La necesidad de propiciar el crecimiento del sector privado local, tanto de las organizaciones sin fines de lucro como de las pequeñas y medianas empresas locales (Pymes), en contraposición a una sociedad que dependa de grandes corporaciones, particularmente foráneas, fue uno de los temas predominantes en el foro “La deuda pública y la economía comunitaria”, organizado el pasado miércoles por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.

El mensaje principal del evento estuvo a cargo del secretario de Justicia, César Miranda Torres, quien compareció además en su capacidad de miembro del Grupo de Trabajo nombrado por el gobernador Alejandro García Padilla para establecer el plan de acción de cara a la crisis financiera y la deuda pública. También contó con ponencias del economista de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Manuel Lobato, del presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Roberto Pagán, de la ejecutiva de inversiones, Myrna M. Rivera y del líder cooperativista, José Julián Ramírez.

El presidente de Fundación Comunitaria, Nelson Colón Tarrats, sentó la pauta del foro al plantear que “la crisis fiscal presenta tres oportunidades de acción interrelacionadas: reestructuración de la deuda, la reorganización del gobierno y el crecimiento económico del País”.

Al destacar el hecho de que el 16 por ciento de la fuerza laboral trabaja en organizaciones sin fines de lucro (OSFL), que estas generan el 6 por ciento del producto nacional bruto y que el 23 por ciento de ellas son de base comunitaria, Colón Tarrats propuso que el gobierno considere establecer alianzas público-comunitarias con el mismo interés que se consideran las público-privadas. Indicó que las OSFL son las “aliadas naturales” del gobierno en la prestación de servicios dada su comprobada capacidad de producir más con menos recursos.

El secretario Miranda reconoció la importancia de las OSFL en el desarrollo comunitario y la prestación eficiente de servicios y aseguró que el Grupo de Trabajo lo ha tomado en cuenta en la formulación de estrategias. “El Gobierno, en unión a la Asamblea Legislativa, tiene el deber de sentar las bases para robustecer sectores como la economía comunitaria, con el potencial de jugar un papel protagónico en la recuperación económica de Puerto Rico”, agregó

Por su parte, Rivera, CEO de la empresa Consultiva Internacional Inc., expuso que a pesar de haber sufrido una descapitalización de 60 por ciento en los pasados diez años en los fondos disponibles para inversión, quedan $40,000 millones en capital que se invierte mayormente fuera de Puerto Rico, desaprovechándose la oportunidad de fomentar el crecimiento de empresas y empleos que redunden en beneficio a las comunidades y al País en general.

Inversión multimillonaria en fuga constante

La ejecutiva financiera indicó que $30,000 millones de esa suma es capital fiduciario o institucional  que está bajo el control de entidades como fondos de pensiones, aseguradoras, fundaciones, el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, entre otras. Este dinero es invertido en el exterior y “la mitad o más está en la Bolsa de Valores”, sostuvo.

Rivera planteó que a pesar de que conlleva una enorme responsabilidad porque los que manejan los fondos tienen un deber fiduciario de lograr el mejor rendimiento posible para los dueños y beneficiarios de los fondos, nada impide que se invierta buena parte de ese capital disponible en el desarrollo local.

“Es posible generar inversión fiduciaria en Puerto Rico. Es posible hacer inversiones que nos generen un 5 por ciento a 10 por ciento invirtiendo en Puerto Rico. Esto se hace todos los días en mercados de Estados Unidos, Europa  y América Latina. Se llama inversión de impacto local”, sostuvo Rivera.  La idea, agregó, es mover capital de esos fondos a los empresarios locales, los nuevos empresarios, las OSFL y las microempresas.

Rivera sostuvo que generar 50,000 empleos bien pagos y sostenibles cuesta una inversión de unos $1,500 millones pero estos generarían $300 millones anuales al Fisco. Para generarlos hay que crear mil nuevas Pymes. Agregó que es un objetivo a plantearse ya que con esa vía de financiamiento se puede generar el rendimiento financiero requerido y que “genere también el rendimiento social que es empleos y fondos al fisco”.

Clave abrirle paso al pequeño empresario local

Por otra parte, Lobato, director del Departamento de Finanzas de la Facultad de Administración de Empresas de la UPR, puntualizó que las pequeñas empresas locales también son parte fundamental de la economía comunitaria, junto con las organizaciones sin fines de lucro.

Lobato expuso que la presente crisis es consecuencia de grandes desequilibrios en la economía, que en algún momento trajeron beneficios inmediatos como el esquema de la sección 936 y sus incentivos a las grandes empresas foráneas. “La 936 parecía maravillosa pero fue un desequilibrio porque fomentó la construcción de una economía basada en grandes corporaciones y nos olvidamos de ese sector económico local que tenía que ser la base de cualquier economía”, sostuvo.

El profesor citó un estudio de la UPR según el cual Puerto Rico es el país que tiene la menor proporción de empresarios en el mundo con solo 1.3 porciento de la población adulta.

“Tenemos que construir con la mayor rapidez posible un tejido empresarial amplio que no proviene de grandes corporaciones sino que nazca de adentro, que sea sólido y continuo, que no sea producto de desequilibrios, sino que logremos generarlo desde las propias comunidades”, planteó.

El mismo estudio reveló que entre 2013 y 2014 el 10 por ciento de la población ha hecho algún intento de montar una empresa y solo el 1.3 por ciento han logrado iniciar, lo que también es una cifra muy baja, que dijo, se debe a los problemas de regulación gubernamental, de acceso a financiamiento, falta de educación para el emprendimiento.

Sin embargo, el estudio revela dos aspectos que considera esperanzadores: la mayoría de la gente que está tratando y logrando crear empresas son jóvenes y en el plazo de un año, el grupo que más se ha involucrado en iniciativas empresariales es el de menos ingresos.

“La esperanza ya la tenemos puesta en práctica y corresponde ahora a todos nosotros, al sector sin fines de lucro, a las fundaciones el ver cómo podemos canalizar para que esas cifras se trasladen en empresas locales en un enramado empresarial más sólido que se alimente con el sector sin fines de lucro y que nos permita tener una economía sostenible creciendo a largo plazo”, dijo.

Exprimir a los trabajadores rompe el clima de esfuerzo conjunto

Una perspectiva complementaria importante, fue la aportada por el presidente del SPT, Roberto Pagán. Este advirtió que el movimiento sindical y sectores cívico-religiosos como la Coalición Ecuménica entienden que imponer mayores medidas de austeridad no va a resolver el problema financiero y económico “sino todo lo contrario”. Agregó que el tipo de medidas propuesto recientemente por sectores patronales de menoscabar las condiciones de los trabajadores y de recortarles derechos “será peor aún” porque los sindicatos tendrán que responder en oposición, dijo Pagán.

“Algunos sectores (empresariales) ya han apoyado públicamente medidas como reducción de salario mínimo, reducción de jornada, reducción de horas extra y en ese ambiente, lamentablemente no vamos a tener la mejores oportunidades de establecer el diálogo que es necesario entre todos los sectores para superar las situación de nuestro país”, agregó.

Pagán, el SPT y su matriz, la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), de la cual es vicepresidente, se encuentran organizando una campaña junto con miembros de las comunidades boricuas en Nueva York, Chicago y Florida para presionar políticamente a favor de que se atienda el asunto de la deuda de Puerto Rico por parte de Washington. “Entendemos que la manera más eficiente de ejercer presión política al gobierno de Estados Unidos es convertir el issue de Puerto Rico en un issue de debate político ante las elecciones de 2016 de Estados Unidos”, sostuvo.

Por su parte, Ramírez, director de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, planteó que el movimiento cooperativista es un elemento fundamental de la economía comunitaria en el País y tiene que seguir fortaleciéndose para maximizar su aportación.

El sector cooperativo de ahorro y crédito posee casi $9,000 millones en activos, dijo Ramírez. “Si se divide son unos $9,000 promedio por persona, pero el dinamismo que genera ese sector es gracias a que estamos todos juntos porque si usted los divide se pierde esa riqueza que se redistribuye a la población”.

Ramírez destacó la importancia de que este sector invierta en el sector no financiero del cooperativismo para potenciar el movimiento. Dijo que en 2014 las cooperativas también invirtieron $180 millones en el financiamiento de Pymes. “El movimiento cooperativista ha venido a llenar un espacio que por la contracción económica quizás otras empresas no han llenado”, expresó Ramírez.

Sobre Eugenio Hopgood Dávila