En el año 1984, luego de una reunión de los diferentes frentes de guerra de las FARC-EP, como parte de los acuerdos suscritos con el gobierno de Belisario Betancur, se alcanzó un alto al fuego que abrió paso a la formación política de la Unión Patriótica (UP). Esta organización de carácter legal, sin embargo, eventualmente fue liquidada por escuadrones de la muerte compuestos por militares, elementos oligárquicos vinculados al gobierno y los carteles del narcotráfico colombiano. En el proceso, miles de militantes y candidatos electorales de la UP a nivel nacional, departamental y municipal fueron literalmente arrasados, secuestrados, torturados y ejecutados.

Los orígenes de los acuerdos que llevan a la fundación de la UP se remonta a mayo de 1982 cuando en una Conferencia llevada a cabo en dicha fecha, las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se planteó su desmovilización como agrupación armada. Las FARC era entonces la agrupación guerrillera activa más antigua de América Latina. Fue fundada en 1964 a pesar de que desde mucho antes, en Colombia, ya existían agrupaciones guerrilleras en armas. Surge el día 30 de mayo de 1964 como “Bloque Sur”, brazo armado del Partido Comunista de Colombia, hasta que más adelante, el 5 de mayo de 1996, adoptan el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En su Séptima Conferencia, efectuada en mayo de 1982, modificarán nuevamente su nombre pasando a denominarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP).

A raíz de asumir la presidencia de Colombia Belisario Betancur, el Congreso aprueba la Ley Núm. 36 decretando una amnistía para aquellos que se encontraban en el ejercicio de la lucha armada, como también para aquellos/as encarcelados/as por acciones político-militares contra el Estado colombiano. En virtud de dicha ley se excarcelan aquellos prisioneros políticos y se abre el diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Este diálogo incluirá eventualmente a la organización Autodefensa Obrera (ADO), al Movimiento 19 de abril (M-19) y al Ejército Popular de Liberación (EPL).

Colombia era entonces y aún lo sigue siendo, uno de los países más militarizados de América Latina, sino el más. En dicho país Estados Unidos ha desplegado, bajo gobiernos anteriores, el llamado “Plan Colombia”. Este acuerdo de naturaleza militar permite que cientos de efectivos militares a título de “asesores”, a lo largo de décadas y en varias instalaciones militares que ocupa Estados Unidos en suelo colombiano, hayan ido configurando en este país una potente fuerza militar cuya capacidad hoy excede propósitos estrictamente defensivos. En efecto, las Fuerzas Armadas colombianas tienen hoy, al menos teóricamente, fuerzas de tierra, aire y mar, además de unidades de infantería de marina estructurada bajo el modelo norteamericano, con capacidades para incluso agredir sus países vecinos. En la confección y desarrollo del denominado Plan Colombia, Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares.

La versión original de este Plan surgió en 1998, precisamente bajo la presidencia de Andrés Pastrana, el mismo con el cual se desarrollaron conversaciones de paz. Se indica que aspiraba a ser una especie de Plan Marshall para Colombia que permitiera desarrollar grandes inversiones sociales en un país crucificado por un conflicto armado que ya entonces llevaba cerca de tres décadas. Uno de los componentes del Plan era ofrecer al campesinado una opción económica viable a la producción de la hoja de la coca; el fortalecimiento militar entre Colombia y Estados Unidos; y atender  el problema de la viabilidad del Estado colombiano, fragmentado básicamente entre los narcotraficantes, el gobierno central, las FARC-EP y las organizaciones paramilitares. El Plan Colombia, además, se ideó como un contra balance a los esfuerzos desarrollados por el Gobierno de Pastrana entre 1999 y 2000 por llegar a acuerdos de paz que impidieran una salida irreversible al conflicto político en Colombia donde las fuerzas populares rompieran el impasse entre las partes en conflicto con el desarrollo de un proyecto social popular que desbancara los privilegios de los sectores oligárquicos. En su desarrollo, además, el Plan Colombia, particularmente bajo el gobierno de Álvaro Uribe, representó el fortalecimiento de la estructura militar de dicho país como contrapeso al desarrollo de la Revolución Bolivariana en Venezuela y la Revolución Cívico–Ciudadana en Ecuador.

Mediante los denominados “Acuerdos de la Uribe”, formalizados entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se alcanza una tregua que a su vez lleva a un armisticio que propuso la transición de los combatientes de la guerrilla a un proceso que les integrara a la política electoral. A tales fines, se establece el correspondiente cese al fuego a partir del 28 de mayo de 1984; un período de un año para la transición de los combatientes desde los frentes de guerra a la lucha político electoral donde el Estado colombiano ofrecería garantías a los desmovilizados; y condiciones económicas y sociales donde ya decretada la amnistía, tales combatientes desmovilizados, hicieran su correspondiente transición a la vida civil. Los acuerdos contemplaron que otras agrupaciones también podrían sumarse a los mismos. Tales fueron los casos de ADO en agosto de 1984, del M-19 en 1990 y del EPL en 1991.

La experiencia para aquellos que decidieron abandonar la lucha armada e integrarse al proceso político desde la Unión Patriótica no fue un camino de rosas. Por el contrario, trajo como consecuencia que  alrededor de 6 mil militantes de izquierda fueran víctimas, muchos de ellos asesinados, desaparecidos y torturados, por parte de las fuerzas militares, policiacas, paramilitares y bandas de narcotraficantes subvencionadas por los propios organismos castrenses y gubernamentales colombianos. Entre las figuras asesinadas se encuentran dos candidatos a la presidencia de Colombia; cinco senadores en el ejercicio de sus funciones; once diputados, también en el ejercicio de sus funciones; 109 concejales; ocho alcaldes en funciones y otros ocho ex alcaldes.

Nos dice Catalina Oquendo en artículo publicado el 30 de enero de 2023 por el diario El País, bajo el título de La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica, que luego de 30 años de espera, dicho organismo regional condenó al Estado de Colombia “por el exterminio de más de seis mil militantes de la Unión Patriótica.” Dicha organización, continúa indicando Oquendo, fue un partido de la izquierda colombiana, surgido de las negociaciones de paz entre el gobierno y la entonces llamada Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia durante los años 1980 y 1990.

En la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se documentan 3,170 ejecuciones extrajudiciales; 1,596  desplazamientos forzados; 521 desapariciones forzadas; y 285 atentados de homicidio. Igualmente señala que a los militantes de la UP se les violaron sus derechos de libertad de pensamiento y expresión. Señala la sentencia:

“Estos actos constituyeron una forma de exterminio sistemática contra el partido político UP, sus miembros y militantes, y contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de tres tribunales regionales existentes para la protección de los derechos humanos. Los otros dos organismos son la Corte Europea de los Derechos Humanos y la Corte Africana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana forma parte del Sistema Interamericano creado en virtud del Pacto de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y en vigor desde el 18 de julio de 1978.  Dentro de los objetivos del Pacto se encuentra prever para el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades a los cuales vienen llamados a cumplir los Estados firmantes del Pacto.

En su fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fija las responsabilidades del Estado colombiano  a partir de 1984 y a lo largo de dos décadas. Hasta dicha sentencia, el Estado colombiano sólo reconocía la muerte de 219 víctimas.

Como parte de las maquinaciones del Estado colombiano contra la UP reseñadas en la Sentencia, está el despojo hecho a través del Consejo Nacional Electoral de su franquicia como partido político bajo el supuesto de no haber tenido legisladores suficientes en 2002, ello sin tomar en consideración la campaña de terror librada contra dicha agrupación mediante el asesinato, la tortura, las desapariciones y la represión en todos los niveles imaginables. Por eso se señala al Estado colombiano como genocida. La decisión tomada en 2002, sin embargo, fue revertida en 2013, permitiendo a la UP como partido, participar en las elecciones de 2015. De hecho, hoy día la UP forma parte de la coalición de partidos y organizaciones que llevaron al triunfo electoral a Gustavo Petro en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales de Colombia. Significativamente la actual Ministra de Cultura proviene de las filas de la UP mientras el Senador Iván Cepeda es hijo de Manuel Cepeda, uno de los militantes de la UP que fueran asesinados durante este período de represión que narramos.

La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un profundo carácter reparador. En ella se demanda que en un plazo de dos años, se lleven a cabo investigaciones que esclarezcan los crímenes perpetrados contra la militancia de la UP; localizar los lugares al presente desconocidos de víctimas asesinadas y de los/as desaparecidos/as en medio de tal orgía de sangre; ofrecer tratamiento médico y psicológico a víctimas que así lo soliciten; establecer una fecha nacional de recordación de las víctimas; la construcción de un monumento nacional a la memoria de los/as fallecidos/as; el reconocimiento de la responsabilidad internacional; la colocación de al menos cinco placas en lugares distintos en recordación de los sucesos; la elaboración de un documental “sobre violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica; y finalmente, el desarrollo de foros académicos sobre todo lo acontecido.

Un Informe de Amnistía Internacional para los años 2021-2022 señalaba, entre otros datos, que en dicho período hubo 402 ataques contra profesionales de los medios de comunicación, 170 amenazas contra éstos y 20 detenciones. Se identifica también 84 fallecidos como resultados de las protestas ocurridas durante el período de 28 de abril al 30 de junio donde también hubo 1,790 personas heridas de las cuales 103 sufrieron traumas oculares. También se documentan 16 casos de violencia sexual por parte de miembros de la Policía Nacional, 3,275 personas detenidas arbitrariamente en el mismo período; 109 casos de violencia sexual contra niñas y mujeres afrodescendientes; 501 casos entre  enero y septiembre en este período de amenazas, 86 homicidios y 72 tentativas de homicidio contra defensores de derechos humanos y el desplazamiento forzoso de decenas de miles de personas. De acuerdo con el Informe, en Colombia destacan las violaciones de los derechos humanos y la impunidad ante centenares de ejecuciones extrajudiciales.

Con relación a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó indicando que apoyará que prevalezca la justicia “contra la impunidad”, rechazando así “un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio.”

Asumir la responsabilidad por el rescate de esta memoria histórica que nos reseña y a la cual nos invita la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; como también, asumir una perspectiva rectificadora a partir de los datos que reseña el Informe de Amnistía Internacional, constituyen pasos esenciales en el difícil y largo proceso de reconciliación que necesita con tanta urgencia la sociedad colombiana.

Sobre Alejandro Torres Rivera