La noticia de que el PIP y el MVC incoaron una demanda judicial impugnando la constitucionalidad de las limitaciones incorporadas hace unos pocos años en el Código Electoral prohibiendo las alianzas electorales y las candidaturas coaligadas, ha recibido bastante atención mediática durante los últimos días. Los voceros del bipartidismo puertorriqueño se han encargado de esgrimir todo tipo de argumentos oportunistas en contra, todos ellos en abstracción del derecho de libre asociación de la ciudadanía y de cómo podemos promover una democracia más representativa de los verdaderos intereses del pueblo, en un país donde el gobernante fue electo con tan solo un tercio de los votos emitidos.

Informa la prensa que el Gobierno de Puerto Rico compareció al pleito oponiéndose a la demanda echando mano de cierta normativa del Tribunal Supremo norteamericano que valida el establecimiento por los estados de normas que favorezcan el bipartidismo, en la medida en que se considera que el sistema bipartidista cumple una función de promover el orden público. A tenor con esa jurisprudencia, el Departamento de Justicia de Puerto Rico sostiene que, de permitirse (nuevamente) las candidaturas coaligadas en nuestro país, se vería adversamente afectado el interés publico de “mantener la estabilidad política, evitar la confusión de los electores y mantener la identidad de los partidos”.

La normativa norteamericana citada por el Departamento de Justicia es entendible cuando analizamos la tradición histórica de ese país. No cabe dudas de que cuando en los EUA se defiende el orden público-bipartita, de lo que se trata es de una división política histórica que se remonta a la fundación misma de esa nación. De un lado se posicionaron los favorecedores de un Estado central más fuerte y del otro, los defensores de una mayor autonomía de los estados individuales; escisión que eventualmente se cuajó en la dicotomía entre lo que hoy conocemos como demócratas y republicanos.

De tal modo, cuando en los EUA se busca evitar confusión entre el electorado y el que cada partido mantenga su identidad, de lo que se trata en última instancia es de que en las respectivas elecciones los demócratas se postulen bajo el Partido Demócrata y los republicanos bajo el Grand Old Party (GOP).Hasta aquí el asunto parece perfectamente entendible, tratándose de una nación surgida de la unión de distintos estados bajo un sistema federativo.

Ahora bien, cuando tratamos de entender los mismos argumentos en el contexto de las elecciones en Puerto Rico, ahí es que me pierdo. Y no me refiero a que en nuestra historia electoral, distinto a los EUA, las coaliciones políticas han sido una constante. Tampoco me refiero a que Puerto Rico tiene un sistema de gobierno centralizado e integrado en donde a las distintas subdivisiones políticas municipales no se les reconoce verdaderamente autonomía política, sino que se les entiende como criaturas de un gobierno central con facultad de crearlas y eliminarlas a su antojo. Esos son asuntos demasiado profundos para pretender que nuestro Departamento de Justicia tenga la capacidad de entenderlos, o la honestidad de reconocerlos.

Lo que me perturba es pensar cómo no somos capaces de reconocer que en Puerto Rico, actualmente, nos gobierna una alianza electoral. No me refiero al argumento de que el PNP y el PPD son lo mismo, pues, por más evidente que ello pueda parecerles a muchos, formalmente se trata de dos partidos distintos para fines de ley. Mi confusión no es producto de un pensamiento tan rebuscado. De lo que se trata es de que en Puerto Rico se ha permitido por muchos años que bajo la insignia del PNP se postulen candidatos de los dos partidos que la citada jurisprudencia federal busca mantener claramente separados: ¡Demócratas y Republicanos!

La combinación en una misma papeleta de candidatos afiliados al Partido Republicano con candidatos adscritos al Partido Demócrata en Puerto Rico lleva dándose por décadas, sin que nadie nunca haya intentado prohibirlas a base de la misma jurisprudencia federal bajo la cual hoy se pretende prohibir que el PIP y MVC compartan candidaturas.

Recordemos el junte del demócrata Pedro Roselló como Gobernador con el republicano Luis Fortuño como Comisionado Residente en Washington. O de Fortuño y el demócrata Pedro Pierluissi, o de Pierluissi y la republicana Jennifer González.

El hecho de que, en Puerto Rico contrario a la tradición electoral norteamericana elevada jurisprudencialmente a la categoría de “orden público bipartidista”, coaliguen sus candidaturas demócratas y republicanos, aparentemente no “afecta la estabilidad política”, ni “menoscaba la identidad” de esos partidos, ni crea ningún tipo de confusión entre los electores.

Otra vez, la selectiva opinión de la Justicia bipartidista.

Sobre Rubén Colón Morales

Es abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de maestría de la Universidad de Harvard. Fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo en los años 90. Ha impartido