Mientras el proyecto que propone despenalizar la posesión de la marihuana para uso personal lleva un año sepultado en una gaveta de la Cámara de Representantes, la Orden Ejecutiva emitida este mes por el gobernador Alejandro García Padilla tendrá el efecto de seguir negando el acceso a ese medicamento natural a los pacientes que lo necesitan a la vez que asegura ganancias a empresas limitadas que venderán fármacos químicos manuacturados con derivados de la planta.

Así lo entienden expertos en el tema que abogan por la legalización de la marihuana y se desprende de las declaraciones que ha hecho la propia secretaria de Salud, Ana Ríus, encargada de promulgar el reglamento para el uso medicinal de la marihuana.

“El gobierno prefiere darle aire a una iniciativa que no se puede decir que es de marihuana medicinal porque es con algunos derivados y limitado a productos manufacturados en laboratorios para darle un gran negocio a unos pocos pero deja atrás lo que es necesario, que es la descriminalizacion”, sostiene el doctor Rafael Torruella, un psicólogo social que dirige la organización Intercambios, que trabaja en apoyo a la población adicta a drogas con intercambio de jeringuillas y prevención de enfermedades.

“Han optado por no meterle mano al problema que nos sume en violencia, que afecta nuestras comunidades pobres sobre todo con encarcelamiento masivo, VIH, hepatitis y no le da aire a lo que sabemos que funciona, que es la descriminalización de los usuraios de droga”, agrega Torruella, para quien el proyecto del Senado 517 del senador Miguel Pereira, es un paso de avance en la dirección correcta.

El proyecto inicial radicado por Pereira en abril de 2013 conllevaba la legalización limitada de hasta una onza de marihuana, que al presente se castiga con tres años de cárcel y es delito grave. La medida era relativamente vanguardista en tanto que el concepto de legalización limitada a ciertas cantidades de marihuana para uso personal es la norma en pocos lugares de Estados Unidos como Washington DC, desde febrero pasado y en las ciudades de Portland y South Portland en Maine. También es el modelo en Colombia y en Argentina, (esta última por virtud de un fallo judicial de 2009), en Bélgica y en Suiza.

En cambio, Portugal y Uruguay legalizaron completamente el uso de la marihuana y cuatro estados de los Estados Unidos, Colorado, Washington, Alaska y Oregón, la han legalizado plenamente en los últimos dos años bajo diversos esquemas reglamentarios que incluyen la producción y comercialización.

La curiosa ley del Distrito de Columbia, aprobada el pasado 25 de febrero tras un referéndum ciudadano, permite posesión de hasta dos onzas, cultivar o tener hasta seis plantas en la casa (solo tres de ellas maduras) y entregar hasta una onza a otra persona siempre que sea de regalo. No hay reglamento de venta y sigue prohibido el comercio. Bajo esta normativa, el propio presidente Obama, uno de los tres mandatarios de esa nación que admite haber usado marihuana en su juventud, podría cultivar seis plantas en el patio de la Casa Blanca si lo deseara e incluso regalarle una onza a algún dignatario visitante sin violar la ley del Distrito.

Iniciativa de avanzada termina en nada

Pero en Puerto Rico, luego de un amplio debate en vistas públicas, el proyecto 517 se diluyó pasando a una despenalización con multas administrativas escalonadas de $100 la primera, $200 y $300 la segunda y tercera interveción en un periodo de tres años; con referidos a evaluaciones de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) para posible tratamiento y con citaciones en lugar de arrestos.

Esta era la normativa favorecida por el entonces administrador de Assmca, Salvador Santiago. Se aprobó así por el Senado en noviembre de 2013 y pasó a la Cámara donde tras algunos cambios menores fue recomendado positivamente por el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Luis Vega Ramosen junio de 2014 y ahí quedó hasta el día de hoy.

Aunque entiende que la medida original era mucho mejor, el doctor Torruella sostiene que la versión enmandada “es mil veces mejor que lo que existe, que es extremadamente draconiano y dañino, que viola derechos humanos con policía y tratamientos abusivos”. Dice que aunque es una versión más conservadora, unos cuantos representantes moralistas lo detienen en la Cámara sin mirar la ciencia y sólo a base de sus creencias religiosas”.

El modelo de la versión final del proyecto Pereira es utilizado con algunas variantes en trece estados (California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusets, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Rhode Island, Vermont ) y en las Islas Vírgenes. Los legisladores de nuestros vecinos isleños vencieron un veto del gobernador para aprobar la despenalización de una onza de marihuana en febrero pasado.

Medicalización prohibicionista para lucrarse del paciente

Además de la medida senatorial, los representantes José Báez y Carlos Vargas radicaron el proyecto 1362 en noviembre de 2013 para autorizar el uso medicinal de la marihuana. El proyecto provee para un sistema de dispensarios privados, altamente regulados por el estado, que disrtribuirían la marihuana a los pacientes cualificados con receta. De ningún modo limitaba a usos sintéticos, como lo hará el reglamento que ya ha anticipado la secretaria de Salud, e incluso proveía para que pacientes indigentes o que residieran lejos de un dispensario pudieran cultivar plantas en su casa.

El proyecto era similar al de 22 de los 23 estados que han autorizado la marihuana medicinal en Estados Unidos. Numerosos especialistas han establecido que el cannabis tiene la capacidad de aliviar los dolores y molestias de muchas condiciones debilitantes como la esclerosis múltiple, glaucoma y otras neurológicas y reumáticas, así como para aliviar los efectos secundarios de las quimoterapias, entre otros beneficios.

La mayoría cameral mató el 1362 y se presentó un sustitutivo que ordenaría un “estudio exhaustivo” sobre los eectos medicinales de la marihuana y sus derivados.

“Y eso es obsceno porque el beneficio de salud es algo que ya se sabe, sólo hace falta una revisión de la literatura científica, pero prefieren matar el proyecto con el supuesto estudio exhaustivo”, apunta Torruella, quien dirige la campaña Descriminalización.org.

El pasado 3 de mayo el gobernador García Padilla sorprendió al País al emitir la Orden Ejecutiva 2015-10 que autoriza “el uso medicinal de algunas o todas las sustancias controladas o componentes derivados de la planta de Cannabis”. La Orden Ejecutiva inicialmente fue vista como un movimiento positivo por parte de Torruella, y de otros proponentes de la legalización y del uso médico de la marihuana como el profesor de Justicia Criminal, Gary Gutiérrez.

Pero el entusiasmo les duró poco ya que al día siguiente la secretaria Ríus reveló que solo se aprobarán productos para administrarse de forma oral y que no se permitiría el uso de la planta en sí. Además la Secretaria reveló que llevaba varios meses en conversaciones con ejecutivos de la empresa GB Sciences Puerto Rico, una subsidiaria de GrowBLOX Sciences de Las Vegas, para que se haga cargo de la producción de los medicamentos que se usarían para tratar enfermedades en la Isla.

Esta empresa ha prometido la creación de 1,000 empleos y una inversión de más de $1,000 millones en Puerto Rico, según reportajes publicados en diversos medios estadounidenses a la empresa desde junio pasado.

La subsidiaria local, presidida por el abogado José Axtmayer, espera por la aprobación del reglamento para comenzar a cultivar y hacer estudios, posiblemente, en el edificio de Ciencias Biomoleculares de la Universidad de Puerto Rico (UPR), dijo la Secretaria.

“El problema que tengo con la Orden Ejecutiva y como se está interpretando es que me dice que la planta que creó Dios y que está en su estado natural, es ilegal porque es de gratis pero le permite a un consorcio que la procese con qué sé yo qué químicos para que yo paciente la pueda tomar y eso es servir de alcaguete a la empresa farmacéutica y eso es inmoral”, sostiene el professor Gutiérrez.

Por su parte, Torruella plantea que “el negocio está montado, pero dónde están los derechos de las personas, por qué no clubes de cannabis, dispensarios, autocultivo, como permitía el proyecto de Báez, será porque se quieren lucrar de las personas con condiciones de salud”. Agregó que está comprobada la efectividad medicinal del capullo de la planta de marihuana, que es lo que se fuma, pero también se puede preparar para ingerirse de otras formas, por lo que no tiene sentido prohibirlo.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago indicó al día siguiente de emitirse la Orden Ejecutiva que era una iniciativa “justa, compasiva y moderna”, pero advirtió que su producción podría crear un monopolio comercial y convertirse más bien en “una oportunidad de negocios”.

Por otra parte, el representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Aníbal López Correa, llamó al Gobierno a legalizar la marihuana para proveer recursos al fisco y a la educación pública y para estimular el turismo y la economía, citando el ejemplo de Colorado.

Ese estado recaudó $40.9 millones en los primeros 10 meses de la legalización tan solo en las ventas de marihuana, sin contar las licencias y patentes ni el ‘boom’ turístico recibido por el estado, según la Drug Policy Alliance. Se designaron $2.5 milones de ese recaudo para contratar más trabajadores sociales y consejeros de salud en las escuelas. Además se reportó una leve baja en criminalidad y en muertes de tránsito. Hay 16,000 personas con licencia para trabajar en la industria de la marihuana, y en algunas tiendas autorizadas los empleados ganan cerca de $17 por hora.

Legalizar para la comunidad, no para las grandes empresas

El profesor Gutiérrez advierte que el modelo que ha comenzado a fraguarse con la Orden Ejecutiva y su anticipado reglamento es un asomo al camino que es preciso evitar y que las grandes empresas y gobiernos neoliberales intentarán imponer en el caso de que eventualmente se legalice la marihuana. “La legalización tiene que ser de abajo hacia arriba, es la única forma de evitar que enormes consorcios como las tabacaleras de Estados Unidos se apoderen del mercado”, sostiene.

“Uno de los efectos no intencionados del narcotráfico es que el dinero de la droga pasa momentáneamente por las comunidades pero cuando tienes compañías que no son de las comunidades ese dinero se lo llevarán todo”, agrega Gutiérrez.

La legalización de abajo a arriba –dice el profesor- se puede hacer con la producción y distribución a cargo de cooperativas, grupos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro porque “reglamentar para que unas pocas empresas se lucren no es tan diferente a permitir que se lucren los carteles”.

Sobre Eugenio Hopgood Dávila