La educación pública no puede atenderse simplemente como si se tratara de un gasto cualquiera susceptible de ser recortado a discreción por el Estado.  Mucho menos como un privilegio que el gobierno provee a las familias más necesitadas.

La educación es el vehículo a través del cual toda sociedad facilita el desarrollo de las capacidades y potencialidades de sus ciudadanos, al exponerlos mediante procesos formativos al cúmulo de experiencias y conocimientos desarrollados por la especie humana, y por esa cultura en particular. Es la principal herramienta con la que cuenta cualquier país para proveer a sus habitantes la capacidad de adquirir aquellos conocimientos esenciales que le permitirán desarrollarse y convertirse eventualmente en seres autónomos, capaces de procurarse por sí mismos la satisfacción de sus necesidades e incluso de ayudar a proveer para los demás.

Y por supuesto que, en la medida en que la generalidad de la población tenga acceso a mayores niveles de educación de calidad, la sociedad en su conjunto será más rica y productiva.  De tal modo, antes de invertir en cualesquiera otros factores económicos pertinentes al desarrollo de sus fuerzas productivas, el principal punto de partida de cualquier nación debe ser el establecer los mecanismos suficientes y adecuados para educar efectivamente a toda su población.

Así, cuando un país decide proveer educación pública a su población lo que hace es reconocer que el derecho de toda persona a acceder a ese acervo cultural de la humanidad no puede estar condicionado a que provenga de una familia que cuente con dinero suficiente para pagar por la educación.  Y si hablamos de naciones con aspiraciones democráticas, pues con mayor razón proveer los recursos para garantizar que todos y todas tengan la capacidad de formarse y educarse, es un imperativo democrático, pues quienes no se eduquen crecerán de las herramientas más elementales para el ejercicio cabal de sus derechos políticos y libertades civiles.  Lo anterior, tanto en lo pertinente al acceso universal a la educación primaria, como a la educación superior y programas de educación para adultos; siendo la primera la principalísima, no solo porque sobre ella constituye el cimiento, sino también, porque es la que permite establecer condiciones para garantizar un punto de arranque razonablemente igualitario para todas las personas. Se trata, por ello, de una de las medidas de justicia social más elementales que puede adoptar cualquier comunidad.

Y es que proveer educación pública gratuita es uno de los mecanismos fundamentales para promover la igualdad social en cualquier país, pues allí donde la educación se limita a aquellos sectores de la población que tienen dinero para pagarla, se van quedando rezagados quienes carezcan de recursos económicos, condenándoseles, casi irremediablemente, a reproducir ciclos de marginalización y pobreza. Y de ese modo, pierde el país la capacidad de beneficiarse de los logros que serían capaces de generar con sus habilidades y talentos innatos todas aquellas personas privadas de la capacidad de descubrirlos y cultivarlos.  Por eso, con muchísima razón el reconocido periodista y escritor Italo Calvino afirmaba que cuando un país destruye su educación pública nunca lo hace por dinero, sino para mantener las estructuras de poder que favorecen a quienes lo gobiernan.  No olvidemos que fue bajo la sangrienta y corrupta dictadura pinochetista que en Chile se eliminó el sistema público de enseñanza, mientras que, en Finlandia, reconocida mundialmente por su sistema educativo de excelencia y por ser una sociedad con bajos niveles de desigualdad, prácticamente se ha eliminado la educación privada.

Al ser Puerto Rico uno país pauperizado y el cual se encuentra entre las naciones más desiguales del planeta en términos de la brecha entre ricos y pobres, cabe preguntarse cuánto de esa situación se debe al profundo deterioro de nuestro sistema de educación pública en las últimas décadas. Igualmente, debemos meditar sobre cuánto el fortalecimiento de nuestro sistema público de enseñanza, desde el nivel preescolar hasta la Universidad, no resulta esencial para salir a flote como un país viable y vivible.  Por eso, la revitalización de nuestro sistema de enseñanza pública, el cual necesariamente pasa por el trato digno al magisterio, no puede tratarse ligeramente como un asunto de escasez presupuestaria. Se trata más bien, de un asunto que tiene que ver con la pregunta fundamental de si verdaderamente somo una sociedad con aspiraciones democráticas.

Sobre Rubén Colón Morales

Es abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de maestría de la Universidad de Harvard. Fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo en los años 90. Ha impartido