Con el anuncio al mundo hecho a través de un video el 29 de agosto de 2019, el comandante guerrillero Iván Márquez anunció que había comenzado “la segunda Marquetalia”, lugar donde nació las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Se trata de una disidencia de la organización guerrillera que, a pesar de que en un principio aceptó la desmovilización militar, la entrega de armas y los acuerdos de paz negociados con el gobierno de Colombia presidido por Juan Manuel Santos, en 2016, anunció su regreso a las operaciones guerrilleras invocando “el derecho universal que le asiste a todos los pueblos de levantarse en armas contra la opresión.”

El grueso de la organización guerrillera, unos 7 mil efectivos, había optado por reestructurarse como partido político bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Bajo la dirección del  entonces responsable principal de las FARC-EP, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), la ahora organización política FARC tendría acceso a 10 escaños en el Congreso, uno de los cuales correspondería a Iván Márquez. Éste se negó a tomar posesión del cargo trasladándose a Caquetá, uno de los lugares de reunión para los excombatientes de las FARC-EP.

En aquel momento de disidencia, Timochenko señaló que no compartía el contenido del mensaje de Márquez, afirmando que proclamar la lucha armada en Colombia en aquel momento era una “equivocación delirante”. Así las cosas, indicó lo siguiente:

“Los firmantes de la alocución rompieron públicamente con el partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos.”

Las FARC-EP era la agrupación guerrillera activa más antigua de América Latina. Fue fundada en 1964 a pesar de que desde mucho antes, en Colombia, ya existían agrupaciones guerrilleras en armas. Surgió el día 30 de mayo de 1964 como “Bloque Sur”, brazo armado del Partido Comunista de Colombia (PCC) hasta que más adelante, el 5 de mayo de 1966, adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En su Séptima Conferencia, efectuada en mayo de 1982, se denominarán Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP). A la fecha de los últimos acuerdos de paz, su máximo responsable era Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como “Timochenko” o “Timoleón”, quien sustituyó a su anterior responsable principal Guillermo León Cano, conocido también como “Alfonso Cano”, caído en combate el 4 de noviembre de 2011.

Desde el año 2008 la dirección de las FARC-EP fue duramente golpeada. Primero fue el fallecimiento de su fundador Manuel Marulanda, conocido como “Tiro Fijo”, el día 26 de marzo. Previamente, el 1 de marzo, se produjo la muerte del responsable de Relaciones Internacionales, Luis Edgar Devia Silva, conocido como “Raúl Reyes”, en un ataque perpetrado por la fuerza aérea de Colombia, con el apoyo logístico de Estados Unidos, contra su campamento localizado en la zona fronteriza de Ecuador con Colombia. El día 8 de marzo, uno de los miembros de su Secretariado, Iván Ríos, fue asesinado por elementos de su seguridad personal. El 23 de septiembre de 2010 fue abatido en el departamento de Meta su Jefe Militar, Víctor Julio Suárez, conocido como “Jorge Briceño” o como el “Mono Jojoy”, en un bombardeo efectuado por las fuerzas armadas; mientras que el 4 de noviembre de 2011 se produjo la muerte de Alfonso Cano, quien había sucedido a su muerte al fundador de la organización Manuel Marulanda.

Luego de más de dos años de inserción política tras los Acuerdos de Paz, más de 500 dirigentes en los movimientos sociales y alrededor de 350 ex combatientes desmovilizados de la guerrilla FARC-EP habían sido asesinados sin que el Estado hiciera esfuerzos mayores por identificar y capturar los responsables de dichas muertes.

La disidencia de la Segunda Marquetalia, al momento de retomar el camino de la lucha armada, incluía 13 de los comandantes militares de las FARC-EP, junto con 1,800 viejos combatientes y 300 nuevos reclutas se sumaban al esfuerzo armado.

Los grupos guerrilleros o paramilitares en Colombia al presente son el Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Estado Mayor Central (EMC); el Frente 33; el Clan del Golfo; y paramilitares de la Sierra Nevada, a los que  se suman diferentes grupos armados que responden al narcotráfico.

Nos dice el comandante del Ejército de Liberación Nacional y segundo al mando en las conversaciones de paz que al presente lleva a cabo el gobierno de Gustavo Pedro con el ELN, Aureliano Carbonell, que en Colombia se han desarrollado otras negociaciones de paz más allá de las sostenidas con las FARC-EP, las cuales culminaran en los acuerdos de 2016. Menciona el caso en los años noventa de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL); el Movimiento 19 de Abril (M-19).

Durante la década de 1960 se desarrollaron, además, otros movimientos guerrilleros como el del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento de Integración Revolucionaria y Patria Libre.

En 1984, luego de una reunión con los dirigentes de los diferentes frentes de guerra, las FARC-EP, como parte de los acuerdos suscritos con el gobierno de Belisario Betancourt, decretó un alto al fuego que abrió paso a la formación política de la Unión Patriótica (UP). Esta organización de carácter legal fue eventualmente liquidada por escuadrones de la muerte compuestos por elementos vinculados con las fuerzas armadas, los sectores oligárquicos vinculados al gobierno y los carteles del narcotráfico colombiano. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia responsabilizando al gobierno colombiano por la represión contras más de 6 mil integrantes de la UP, muchos de los cuales fueron asesinados, torturados, desaparecidos o tuvieron que optar por el exilio.

En 1988, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se desarrolló otra iniciativa de paz. Esta vez se creó una zona desmilitarizada de unas 40 mil kilómetros cuadrados de extensión, una superficie equivalente al tamaño de Dinamarca, la cual se conoció como “Zona de Despeje”. En ella, las FARC-EP ejercieron el control territorial y poblacional hasta el 2002 cuando fracasaron las negociaciones.

En esta ocasión y en lo que tiene que ver con el ELN, según indica el comandante Carbonell en la entrevista publicada por el periódico Claridad, el proceso “tiene algo que es muy especial y es que la sociedad tiene que participar en el proceso y la sociedad en alguna medida es la que dice qué es lo que puede cimentar el proceso. Es decir, qué cambios inmediatos cimentarán el proceso de paz.” De lo anterior surge que el primer punto de la agenda tenga que ver con cuál ha de ser la participación de la sociedad en el proceso. Señala que el proceso de paz “tiene que habilitar unos cambios en los espacios de democracias.”

De acuerdo con Carbonell, al presente, desde la perspectiva del ELN, “no hay un cese bilateral al fuego” en la medida que tal alto al fuego fue tomada de manera unilateral por el gobierno. Sobre elementos positivos hasta el presente en las conversaciones de paz se encuentra: el reconocimiento por parte del gobierno de que en Colombia, aquellos que fueron tratados como terroristas y delincuentes, se reconoce hoy son presos políticos; el acceso por parte de éstos a medidas humanitarias como ayuda médica especiales para quienes padecen enfermedades terminales o graves problemas de salud, la atención sobre el hacinamiento carcelario, la excarcelación de cientos de jóvenes que participaron en las movilizaciones populares de 2022, aunque haciendo constar que Petro tiene la presidencia y la Rama Ejecutiva, pero que el poder económico “sigue plenamente en manos de los de siempre”, con el apoyo de los Estados Unidos.

Mientras se desarrollan los diálogos con el ELN comenzados a finales del 2022, los cuales estuvieron precedidas por un alto al fuego unilateral por parte del gobierno de Gustavo Pedro el 31 de diciembre de 2022, se ha abierto un nuevo frente de negociaciones con el Estado Mayor Central.  Se indica que esta organización guerrillera opera en la región de la Amazonía, el Pacífico y las fronteras con la República Bolivariana de Venezuela y con Ecuador. Como paso previo al inicio de estas conversaciones, la Fiscalía de Colombia mediante la Resolución 039 y por instrucciones impartidas por el presidente Gustavo Petro, suspendió el 8 de marzo de 2023 las órdenes de captura contra 19 dirigentes de dicha organización.

De acuerdo con Petro, el establecimiento de una mesa de discusión entre su gobierno y el Estado Mayor Central apunta al “comienzo de un segundo proceso de paz”. Indica que el Estado Mayor Central se ha integrado a las conversaciones de paz, “para finiquitar …este acuerdo de paz pasado y volverlo completo.” Es la esperanza del presidente Petro que este conflicto colombiano, que a lo largo de los años ha dejado más de 9 millones de personas desplazadas, muertas o desaparecidas, pueda en el futuro concluir. Esta también, para quienes observamos desde la solidaridad con el pueblo colombiano el desarrollo de las conversaciones, es nuestra esperanza.

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