A raíz del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, diversas medidas de naturaleza económica y política adoptadas por el nuevo Gobierno Revolucionario llevaron al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos de América y la República de Cuba. Lo anterior provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos a partir de enero de 1961. A este evento le siguieron otras medidas de naturaleza económica y militar con las cuales  Estados Unidos pretendía someter la voluntad de lucha del pueblo cubano, contener y revertir el triunfo del proceso revolucionario iniciado.

Entre las medidas económicas adoptadas, efectivo a las 12:01 de la mañana del día 7 de febrero de 1962, el gobierno de los Estados Unidos de América tomó la decisión de imponer sobre la República de Cuba un embargo de sus bienes financieros dentro del territorio estadounidense y el inicio de la adopción de medidas de bloqueo económico contra el país.

Las medidas de bloqueo establecidas por el gobierno de Estados Unidos a lo largo de más de seis décadas, además de violar la legalidad internacional, han conllevado y al presente continúan conllevando para la República de Cuba, efectos económicos que se calcula ascienden a veintenas de miles de millones de dólares. A lo anterior se suman las multas impuestas por los Estados Unidos a entidades que han mantenido sus relaciones con Cuba sobrepasando por mucho la suma de una decena de miles de millones de dólares.

La discreción con la cual contó en un momento el Presidente de los Estados Unidos para levantar totalmente las sanciones económicas contra la República de Cuba, quedó limitada mediante la Ley para la Democracia en Cuba (Ley Torricelli) de 1992 y la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática (Ley Helms Burton) de 1996. De acuerdo con Arthur González, sin embargo, en su escrito reciente titulado ¿Deshielo en las relaciones de Estados Unidos con Cuba?, la Ley de Comercio con el Enemigo, puesta en vigor en 1961 por el presidente John F. Kennedy, es la principal ley “que da pie a la guerra económica, comercial y financiera, plasmado en el Proyecto Cuba, aprobado por el mismo presidente en 1962.” Esta Ley, sin embargo, a diferencia de las dos leyes inicialmente citadas, permite a cada presidente determinar bajo su mandato si la renueva o no cada año.

Resulta del todo contradictorio que estados políticos con sistemas económicos diferentes al sistema económico de los Estados Unidos, particularmente países con los cuales este último sostuvo profundas discrepancias de naturaleza política, económica, ideológica y militar como son los casos de la República Popular China y la República Socialista de Vietnam; a pesar de ese pasado conflictivo, hoy el gobierno de los Estados Unidos sostiene con ellos relaciones políticas, comerciales y diplomáticas plenas, con beneficios comunes para cada uno de dichos Estados, ello a partir de haber normalizado sus relaciones.

El diferendo político entre los Estados Unidos y la República de Cuba aun presente, sólo es entendible si lo miramos como un resabio de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética ya concluida desde finales del pasado siglo. Se trata de un conflicto entre estas principales potencias a escala global que tuvo un punto de inflexión sobre Cuba dentro del marco de la llamada Crisis de los Misiles temprano en la década de 1960. El discurso oficial que el gobierno de los Estados Unidos articulado hacia Cuba,  luego de más de seis décadas, sigue sosteniéndose en una histeria anti comunista, típica de la era el macartismo en dicho país.

La llamada “normalización” de las relaciones políticas, económicas, diplomáticas y comerciales  con Cuba, anunciada en el año 2014 durante el gobierno de Barak Obama, fue un paso positivo en el desarrollo del acercamiento entre ambos Estados y ciertamente, aun dentro de sus limitaciones, de beneficio recíproco para ambos pueblos. Fue, además, un paso importante en la distensión de los conflictos y en las aspiraciones de paz para la región. Se trató de un cambio cualitativo en la historia, constituyendo posiblemente el evento de mayor significado en las relaciones entre ambos pueblos en más de medio siglo.

Los asuntos negociados por ambos gobiernos, desarrollados con la intervención como mediador de su Santidad el Papa Francisco y con el apoyo en dicha gestión del gobierno canadiense al facilitar su territorio para el desarrollo de las negociaciones, incluyeron también un acuerdo para la excarcelación por parte de la República de Cuba del prisionero estadunidense Allan Gross, ex funcionario de la USAID acusado de espionaje, así como de otros prisioneros acusados y condenados por actos contra la seguridad del Estado cubano. Por la parte estadounidense, las negociaciones tuvieron como resultado la excarcelación de cuatro prisioneros políticos cubanos en cárceles de los Estados Unidos, hoy “Héroes de la República de Cuba”, Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar y Gerardo Hernández Nordelo.

Para muchos, era la esperanza que este paso inicial pero significativo en las relaciones entre ambos Estados, marcara la etapa final en el inicio de un proceso de normalización absoluta de las relaciones entre ambos países y contribuyera al fortalecimiento de los lazos de amistad y solidaridad entre ambos pueblos. A su vez, también era la expectativa  que el restablecimiento de relaciones diplomáticas llevara eventualmente a la eliminación de todas las sanciones establecidas por los Estados Unidos al gobierno de la República de Cuba, poniendo así final al Bloqueo criminal impuesto desde el año 1962.

A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos por voz de su entonces presidente indicó que no renunciaba a forzar por otros medios cambios políticos en Cuba; en el proceso Obama sí reconoció que los medios que históricamente había utilizado su país para impulsar los mismos, sencillamente no habían funcionado. Si bien el propósito central en la agenda de la Administración Obama hacia Cuba se mantuvo incólume, insistiendo en cambios en sus instituciones, a partir de los anuncios restableciendo relaciones diplomáticas, ambas partes dieron pasos adicionales de acercamiento, incluyendo en el caso de los Estados Unidos, flexibilizar algunas restricciones impuestas a sus propios ciudadanos como parte de su política de Bloqueo hacia Cuba.

Con la llegada de Donald Trump a Casa Blanca, sin embargo, se inicia un proceso de reversión de los cambios impulsados por el gobierno de los Estados Unidos durante la Administración Obama. Durante los cuatro años de su mandato, entre otras medidas, Trump intervino:

(a) limitando los viajes de estadounidenses a Cuba;

(b) limitando y obstaculizando el envío de remesas económicas desde los Estados Unidos a residentes en Cuba, incluyendo el cierre de más de 400 oficinas de Western Union;

(c) adoptando medidas dirigidas a afectar la inversión extranjera en Cuba por parte de empresas acogidas a la “Ley de Inversión Extranjera en Cuba”, prohibiéndoles transacciones con el Banco Financiero Internacional de Cuba e incluyendo a dicha entidad en la lista de empresas cubanas con las cuales los estadounidenses no pueden hacer negocios;

(d) estableciendo una  prohibición a ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba de alojarse en hoteles cubanos propiedad del Estado;

(e) prohibiendo la llegada de cruceros, propiedad de o que partieran de, los Estados Unidos hacia Cuba; y la peor, que en el pasado ya se tuvo y se había derogado; y

(f) incluyendo al final de su mandato nuevamente a Cuba en una lista que compartiría con la República Popular Democrática de Corea, la República Árabe de Siria y la República Islámica de Irán, como “Estados que promueven el terrorismo.” Esta medida permite la aplicación adicional de sanciones económicas y políticas a Cuba.

A raíz de asumir Joseph Biden la presidencia de los Estados Unidos, se comentaba que se iniciaría un nuevo giro de timón por parte de su administración en torno al tema cubano. De hecho, los medios de comunicación recogieron declaraciones escuetas y sin mayores detalles de parte de su Secretaria de Prensa, Jen Psaki, a los efectos de que en la administración entrante se formulaba la necesidad de “una nueva política hacia Cuba.” Tal política estaría orientada por dos principios: primero, “el apoyo a la democracia y los derechos humanos”, que en todo caso ha sido el discurso oficial de los Estados Unidos, sobre todo a partir de la Administración de Jimmy Carter; y segundo, el argumento de que los cubanos residentes en los Estados Unidos, “son los mejores embajadores de la libertad en Cuba.”

Algunos medios noticiosos se aventuraron a señalar ya en aquel entonces posibles cambios en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, entre ellos: (a) permitir el envío de remesas; (b) eliminar la prohibición de vuelos directos y la llegada de cruceros hacia Cuba; (c) la reapertura de consulados; (d) reestablecer la política de intercambio “people to people”; y (e) restablecer los llamados “Viajes de enriquecimiento cultural”, que facilitaban los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.

Durante su campaña electoral a la presidencia, al referirse al impacto o a la efectividad de las medidas de Donald Trump,  Joe Biden señaló que con ellas Cuba no estaba “más cerca de la libertad y la democracia que hace cuatro años.”

En el primer año de su administración, sin embargo, a la hora de formular un juicio crítico sobre su postura oficial hacia Cuba, no se manifestó una rectificación histórica sustantiva de las posiciones asumidas por Trump. Sin embargo, previo a concluir el segundo año de su administración, sí se comenzó a señalar por diversas fuentes el hecho de que había comenzado a perfilarse un cambio, que aunque lento, ciertamente era un cambio de la política heredada por Trump hacia Cuba.

En ocasiones, filtrando con cuidado la información que aparece en la redes sociales, uno se topa con organizaciones cuyas publicaciones, si bien pretenden dar apariencia de neutralidad en lo que informan, también podrían ocultar otras intenciones que van más allá de lo que publican. Lo obliga al lector a ser extremadamente cuidadoso en cuanto a su contenido, demandando un juicio crítico en la consideración de éstas. Sin embargo, que exista tal cautela no supone dejar de tomar en consideración, al menos para fines de análisis, el contenido de sus señalamientos. Tal es el caso de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, (“The Washington Office on Latin America”, o WOLA por sus siglas en inglés). Según informa su página electrónica, se trata ésta de una instancia dedicada al desarrollo de estudios y promoción de los derechos humanos. Indica su página electrónica, http://www.wola.org/es, que WOLA “colabora para promover un cambio social y propugnar por sociedades más justas en las Américas.”

En escrito publicado por WOLA, bajo la firma de Mariakarla Nodarse Venancio, titulado Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba: lo viejo, lo nuevo y lo que debería venir, del pasado 16 de diciembre de 2022, la autora indica:

“En 2022, la administración Biden tomó medidas que pueden sentar las bases para futuros movimientos en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde mayo, la Casa Blanca ha revertido algunas políticas de la era Trump sobre Cuba- incluida la reanudación de los vuelos, así como la facilitación de la reunificación familiar y las remesas- y ha restablecido el compromiso en algunos temas, en particular la migración. Sin embargo, lo que aún falta es la promulgación de una política sólida de compromiso y la aplicación de medidas que puedan fomentar el cambios sostenible en la isla.”

Señala la autora, entre los “cambios políticos clave” que debería adoptar el gobierno de los Estados Unidos se encuentra restablecer los compromisos previos acordados por ambas partes durante la administración Obama y “retirar rápidamente a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, ampliar enérgicamente el apoyo al sector privado y a los empresarios de Cuba, y aplicar las políticas existentes para gestionar y garantizar una migración segura y ordenada para los cubanos.”

Destaca así mismo la autora que desde el 15 de mayo de 2022, la administración Biden autorizó los vuelos regulares y chárter, viajes educativos, viaje grupales entre personas y viajes relacionados con reuniones, investigaciones profesionales y reuniones familiares. También indica que a partir de entonces, su administración eliminó el límite de $1,000.00 en remesas familiares por trimestre “y autorizó las transferencias de dinero no familiar”. Anunció, además, que en dicho mes se reanudaría el “Cuban Family Reunification Parole Program (CFRP por sus siglas en inglés), establecido en 2007, para permitir que familiares de cubanos en Estados Unidos pudieran viajar a este país sin esperar sus visados de emigrantes.

La autora habla también de los planes de Biden de “apoyar al emergente sector privado cubano”; el acceso al comercio electrónico, que incluye “acceso al internet así como a la tecnología en la nube, interfaces de programación de aplicaciones, plataformas de comercio y pagos electrónicos”; y el acceso la micro financiación y a la formación.

Señalando que durante el año 2022 el 2% de la población cubana (unas 233,000 personas) intentaron emigrar a los Estados Unidos, de los cuales 29,872 lo hicieron durante octubre del año pasado. Según  señala, para el año 2023 los Estados Unidos restablecerán el que los visados sean emitidos desde La Habana y no como hasta 2022, desde Georgetown en la República Cooperativa de Guyana. Cuba a cambio, aceptará de parte de los Estados Unidos “vuelos de deportación”.

Lo cierto es que esta ola de migrantes cubanos hacia Estados Unidos, es la mayor desde el éxodo del Mariel. Como en casos anteriores, el mal de fondo lo encontramos en que estos procesos de salidas irregulares por parte de cubanos hacia el exterior del país, es fomentado y estimulado por las restricciones económicas impuestas por el Bloqueo; y más recientemente, por las medidas y sanciones impuestas por la Administración Trump, los efectos de los desastres naturales sobre la infraestructura cubana, las consecuencias de la COVID-19 sobre la población y la reducción del acceso a divisas o monedas fuertes, sobre todo en el sector del turismo, que han hecho mella en la economía cubana. Este éxodo irregular ha ocasionado a su vez un problema para el principal país receptor de esta emigración no autorizada, que son los Estados Unidos. Este ha sido uno de los factores que han impulsado a los Estados Unidos a retomar el tema migratorio con su contraparte cubana.

Finalmente, la autora nos indica, la importancia de colocar nuevamente a Cuba fuera de la “lista de países patrocinadores del terrorismo”. Al describir las razones de su señalamiento ciertamente deja claro el por qué también a los Estados Unidos le convendría tal decisión. A tales efectos señala lo siguiente:

“Mantener a Cuba en la lista limita la capacidad del gobierno estadounidense de apoyar al pueblo cubano dado el efecto amedrentador que tiene sobre las empresas y los particulares, ambos cruciales para promover el tan necesario cambio en la isla. La presencia de Cuba en la lista limita a los particulares la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, el uso de instrumentos para pagos internacionales, el acceso a la tecnología financiera y la banca digital, así como la posibilidad de contratar servidores y servicios en línea. A su vez, aunque se amplíe el comercio exterior directo, las empresas privadas cubanas encontrarán restricciones para las compras de productos fabricados en EE UU, e incluso de bienes producidos en terceros países que incorporen algún contenido de insumos procedentes de EE UU.

La inclusión de Cuba en la lista…limita severamente la inversión extranjera y crea obstáculos adicionales para la entrega de ayuda humanitaria. También significa que los viajeros extranjeros de países incluidos en el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA por sus siglas en inglés, que es un programa de exención de visado para más de 40 países, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Japón y Corea del Sur) que visitaron Cuba en o después de enero de 2021 están obligados a solicitar un visado en el Consulado General o la Sección Consular de la Embajada de EE UU en su país de origen. Este requisito probablemente tendrá impactos negativos en la industria turística de Cuba, ya que puede desincentivar los viajes a la isla, y numerosos países de la UE, como España, Alemania, Francia e Italia, se encuentran entre las ocho principales nacionalidades que la visitan.”

Señala la autora en su escrito que, luego de los pasos dados en asuntos como el tema migratorio, es de esperar que en los dos años restantes de su administración dentro de lo que es su primer término como presidente, la administración Biden dé pasos en otros temas importantes como son “la protección del medio ambiente, la emergencia climática y la agricultura.” Después de todo, la mayoría de los 22 acuerdos alcanzados entre los dos países entre 2015 y 2017 aún  siguen estando vigentes. Lo que es necesario para avanzar es que los Estados Unidos le den a tales acuerdos la vigencia que corresponde.

Si bien en términos generales puede afirmarse, como indica el Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que “en 2022 el gobierno del presidente Joseph Biden, mantuvo la política de máxima presión de su antecesor Donald Trump dirigida a hacer colapsar la economía cubana y estimular acciones desestabilizadoras para derrocar la Revolución Cubana, con el diseño de operaciones de desinformación, que intentan culpar a Cuba del impacto de las políticas inhumanas y de abuso del gobierno estadounidense”; no está de más recordar también la expresión hecha por Jen Psaki,  como indicamos, entonces Secretaria de Prensa de Joe Biden a comienzos de la Administración, cuando indicó:

“Estamos revisando las políticas de Trump en varios temas temas de seguridad nacional para asegurarnos que nuestra visión se ajusta a eso. Vamos a marcar nuestro propio camino.”

Está por ver, dentro del desarrollo de las contradicciones entre ambos gobiernos en los próximos dos años, cuál ha de ser el camino a marcar por los Estados Unidos, en particular  tomando en consideración la lucha interna dentro de los Estados Unidos entre republicanos y demócratas en su acercamiento al tema cubano y las aspiraciones de Joseph Biden a la reelección en 2024.

Sobre Alejandro Torres Rivera