Ante la incertidumbre económica que atraviesa el País, las organizaciones sin fines de lucro representan una respuesta, modelos de administración sana y efectiva. Pero a semanas de culminar el corriente año fiscal, desconocen qué pasará con las partidas presupuestarias que constituyen la inversión en los servicios esenciales que ofrecen. Así lo afirmaron los miembros del Movimiento Una Sola Voz (MUSV) en conferencia de prensa celebrada en el Centro Sor Isolina Ferré en Caimito esta mañana.

“Reclamamos transparencia y certeza en la inversión pública en los servicios esenciales que brindamos a los sectores más vulnerables del país. Somos cerca de 140 organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria que atendemos necesidades esenciales en las áreas de educación y cultura, seguridad y prevención, salud y recreación,” comentó José Luis Díaz, director ejecutivo de los Centros Sor Isolina Ferré y portavoz del MUSV.

De acuerdo con los números provistos por los portavoces del MUSV, con menos del 1% del presupuesto del fondo general, el tercer sector gestiona otros recursos para crear el 16% de los empleos del país e impactar el 20% de la población – cerca de 700,000 personas. “Nosotros usamos ese 1% para apalancar recursos, que de otra forma, no le llegarían a nuestras comunidades ya que el gobierno no tiene cómo proveerlos.  Esa aportación es fundamental para hacer pareo para otras fuentes de fondos, coordinar el trabajo de profesionales y voluntarios, y ofrecer bienes y servicios a personas que no lo podrían recibir de otra forma.” indicó María Cristy, de la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

El MUSV nació el año pasado como una iniciativa de las organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria para unir sus reclamos en aras de lograr que las voces de las poblaciones más necesitadas en el país sean escuchadas y atendidas debidamente por la legislatura y el ejecutivo.  “En ese momento logramos salvar parte de las asignaciones, gestión que no estuvo exenta de problemas. Por ejemplo, el presupuesto fue reducido en unos $21 millones que quedaron a la merced de una emisión de bonos de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que se autoproclama como empresa privada. Debido a la renuencia de la ASC en actuar a tiempo, los fondos se desembolsaron con más de seis meses de atraso, por lo que las organizaciones beneficiarias no han estado exentas de despidos, reducciones de salario y recortes en los servicios que ofrecen a la población necesitada.  Incluso, en algunos casos, todo esto conllevó la reducción de operaciones,” indicó José Luis Díaz.

“Cada día aumenta la cantidad de instancias en las que el Gobierno lleva a cabo su gestión pública a través de, y en colaboración con la infraestructura accesible, directa y confiable que ofrecemos. El propio gobierno reconoce que la inversión en el tercer sector se traduce en un uso más efectivo de los fondos públicos; por ejemplo, el retorno en inversión en salud es de $7 por cada dólar invertido y en educación aumenta a $20 por cada dólar invertido,” comentó a su vez Marianne Ramírez, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

Las organizaciones reiteraron su intención de mantener sus puertas abiertas para que los legisladores y el ejecutivo visiten y corroboren el impacto que tienen, y además, pusieron a disposición de las agencias pertinentes sus libros contables. “Contamos con mecanismos de rendición de cuentas y somos auditadas por agencias gubernamentales e inversionistas constantemente. Nuestro sistema de gobernanza garantiza transparencia, continuidad y estabilidad en el acceso directo a un servicio esencial. Estamos aquí para defender esa continuidad y ese vínculo directo e inmediato entre necesidad humana y servicio,” comentó Lourdes Ramos, directora del Museo de Arte de Puerto Rico.

Los representantes del MUSV también expresaron su solidaridad por el momento difícil que pasa el país. “Estamos conscientes de que el momento histórico que vivimos no es fácil, pero también sabemos que si el interés del  Gobierno es darle prioridad a los servicios esenciales para la ciudadanía  y al uso efectivo de los recursos públicos, la mejor manera de proteger esas inversiones es incluir en el presupuesto las partidas destinadas a subvencionar estos servicios esenciales,” añadió Ángela Díaz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico.

El grupo cerró la conferencia con un llamado al gobierno para apoyar este reclamo y poder continuar ofreciendo los servicios que el gobierno no tiene la capacidad de atender de manera efectiva. “Nuestro recobro de inversión es social, económico y cultural. Necesitamos el apoyo del gobierno para poder continuar operando, atendiendo las necesidades esenciales de la ciudadanía. Hacemos un llamado al gobierno a que atienda nuestro reclamo y a que nos comunique con premura y claridad cómo va a manejar el tema presupuestario este año,” concluyó José Oquendo, director ejecutivo de P.E.C.E.S.

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