[dropcapL[/dropcap]as ineficiencias del gobierno y las diversas instituciones, siempre las pagan las personas pobres y vulnerables, entre ellas nuestra gente vieja.

En las pasadas semanas ha sido de discusión pública la distribución de la vacuna contra el COVID-19 en Puerto Rico. Hemos leído desde personas privilegiadas que se han saltado su turno, la distribución desigual de dosis, las dificultades para obtener turnos, las pocas vacunas disponibles y las largas horas de espera para vacunarse. Mientras tanto, siguen siendo significativos los contagios del COVID-19 en la isla y los espacios en donde nuestra gente vieja reside siguen siendo vulnerables.

Sin embargo, no debería ser una sorpresa la cantidad de personas viejas que cualifican en la isla para la primera fase, siendo un país en donde 854,000 personas tienen más de 60 años y somos de las jurisdicciones con mayor cantidad de personas mayores de 65 años. Para ser más exacta, una de cada cuatro personas tiene más de 60 años en Puerto Rico. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo es posible que nuestras instituciones, conociendo desde el verano pasado sobre la llegada de una vacuna, no hayan desarrollado un plan estratégico viable para que toda nuestra gente vieja pudiera tener acceso a ella?

Las redes sociales se han llenado de familiares o personas viejas comentando la dificultad que han enfrentado para obtener una cita en el área metro. Sin embargo, si hacemos un análisis sencillo de la distribución poblacional en Puerto Rico, vemos que el suroeste de la isla es la región que representa una mayor población vieja en una distribución que va desde el 20 al 26 por ciento. ¿Qué hacemos con la gente vieja que vive sola? ¿Qué hacemos con la gente vieja que no tiene acceso a las redes sociales o al internet? ¿Qué hacemos con la gente que vive en el centro de la isla?

Nuestra gente vieja merece un trato digno; inclusive la Ley Núm. 121 de 2019 establece que las personas mayores de 60 años deben recibir un trato prioritario. Una vez más, nos enfrentamos a la falta de transparencia de nuestras instituciones que afecta la vida y salud de la población vieja. Los retos sociales de la población no parecen tener fin. Se sigue exponiendo a situaciones de riesgo y abandono institucional a la población. Nuestra gente vieja seguirá en aumento poblacional, considerando que para el 2030 se espera una representación mayor al 30%. Las estructuras y planes para situaciones de emergencia deben ubicar a la vejez como un asunto prioritario. Es momento que el Estado comience a cumplir su obligación, aquella que reconoce dentro de su propia política pública.

Podríamos apostar a unos primeros pasos por parte de nuestras instituciones. En primer lugar, la integración de las comunidades y organizaciones que trabajan con la población deben ser un recurso principal para la construcción de estrategias. Son nuestras comunidades las que conocen de primera mano las necesidades de su gente y dónde se encuentra la población con mayor vulnerabilidad. Además, y lo mas importante, es que nuestra gente vieja está en estos espacios y podemos escuchar sus necesidades. Segundo, es primordial que exista una integración real y estructurada entre las agencias e instituciones que trabajan de forma directa con la población. Por último, es importante integrar en nuestros esfuerzos a las personas profesionales que trabajan con la demografía y estadísticas del país. Sus aportaciones permiten llevar a cabo una identificación adecuada de la distribución poblacional y desarrollo de planes estratégicos con un contexto real de la población vieja en Puerto Rico.

Sobre Amada García

Amada García Gutiérrez completó su maestría en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Actualmente cursa estudios doctorales en la misma disciplina y preside la