La organización Una Sola Voz denunció la intención de un grupo de empresarios privilegiados acogidos a las leyes 20 y 22 que buscan impugnar en los tribunales el aumento de $5,000 a la tarifa que se les exige por radicar sus informes anuales ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Esta nueva contribución beneficia de forma específica a las organizaciones que prestan servicio a las comunidades pobres.

Según alegan los empresarios agrupados en la 20/22 Act Society, este impuesto viola los términos de sus decretos contributivos. El pasado 16 de abril entró en vigor la Ley Núm. 40-2020, cuya función era aumentar de $5,000 a $10,000 la aportación de los negocios exentos en Puerto Rico, que operan bajo el decreto de la Ley 22-2012.

Según dispone la ley de la autoría del representante Antonio Soto, las aportaciones estarían destinadas a entidades sin fines de lucro cuyos  servicios estén dirigidos a atender la erradicación de la pobreza infantil en Puerto Rico.

Ante esta situación, el Movimiento Una Sola Voz envió una carta a más de 200 organizaciones que atienden la pobreza infantil, buscando hacer frente a la posición de los empresarios.

“Estaremos haciendo un pronunciamiento público”, dice la misiva, “que alerte al país sobre las pretensiones que persigue esta entidad al intentar invalidar esa contribución que le exige la ley y las implicaciones que tendría para las 216 organizaciones sin fines de lucro incluidas en esta  comunicación, que integran la lista del análisis realizado por la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario (CECFL), como posibles beneficiarias de estos fondos”.

El Movimiento Una Sola Voz exhorta al público a manifestarse en favor de que se mantenga en vigor la Ley 40-2020 tal como fue aprobada. Una Sola Voz  agrupa a 140 organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria y trabaja para visibilizar la gestión de las organizaciones que ofrecen servicios sociales en la isla.

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