El modelo tradicional de solicitar obras y servicios del gobierno es el siguiente: coincide un grupo de residentes, hacen una cita con la oficina del alcalde o legislador, plantean sus necesidades; solicitan que se realice alguna obra al respecto; y esperan para que se lleve a cabo dicha obra, si es que se va realizar. Obviamente hay varios factores que pueden ayudar o impedir un proyecto, como es la conocida pala, la afiliación electoral de los solicitantes y el beneficio que podrá asegurar el candidato o político electo. Al final del día, es un proceso que fomenta la dependencia, da lugar al clientelismo y fortalece al poder actual que tienen los políticos sobre nuestras vidas. Este tipo de gobierno tradicional no da para más. Cumplió su función durante el siglo pasado y ya no tienen más capacidad para distribuir los fondos públicos de manera eficiente y justa. La norma del día son las obras sin terminar, elefantes blancos y contratos inflados. Es frustrante tener que pagar más impuestos por un lado, pero por el otro lado ver menos obras y servicios.

Hasta ahora, muchos electores están acostumbrados a este tipo de gobernanza. Los políticos, usualmente durante la campaña eleccionaria, hacen sus caminatas, escuchan las necesidades e intereses del pueblo y hacen sus promesas. Quizás se comprometen con una pista de caminar, asfaltar las carreteras, un trabajito de verano para los jóvenes del barrio. Luego, los políticos son juzgados por su habilidad de cumplir con dicho modelo, con los que logran repartir tocineta logrando la reelección. Esto causa un problema para los políticos que se encuentran en minoría, ya que no tienen acceso a los cofres del gobierno y no tienen para comprar votos para tiempos de la elección. Los “mejores” políticos, o por lo menos, los más queridos, son los que saben sincronizarse con estas reclamaciones y ejecutarlas. Pero al final del día es el político escoge lo que cree que es mejor para los demás, sin consultar a sus constituyentes de manera directa. Son pocos los políticos que han adoptado una filosofía de facilitador; abriendo las puertas del gobierno y creando espacios para que los mismos ciudadanos pueden participar de manera directa en la toma de decisiones. Sin embargo, esta no es la única forma de gobernar.

Aunque en Puerto Rico no abundan los mecanismos que permiten a sus ciudadanos participar activamente en la administración pública de manera democrática y directa, existen alternativas progresistas que fomentan formas más democráticas para gobernar, como son los presupuestos participativos. Se ha dicho que el mayor grado de participación ciudadana en los procesos gubernamentales, incluyendo los presupuestarios, no solo mejora la eficiencia y calidad de los procedimientos de toma de decisiones, sino que tiene un efecto de apoderamiento ciudadano. La participación implica no solo transferir responsabilidades públicas a los ciudadanos, sino un aumento “en el control ciudadano del Estado, y mejorar la capacidad del ciudadano común a entender y decidir asuntos que afectan su vida”.

Los presupuestos participativos no son realmente de nueva creación. Su versión más reciente, se ha implantado con éxito en Brasil desde finales de la década del ochenta. El procedimiento para crear un presupuesto participativo normalmente se desarrolla a través de asambleas, reuniones y votaciones de residentes y/o comités de delegados en los que la ciudadanía puede incidir de forma organizada en las decisiones del gasto público. Estos procesos se pueden dar a diferentes escalas de la organización gubernamental, por ejemplo a nivel de comunidad, ciudad o municipio. Han sido implantados con éxito en ciudades como Nueva York, Toronto, San Francisco, y Londres, entre otras.

En Puerto Rico, este año pasado se llevó a cabo, por primera vez, un proyecto de presupuesto participativo en el Municipio de San Juan. También se presentó legislación, a través de su Asamblea Municipal, para implantar este modelo en el Municipio de Aguas Buenas. En San Juan, el presupuesto participativo consistió en asambleas comunitarias, en las cuales los residentes identificaron sus necesidades y preferencias en la inversión municipal en su comunidad, seguidas por reuniones de los delegados comunitarios con personal del Municipio para darle forma, determinar su viabilidad y establecer el presupuesto para cada proyecto. Luego de completado este proceso, los residentes de la comunidad escogen, a través del voto directo, los proyectos en los que se van utilizar los fondos presupuestados por el Municipio para su comunidad. En la etapa final del presupuesto, los residentes dan seguimiento a que se concreten los proyectos seleccionados para su comunidad.

El Pro bono de la Unidad de Trabajo Comunitario tuvo el placer de servir de observador y facilitador en la asamblea de elecciones del presupuestos participativos celebrada recientemente en el Residencial Luis Lloréns Torres de San Juan. En el caso de Lloréns, la comunidad eligió construir un parque lineal que uniría todos los sectores del Residencial, un centro para la vejez, un huerto comunitario y una escuela de música.

Siguiendo el ejemplo de Lloréns, resulta interesante que, muchos de los proyectos que podrán nacer de una comunidad pueden parecer pequeños, pero con capacidad de lograr grandes resultados a largo plazo. Por ejemplo, un programa para la rotulación de las calles de un sector permitiría al ciudadano recibir mejores servicios de envíos, ambulancia y bomberos; la demolición de un edificio abandonado podría eliminar un hospitalillo o punto de droga; la instalación de una cisterna en la escuela elemental podrá evitar que los padres tengan que pedir un día libre del trabajo para recoger a sus hijos cuando se va el agua. Son estos – y no necesariamente los megaproyectos que rompen las arcas municipales – que atienden la calidad de vida diaria. Estos son algunos de los proyectos que podrán surgir de una asamblea de presupuesto participativo y que podrían ser descartados por los gobiernos municipales y estatales por resultar poco vistosos.

Las y los electores son sabios y conocen muy bien cuáles son sus necesidades y las soluciones para remediarlas. Los Presupuestos Participativos pueden ser el próximo paso en el desarrollo de la democracia y administración pública. Estos proyectos también tienen el potencial de romper ese modelo tradicional paternalista y abrir espacios nuevos y más efectivos de participación ciudadana. No obstante, hay que seguir expandiendo el programa, buscar formas de institucionalizarlo y aumentar cada año la porción de los presupuestos gubernamentales destinados a éste. Así, quizás, un día la función principal de los funcionarios electos sea la implementación de los Presupuestos Participativos.

*Luis Gallardo es un legislador municipal para el Municipio de Aguas Buenas y Verónica González Rodríguez es voluntaria de la Cumbre Social.

Sobre Luis Gallardo Rivera y Verónica González Rodríguez