Los periodistas Sandra Rodríguez Cotto y Rafaelli González Cotto acudieron a la Corte Federal del distrito de Puerto Rico para retar la constitucionalidad de la Ley 35-2020, argumentando que la misma coarta el derecho a la libertad de prensa según consagrada en la Constitución de los Estados Unidos (EEUU). La demanda sometida el pasado 20 de mayo aun no ha sido atendida en su fondo.

“El Tribunal no ha emitido decisión ya que primero está pasando juicio sobre si las demandantes tienen legitimación activa para demandar. El Estado ha alegado que las partes no han sufrido un daño claro y palpable por dicha ley, por lo que no y tendrían legitimación o ´standing”, explicó William Ramírez, abogado de la parte demandante.

La Ley 35-2020 según aprobada el 6 de abril de 2020, enmienda la Ley 20-2017, Ley de Seguridad Pública de Puerto Rico, para criminalizar el transmitir noticias o información falsa a través de las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación masivo, con la intención de crear confusión, pánico o histeria colectiva.

“Claro que esto limita la libertad de prensa ya que el gobierno podría tomar acción penal contra el reportero por información falsa, pero estamos en unos momentos que hay que hacer pública la información que entienden que es de una fuente confiable y tendría impacto social. Si el gobierno entiende que es falsa, te acusaría”, expuso Ramírez.

Dicha ley dispone una sanción de cinco mil dólares ($5,000) o pena de reclusión de seis meses, lo que ha provocado temor no solo entre periodistas sino también a las personas que sirven como sus fuentes de información.

“Entendemos que los periodistas sí tienen legitimación pues sus fuentes ya no son tan abiertas a proveerles información por miedo a repercusiones penales, lo que limita el acceso a la información por parte de los periodistas. Esto también implica que para poder demandar, los reporteros tendrían que revelar sus fuentes”, formuló Ramírez, también director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ACLU) capítulo de Puerto Rico.

“Aquí lo que esta en juego es el derecho del pueblo saber lo que está haciendo el gobierno, sabemos bien que el gobierno esconde todo y que no lo van a decir”, añadió Ramírez.

Los efectos de esta ley podrían reproducir la situación ocurrida con el pastor José Luis Rivera Santiago quien fue acusado de esparcir información falsa sobre el cierre de negocios en respuesta al Covid-19 mediante la plataforma de WhatsApp.

El gobierno alegó que dicha comunicación provocó tumultos en los supermercados. No obstante, el 7 de mayo de 2020 el Tribunal de San Juan concluyó que el ministerio público no logró establecer causa probable para procesar a Rivera Santiago bajo dicha ley. Eventualmente, la gobernadora Wanda Vázquez estableció mediante orden ejecutiva el cierre de negocios, validando la información expuesta por el ministro.

“Entonces debemos preguntarnos: ¿cuándo la ley es inconstitucional de su faz, porqué hay que esperar que se cause un daño? El derecho de la prensa no es nada más que el derecho del pueblo a saber y conocer los acontecimientos importantes que faciliten la forma de que el pueblo tome sus decisiones”, puntualizó Ramírez.

“En cuanto al futuro del caso, entendemos que existen dos posibilidades. Si el juez resuelve que no hay legitimación activa, tendríamos que ir al primer circuito en apelación. Si el juez resuelve que sí hay legitimación activa, el Estado seguramente apelaría en el primer circuito de Boston. De una forma u otra, entendemos que es inevitable terminar en Boston”, concluyó Ramírez.

Sobre José Samuel Coss Charriez