No hay que decirlo. Es evidente el desastre en planificación del Gobierno con respecto a la prolongación y profundización de la crisis humanitaria que se vive en el sur.  Más de 4,000 personas siguen en refugios donde quedan muchas preguntas y muy pocas respuestas. Resulta evidente que el Gobierno no tiene una propuesta concreta, más allá de extender la vida de las carpas en terrenos inundables.  Ante ello solo una pregunta retumba en mi mente: ¿Hasta cuándo continuará así?

Es importante esta pregunta, porque en la medida en que el Gobierno no dé respuestas, la crisis se piensa a perpetuidad. Implica un después, una espera, una excusa más. Insistir en el hasta cuándo es crucial, porque lo que viene sucediendo en el sur es un crimen social. Urge hacer más.  Urge política pública que atienda el después de las carpas. Urge voluntad política.

Resulta repudiable que en nuestro país coexistan miles de personas en crisis humanitaria y cientos de casas re poseídas en óptimas condiciones. Nos toca mirarnos al espejo y como sociedad brindar respuesta.  Esta respuesta debe incluir la acción social comunitaria acompañada de la acción gubernamental. Hay un límite a la posible ayuda que se puede brindar mediante caravanas de suministros. Son necesarias. Son admirables. Muestra las profundas raíces de solidaridad en nuestra conciencia como pueblo, pero no resuelve el problema estructural de la vivienda. Para ello hace falta acción gubernamental y una inyección de capital que difícilmente se consigue mediante las caravanas de suministros. Pensarnos en un país cuyo futuro integra temblores significa adentrarnos en la creación o implementación de códigos de planificación, de construcción, de manejo de emergencia, de protección ambiental, de vivienda y de humanidad, donde la política gubernamental juega un papel protagónico.

¿Qué ocurrirá con las escuelas públicas comprometidas estructuralmente? ¿Las cerrarán para vender a precio de pescado abombado? ¿Permitiremos que la Junta de Control Fiscal y los bonistas continúen ahorcando el presupuesto poniendo por encima de todo el pago de la deuda? ¿Dejaremos a merced de los bancos y de las aseguradoras a quienes lo perdieron todo pero aún le llega la notificación del pago de hipoteca? ¿Permitiremos que en el proceso se lleven a cabo acciones de ejecución contra las familias refugiadas? ¿Descansaremos en el trabajo de abogados “pro bono” u organizaciones no gubernamentales ante la carencia de un derecho a tener representación en lo civil?

¿Dejaremos como única opción para quienes lo perdieron todo el refinanciamiento de su propiedad y la adquisición de una deuda más? ¿Cuáles serán los parámetros de ese proceso? ¿Se lo dejaremos a prerrogativa de los bancos? Mientras se mejora la infraestructura, ¿qué ocurrirá con los refugiados? ¿Continuarán durmiendo en carpas hasta que ellos mismos resuelvan? ¿Qué ocurrirá con el patrimonio histórico y cultural afectado? ¿Hay un plan de conservación o les expondremos a un mayor deterioro y destrucción irreversible?

La ansiedad que vivimos no es meramente porque la tierra continúa temblando, como naturalmente ocurrirá. La ansiedad surge ante la magnitud de las preguntas que aún hoy continúan sin respuestas. La errática actuación del gobierno  en las pasadas semanas, es muestra suficiente de la necesidad de un gobierno distinto el cual pueda atender la crisis humanitaria. Urge presionar para que comiencen a existir ciertas garantías, ciertas contestaciones a las preguntas con las cuáles nos levantamos a diario.

Urge exigir un techo seguro transitorio para las personas refugiadas. Esto no necesariamente significa la relocalización. Urge legislar una moratoria mínima de dos años en el pago de la hipoteca de las casas afectadas a causa de los temblores. Dicha moratoria debe garantizar que no se acumularán intereses mientras la moratoria cobre vigencia y que no se tendrá que pagar de manera abrupta lo adeudado en la moratoria como sucedió pos María.

Urge delinear política pública de apoyo para aquellas personas que se vean forzadas a refinanciar su préstamo para reconstruir su propiedad. Los parámetros, términos y condiciones no pueden dejarse a merced del sector financiero. Urge coordinar fondos para el apoyo legal en el ámbito civil. Urge traer sobre la mesa propuestas de vivienda cooperativa y vivienda social como alternativas ante la pérdida masiva de hogares.

Debemos pensarnos más grandes que eso. Urge pensar soluciones más allá del hechapalantismo individual que tanto pregonan los medios. Ese hechapalantismo solo le hace el juego a quienes no sufren el diario vivir.

Sobre Francisco Santiago Cintrón

Natural de Guayama, Puerto Rico, Francisco Andrés Santiago Cintrón cursó estudios de ciencias políticas y relaciones laborales para luego completar estudios en la Escuela de Derecho en la Univers