En mayo de este año el juez superior, Carlos E. Carrasquillo Soto, validó el contrato firmado por la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y la compañía Energy Answers. Este contrato obliga a los municipios a disponer los desperdicios sólidos que generan en sus jurisdicciones en la instalación que se piensa construir en el barrio Cambalache, en Arecibo. Preocupados por los daños que podría causar a la salud y el problema que generaría la implantación de este proyecto en el bolsillo de los municipios y ciudadanía, entidades ambientales llegaron hasta La Fortaleza, el pasado viernes 9 de julio, para dejar sentir su oposición.

“La incineración es la penúltima de las alternativas que propone la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA). Sin embargo, es lo primero que quiere el Gobernador poner arriba… Se han estudiado por décadas los efectos nefastos en la salud y en el ambiente que tiene la quema de desperdicios sólidos. Además de los gastos económicos que eso representa”, denunció durante la manifestación el químico y portavoz del Comité de Organizaciones Anti- Incineración, Osvaldo Rosario.

A pesar de las acciones legales del grupo opositor y de las conversaciones que la Coalición ha sostenido con asesores gubernamentales, el contrato, que para el 2013 fue declarado nulo por el ex director de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Agustín Carbó y el ex secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, continúa en pie.

El pasado 21 de mayo el juez Carrasquillo Soto validó el contrato con enmiendas solicitadas por Energy Answers. Una de ellas se relaciona al interés de la empresa en que Rural Utility Services, División del Departamento de Agricultura Federal, financie la construcción de la instalación. Se espera que dicha agencia haga público un anuncio para presentar una Declaración de Impacto Ambiental –  Preliminar (DIA-P) que irá a vistas púbicas en los próximos meses.

La Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, miembros de las comunidades y manifestantes afirmaron que Carrasquillo Soto se rehusó a admitir en corte a los vecinos y comunidades en las vistas en las que se discutió el contrato previamente declarado nulo.

“Uno de los problemas que esto significa es que esta es la forma en que se están haciendo las cosas con relación a este proyecto. Que se esta aprovechando la crisis económica que hay en el país para escondidas aprobar cosas como estas”, dijo a PRTQ el licenciado Pedro Saadé, representante legal del grupo.

Aunque el propósito de la manifestación era entablar un diálogo con el gobernador Alejandro García Padilla, esto no fue posible. El portavoz de la Coalición, el doctor Ángel González, informó que tanto los ciudadanos como la organización se rehusaron a hablar con los “asesores de siempre” que llegaron hasta ellos para conversar. Actualmente la Coalición estudia el contrato enmendado para reforzar su oposición y delinear estrategias.

Un llamado urgente a la movilización

El licenciado Saadé invitó a los ciudadanos a movilizarse y continuar la lucha en contra de la instalación cuya inversión excede a los $750 millones.

“Todas las comunidades, vecinos, agricultores, ganaderos tienen que moverse. Todos los sectores tienen que moverse. Los municipios tienen que tomar una decisión firme en contra del incinerador”, concluyó.

Sobre Némesis Mora Pérez

Periodista y maestra. Posee una maestría en Periodismo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Obtuvo un bachillerato en Comunicación Tele-Radial en la Universidad de Puerto Rico