta respuesta debe envolver a especialistas como trabajadores sociales y profesionales de la salud. Si eso existiera en Puerto Rico, Anthony Maldonado Avilés, joven con epilepsia, no habría sido asesinado por la Policía de Puerto Rico el año pasado. Tampoco Giovanni Rivera Reyes, persona con esquizofrenia. En Kilómetro Cero abogamos por desplazar recursos económicos de la Policía hacia este sistema de respuesta social. Exigimos se dispongan los recursos para ofrecer una verdadera respuesta de emergencia a nuestras personas más vulnerables.

 Casos en Puerto Rico

El argumento de legítima defensa fue utilizado por las autoridades en el caso de Edgardo Torres Gómez, guardia de Corrección asesinado en Arecibo por el Agte. José López Sánchez de la Policía de PR el 5 de mayo de 2019. Según la versión de la Policía, López Sánchez y Edgardo Torres sostuvieron una discusión de carro a carro por este último alegadamente manejar en zig zag.

Ambos se bajaron de sus vehículos cerca de la Avenida Catalina Santiago frente al Atlantic Office School Supply en Arecibo. López Sánchez le dio comandos verbales identificándose como agente de la Policía y pidiéndole que tirara el arma, que tenía en su cintura, al piso. Torres Gómez, quien tenía facultad legal para portar su arma de reglamento, no respondió a su petición y el Policía le disparó varias veces hasta matarlo.

Según un familiar de la víctima, Edgardo Torres y el agente José López Sánchez se conocían, detalle que la Policía de PR nunca reveló públicamente. López Sánchez fue visto manoteando ante el carro de Edgardo Torres esa noche.

Un testigo nunca vio al guardia de Corrección sacar el arma o disparar. Los policías que llegaron a la escena confirmaron a la familia que Edgardo nunca utilizó su arma de reglamento. Se desconoce cuál era el peligro inminente que justificara que el agente López Sánchez disparara hasta matar a Edgardo Torres pero la fiscalía decidió no radicar cargos criminales contra López Sánchez.

Lo mismo ocurrió en el caso de Francisco Manuel Marrero Noa, de 35 años, quien no portaba arma de fuego. Francisco y su pareja tuvieron una discusión con una mujer policía que compartía con sus compañeros fuera de horas laborales. La discusión se convirtió en un forcejeo entre los agentes y Francisco (hay quienes afirman que los policías le propinaron una golpiza) y, luego de la confrontación, Francisco se retiró del negocio. Cuandol entró a su auto y, al retroceder, impactó a un ciudadano accidentalmente. Este sufrió heridas muy leves.

Sin embargo, dos de los policías respondieron disparándole a Francisco 8 veces “en defensa propia” y en “defensa de terceros” porque alegadamente este los iba a atropellar. Al momento, no se ha informado que se hayan radicado cargos contra los agentes responsables de las muertes. Evidentemente sigue existiendo una cultura de impunidad entre los agentes de ley y orden. En una sociedad que aspira a llamarse democrática, esto es inadmisible.

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Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, la libertad y la dignidad, para una sociedad más justa y democrática. Como parte de sus áreas programáticas, realiza investigaciones periódicas sobre violencia del Estado, documenta casos y aboga por la reducción del uso de fuerza y la represión  del Estado.

#FueLaPolicia # OjoAlEstado #LaPoliciaEstaParaProteger #NoParaMatarnos

Sobre José Samuel Coss Charriez