Al tratar la electricidad como un bien común y como derecho humano, el gobierno puede implementar políticas que aseguren que todas las personas tengan acceso a este recurso vital.

El acceso a la electricidad es una necesidad esencial para la vida moderna. Esta sustenta prácticamente todas nuestras actividades cotidianas: transitar nuestras calles; habitar nuestros hogares (refrigerar alimentos, cocinar, lavar ropa, entretenernos, refrescar la temperatura, tener equipo que ayudan a sostener y mantener una calidad de vida); tener acceso a la educación y a la información; sostener las operaciones de los hospitales y de servicios de apoyo médico; operar comercios e industrias; entre otras. Por lo tanto, la gestión de generar, transmitir y distribuir energía es un bien común pues es indispensable para la seguridad, la salud y el bienestar social.

De hecho, el acceso a la energía es reconocido por organismos internacionales, como un derecho humano fundamental porque es esencial para garantizar una vida digna. Sin energía, las personas y las comunidades quedan sin acceso -por tanto, excluídas- de las oportunidades que mejoren su bienestar social, económico y de salud. La inestabilidad, las interrupciones y/o la falta de acceso a la energía contribuyen a que persistan, se extiendan y se acentúen las condiciones de desigualdad y de pobreza. Esto lo vemos en nuestro país. Por tanto, la equidad en el acceso a la electricidad es fundamental para nuestro desarrollo social y económico.

Uno de los principales beneficios de mantener la electricidad en manos públicas es la garantía de acceso universal. Ya en Puerto Rico hemos experimentado que la privatización de los servicios eléctricos ha llevado a contrastes significativos en el acceso, especialmente en áreas rurales y municipios fuera del área metropolitana. Mientras algunas personas y comercios pueden resolver sus problemas de acceso a la energía adquiriendo generadores y sistemas solares cuando las empresas LUMA y Genera PR no pueden administrar apropiadamente las operaciones del sistema, muchas otras personas y comercios pierden alimentos, medicamentos, equipos, y sus vidas se ven vulneradas, en ocasiones, con fatalidades.

Al tratar la electricidad como un bien común y como derecho humano, el gobierno puede implementar políticas que aseguren que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica o su capacidad económica, tengan acceso a este recurso vital; ese fue el norte de la Autoridad de Fuentes Fluviales (luego Autoridad de Energía Eléctrica) hasta ques ésta fue carcomida por la política partidista y la corrupción. Por eso, la participación ciudadana directa es esencial para gobernar la corporación pública y devolverla a su orientación como servicio público esencial.

El control ciudadano, sobre el sector eléctrico mediante un modelo de gobernanza participativo, transparente, justo y sujeto a la fiscalización, permite la implementación de políticas claras de costos. Esto evitaría la especulación con los precios, el saqueo de fondos públicos y los abusos de poder de las compañías privadas que velan más por su interés de lucro que de garantizar el servicio para todas las personas.

Por tanto, la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica en un modelo de administración pública guiado por principios como la participación ciudadana, la toma de decisiones de forma democrática, la transparencia, la sostenibilidad medioambiental, la equidad y la justicia, será la pieza clave para poder darle estabilidad y seguridad energética a todas las personas, comercios y negocios que hacen vida en nuestro país. De igual forma, es urgente y necesario que también se reconfigure la composición de los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para que estos representen diversos sectores de nuestra sociedad, en lugar de los intereses de la clase política de turno. Este debe ser nuestro proyecto de país en estos momentos. Debemos exigir que esto se haga realidad en nuestra política pública.

Sobre Maritza Maymí Hernández, PhD

Natural y residente de Caguas. En 2024 figura como candidata del MVC (y de la Alianza) a Representante por el distrito 32 de Caguas.