El 1 de agosto de 2023 el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump fue acusado en un Tribunal en Washington con cuatro cargos criminales por delitos relacionados con los sucesos ocurridos en la capital federal el 6 de enero de 2021. En aquella ocasión, manifestantes en apoyo a Trump irrumpieron por la fuerza en el Capitolio de los Estados Unidos con el propósito de impedir la certificación de Joseph Biden como presidente de dicho país.

Como resultado de los sucesos, más de 700 personas fueron acusadas por distintos delitos asociados con la destrucción de propiedad pública, agresión a funcionarios del gobierno y entrada ilegal o no autorizada a áreas restringidas de la estructura.

En aquella ocasión uno de los grupos vinculados al ex presidente, bajo la consiga “Save America”, marcharon desde el parque “La Elipse” localizado en los predios cercanos a la Casa Blanca, a través de la avenida Pennsylvania, hasta el Capitolio de los Estados Unidos. Desde otras localidades cercanas al edificio otros manifestantes también marcharon. Al estos llegar al área del Capitolio, violando los dispositivos de seguridad, irrumpieron en una sesión conjunta de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos. Allí se discutía el recuento del voto del colegio electoral en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 y la posibilidad de certificar como ganador al candidato demócrata Joseph Biden.

Frente a los predios del Capitolio, los manifestantes provocaron un enfrentamiento con los guardias de seguridad del complejo donde algunos de los manifestantes, como también guardias de seguridad, hicieron uso de armas de fuego. El resultado fue cinco personas muertas y daños a la propiedad estimados en $1.5 millones. En el área fueron encontrados escondidos varios artefactos explosivos.

Enardecidos por la retórica de un presidente saliente, que incluso acusó a su vicepresidente de no haber hecho lo que debía para proteger al país y su Constitución rechazando la confirmación de Joseph Biden, los manifestantes cruzaron en sentido figurado la línea que separa el derecho a la expresión reconocido por la propia Constitución de los Estados Unidos en su Primera Enmienda; con una conducta sediciosa e insurreccional, definida claramente bajo las propias leyes estadounidenses, como “terrorismo interno” o “terrorismo doméstico”.

Las acciones de los manifestantes ese 6 de enero de 2021 fueron el primer asalto al Capitolio estadounidense desde que en 1814 los ingleses, durante la guerra de 1812, quemaran la estructura. Para muchos observadores, incluyendo algunos aliados de los Estados Unidos e integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los hechos constituyeron un intento de Golpe de Estado, fraguado por Donald Trump con el posible apoyo de organismos de seguridad de los Estados Unidos.

Desde 3 de noviembre de 2020, Donald Trump había catalogado de fraudulento el proceso electoral. Señaló alegadas irregularidades en Pensilvania; en la ciudad de Detroit, Michigan; Nevada; Arizona, Georgia y Wisconsin voto de ciudadanos fallecidos e irregularidades en la máquinas de votación. Cuestionando su resultado, llamó a sus seguidores a movilizarse y protestar el proceso de recuento de votos del colegio electoral. Días antes de los sucesos ya circulaban en las redes sociales diferentes mensajes que apuntaban a la planificación por parte de los defensores del Trump de llevar a cabo los actos que más adelante se desatarían el día 6 de enero.

La alcaldesa del Distrito de Columbia, por ejemplo, solicitó desde el 31 de diciembre la movilización de 1,100 efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, aunque la petición fue aprobada por el Secretario de la Defensa interino, sólo fueron desplegados 340 soldados.

A Donald Trump le corresponde el deshonor de ser el primer presidente en la historia de los Estados Unidos contra el cual, bajo la Constitución federal, se ha iniciado en su primer término, un segundo proceso de residencia.

El primer intento, ocurrió el 10 de diciembre de 2019, con la radicación por parte de Jerry Nalder, presidente del Comité Judicial de Congreso, de cargos donde se le imputó abuso de poder y obstrucción a las labores del Congreso. Se indicó en ellos que Trump había procurado del presidente de Ucrania, Vlodimir Zelenski, información para perjudicar a Hunter Biden, hijo de Joseph Biden, entonces su contendiente a la presidencia de los Estados Unidos. Al presente, sobre Hunter Biden pesan también varias acusaciones en los tribunales de los Estados Unidos.

El proceso de residencia a Trump se desarrolló a partir de la votación en el Congreso de 232 votos a favor con 196 votos en contra, donde se determinó el comienzo de las vistas para residenciar al presidente a partir del 1 de noviembre de 2019. La solicitud, una vez aprobada por la Cámara de Representantes, pasó a manos del Senado. Allí, luego de iniciado el proceso de residencia, con 52 a 48 votos en la primera acusación; y de 53 a 47 votos en la segunda acusación, quedó colgado el proceso contra Donald Trump.

El segundo proceso de residencia se inició bajo el liderato de Al Green luego de los sucesos acaecidos el 6 de enero de 2021. Este es el cuarto proceso de residencia iniciado contra un presidente de los Estados Unidos en la historia de este país. En este segundo intento de juicio político contra Donald Trump, la Cámara de Representantes votó una resolución para iniciar el proceso de residencia. Esta contó con 232 votos a favor y 197 votos en contra. En esta ocasión los cargos a Trump le imputaban haber incitado a la insurrección o sedición ese día 6 de enero de 2021.

De acuerdo con la página electrónica de la redacción de BBC News Mundo del 13 de enero de 2021, la resolución imputaba a Donald Trump los siguientes cargos: (a) repetir “falsamente que los resultados de las elecciones presidenciales fueron fraudulentos y que no deberían ser aceptados por el pueblo estadounidense ni certificados por las autoridades estatales y federales”; (b) haber reiterado “las falsas alegaciones ante una multitud cerca de la Casa Blanca e, intencionadamente, hizo declaraciones a la muchedumbre que fomentaron, y previsiblemente resultaron en, acciones ilegales en el Capitolio”; (c) que integrantes “de la multitud, incitados por el presidente Trump, irrumpieron ilegalmente y cometieron actos vandálicos en el Capitolio, se involucraron en otros actos violentos, destructivos y sediciosos, incluida la muerte de un agente de las fuerzas de seguridad”; (d) que la “conducta del presidente Trump siguió a sus previos esfuerzos por subvertir u obstruir la certificación de la elección presidencial”; y (e) haber puesto “en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió con el traspaso pacífico del poder y puso en peligro a una rama de gobierno equivalente.”

La resolución concluía, que Trump debía ser juzgado políticamente; que debía ser retirado de su cargo; y que debía ser descualificado para ostentar un cargo político futuro.

La Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos, en su Sección 3, establece:

“No será senador o representante en el Congreso, ni desempeñará cargo civil o militar alguno, bajo la autoridad de los Estados Unidos, o de cualquier estado quien habiendo jurado previamente defender la Constitución de los Estados Unidos, como miembro del Congreso o como funcionario de los Estados Unidos o como miembro de una Asamblea Legislativa de cualquier estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo, haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra los Estados Unidos, o haya suministrado ayuda o facilidades a sus enemigos. Pero el Congreso, por el voto de dos terceras partes de cada Cámara, podrá dispensar tal incapacidad.”

Como puede verse, hay total ausencia de referencia a la figura de la “presidencia” de los Estados Unidos, aunque sí se menciona la de “funcionario de los Estados Unidos”, lo que deja abierto el debate de si bajo el supuesto de una convicción por las acusaciones relacionadas a los sucesos del 6 de enero, tal convicción crearía una condición incapacitante para Trump ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos

La respuesta desde el inicio del procedimiento político de residencia por parte del Congreso con mayoría demócrata ha sido descrita por Trump como una “cacería de brujas”.

En aquel momento el proceso de residencia no se desarrolló con la celeridad que el momento imponía. Ya para el 20 de enero de 2021, desde el punto de vista de su desempeño como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump era sencillamente historia. Ese día, su sucesor Joseph Biden juraría como nuevo presidente de los Estados Unidos.

Este factor, sin embargo, no anuló en sí mismo el proceso de residencia, aunque presentaba algunas dificultades. Si bien el proceso podía seguir desarrollando su curso más allá de la terminación por parte de Trump de su mandato, lo que de lograrse los votos requeridos le impediría, conforme al Artículo I, Sección 3 de la Constitución aspirar a cualquier cargo público en el gobierno de los Estados Unidos para las elecciones futuras; se encontraba presente, además, el factor político: la Constitución requiere, para residenciar, al menos dos terceras partes de los votos de los integrantes del cuerpo. Esto significaría que múltiples senadores republicanos tendrían que cruzar la línea partidista para junto con los demócratas, conseguir el número de votos necesarios.

Por esta dificultad, entendemos, la Cámara de Representantes tomó otra iniciativa y fue la de preparar un Informe que políticamente rindiera el fruto necesario para descartar una futura candidatura del Donald Trump a un puesto electivo.

Un escrito publicado por la página electrónica The Globe and Mail el 2 de enero de 2022, bajo la firma de Thomas Homer Dixon, titulada The American polity is cracked, and might collapse. Canada must prepare, comenzaba señalando que “para 2025 la democracia americana podría colapsar, causando una inestabilidad política doméstica, incluyendo el esparcimiento de la violencia civil. Para 2030, si no antes, el país podría ser gobernado por una dictadura del ala derecha.”

Entre los datos que resalta el autor se encuentran: (a) que los Estados Unidos se torna cada vez más ingobernable, por lo que expertos creen que podría llegar a una guerra civil; (b) la polarización ideológica entre sectores de derecha e izquierda; (c) la existencia de un culto a la personalidad de Donald Trump, donde éste se proyecta como verdadero patriota y persona capaz de defender los valores estadounidenses contra los traidores demócratas; (d) que el 70% de los republicanos consideraban que les robaron las elecciones de 2020, lo que incluye según las encuestas entre 20 y 30 millones de estadounidenses; (e) el movimiento de los electores considerados “independientes” en las elecciones de medio término votando por los candidatos republicanos, lo que permitiría a dicho partido el control de la Cámara de Representantes y el Senado; (f) alcanzar en 2022 dicho control, será el punto de partida para el regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2024. Los demócratas apenas lograron retener una precaria mayoría en el Senado.

Como parte del esquema de la derecha política en los Estados Unidos se encuentra el esfuerzo de los sectores conservadores, supremacistas blancos, fundamentalistas religiosos y partidarios de las políticas anti inmigrantes, ubicados mayormente en el Partido Republicano, dirigidos a obtener el control de los gobiernos y legislaturas estatales. Lo anterior se ve en los esfuerzos de esos sectores de la derecha en asumir un discurso agresivo hacia los funcionarios electos del Partido Demócrata, particularmente desde las propias estructuras en el gobierno estadounidense.

En marzo de 2023 Trump había sido acusado por la fiscalía de Manhattan bajo cargos estatales vinculados con pagos de dinero ascendente a $130 mil como soborno a cambio del silencio de la actriz pornográfica Stormy Daniels y registros falsos. Más adelante, en el mes de junio de 2023, también fue acusado a nivel federal en 7 cargos por tener en su posesión documentos confidenciales clasificados como secretos por el propio Gobierno de los Estados Unidos. Se le acusó bajo la Ley de Espionaje de los Estados Unidos, de obstrucción a la justicia, destrucción o falsificación de documentos, conspiración y declaraciones falsas. Los documentos fueron transportados ilegalmente luego de culminar su mandato presidencial, desde Casa Blanca a su resort privado en Mar-a Lago, Florida.

El 1 de agosto de 2023 otro gran jurado federal emitió nuevas acusaciones contra Donald Trump. Esta vez se le imputan los delitos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos; conspiración para obstruir un acto oficial; obstrucción e intento de obstruir un acto oficial y conspiración contra los derechos de otras personas. Las acusaciones se basan en los sucesos ocurridos el 6 de enero de 2021 en la capital estadounidense.

La página electrónica conservadora de CNN, ha indicado en un “Análisis” publicado el pasado 1 de agosto, lo siguiente:

“Trump se enfrenta a un enjambre de acusaciones penales sin precedente para un aspirante presidencial en activo, y mucho menos para un expresidente. Pero durante esta terrible experiencia, su ventaja en las primarias presidenciales republicanas de 2024 se ha solidificado. Y aunque las encuestas han resaltado algunas señales de advertencia claras para él como candidato a las elecciones generales, en su mayoría apuntan a otra contienda muy reñida, con el presidente Joe Biden por lo general con una pequeña ventaja y un pequeño puñado de estados indecisos precariamente equilibrados que probablemente decidirán el resultado.”

Los cargos recientemente formulados señalan que Trump, luego de haber perdido las elecciones, se dedicó a esparcir mentiras de que se había producido un fraude electoral a sabiendas de que era falsa la información divulgada, con el propósito de crear un ambiente nacional de desconfianza y molestia dirigido, a erosionar la fe pública en la administración del proceso electoral.

En el pliego de los cargos de conspiración se relacionan al menos seis co-conspiradores cuyas identidades no se revelan. Se señalan las gestiones hechas por allegados al presidente, a raíz del inicio de las acciones violentas en el Capitolio, para que Trump se pronunciara desautorizando tales acciones y haciendo un llamado a la calma, lo que se negó a hacer. En otro de los cargos se le imputa conspirar para impedir e impedir que se certificara el resultado electoral; así como de impedir que personas ejercieran el derecho al voto; y a que sus votos fueran contados. Como en las acusaciones anteriores, Trump se ha declarado “no culpable” invocando que es objeto de persecución por el gobierno que encabeza Biden. Se le ha dejado sin fianza, aunque con condiciones que incluyen no acercase ni influenciar en testigos, condiciones que de ser violadas podrían conllevar el encarcelamiento preventivo.

En los meses pasados varios participantes de los sucesos en el Capitolio han sido condenados a sentencias de prisión como resultado de sus acciones. Se indica que aún no se ha agotado la investigación que se desarrolla por las autoridades en torno al expresidente. Sin embargo, todavía es prematuro para asumir que su imagen frente a sus electores se haya deteriorado lo suficiente como para indicar que no está en carrera en el contexto de una primaria que bien podría ganar. Para sus simpatizantes, Trump es una víctima del gobierno; para quienes vemos sus acciones desde una óptica distinta, se trata de un delincuente habitual.

A 16 meses de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, nadie pude decir con un sentido de certidumbre que ya todo esté definido. Habrá que esperar.

Sobre Alejandro Torres Rivera