por José Rivera Santana

Estamos, nuevamente, ante la posibilidad de un racionamiento cuando tenemos menos población, menos industrias y la producción de agua no se ha reducido. ¿Por qué? Sequía y racionamiento no deben ser sinónimos. El racionamiento no es el resultado directo de la sequía sino del manejo errático del recurso agua y de la infraestructura construida para su extracción, tratamiento y distribución.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es la agencia que abastece la mayor parte de la demanda de agua potable a los distintos sectores del País. Los datos indican que la demanda asciende a cerca de 300 millones de galones diarios (mgd). Sin embargo, para atenderla, la Autoridad tiene que producir sobre 600 mgd. ¿Por qué la diferencia enorme entre demanda y producción? Hay cuatro razones principales que son además las responsables de un posible racionamiento.

Primero, los embalses se diseñan y se construyen para que haya agua disponible precisamente en momentos de sequía. El problema surge por las deficiencias en el sistema de distribución de la AAA. Esa infraestructura arrastra un mal endémico de pérdidas, estimadas en cerca de 60 por ciento. Es decir, para atender la demanda de agua la Autoridad tiene que producir el doble.

Esa extracción adicional (300 millones mgd) se hace excediendo la capacidad o el rendimiento seguro de los embalses, acuíferos y tomas de agua. Un buen ejemplo es el embalse de Carraízo. Su rendimiento seguro es 66 mgd, sin embargo, se le extraen hasta 100 mgd. Por tanto, no tiene que haber sequía, tan solo una merma de varias semanas en la precipitación provoca que los niveles de los embalses bajen dramáticamente. En consecuencia, la confiabilidad del sistema de abasto se va al piso y el racionamiento se asoma inmediatamente.

La segunda razón es la pérdida de capacidad de los embalses como resultado de la sedimentación. La falta de rigor en la protección de las cuencas hidrográficas y de las áreas de captación de los acuíferos ha permitido actividades de construcción, deforestación y de extracción de material de la corteza terrestre en las áreas más vulnerables a la erosión. Esto provoca que la sedimentación crezca con cada evento fuerte de lluvia y, Carraízo nuevamente, es un buen ejemplo. Los efectos del dragado que se hizo en 1998, a un costo de $60 millones, se desvanecieron pocos años después.

La tercera tiene que ver con las agencias a cargo de otorgar permisos. Se sabe cuál es el rendimiento seguro de los embalses. Entonces, no se deben dar permisos de uso de agua por encima de esa capacidad. Pero lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario y la propia AAA ha endosado permisos que exceden el rendimiento seguro del sistema de agua del que se serviría la actividad solicitada. En los pasados años los sectores económicos vinculados a la industria de la construcción fomentaron flexibilizar o ignorar los procesos de planificación y con ello los permisos se emitieron sin el rigor necesario comprometiendo la capacidad de los embalses.

Una cuarta razón fue anticipada en estudios realizados desde la década del ochenta: el desparrame urbano y el uso ineficiente del territorio ha provocado un uso insostenible de los recursos. En cuanto al agua, el desparrame urbano ha traído consigo una mayor extensión de la infraestructura (tuberías, tanques, estaciones de bombeo) que requiere llenarse de agua y buen mantenimiento. Pero en ausencia de lo último, ha aumentado la vulnerabilidad a roturas y reparaciones.

Estos asuntos requieren voluntad política y compromiso con el presente y futuro del País. Es imperativo prepararnos mejor ante la posibilidad de sequías extremas como consecuencia del calentamiento del Planeta.

* El autor es planificador de profesión, integrante de las directivas de VAMOS y del Movimiento Nacional Hostosiano. El articulo se basa en una columna publicada en El Nuevo Día, en el 2015, bajo el título “Las nubes no tienen la culpa”.

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