Una reforma contributiva que imponga una aportación sustancialmente mayor a los sectores de más ingreso, que ponga fin al alto nivel de evasión y a la política de exenciones gratuitas, son algunos de los elementos necesarios para superar la crisis fiscal y económica por una vía que incluya la justicia social como objetivo.  Así lo plantearon dos destacados economistas de la Universidad de Puerto Rico, los doctores Argeo T. Quiñones Pérez y Martha Quiñones Domínguez, en entrevistas separadas con Puerto Rico Te Quiero (PRTQ).

Quiñones Pérez agregó que para lograr el objetivo de justicia social en la superación de la crisis, se requeriría desarrollar un improbable movimiento reivindicativo de carácter popular en el cual los trabajadores y sectores más afectados se lancen a la calle a poner presión al gobierno.

Pero el economista sostuvo que después de lo que le pasó en Grecia en donde ni siquiera el gobierno izquierdista y anti-austeridad de Syriza pudo prevalecer contra sus acreedores europeos, “es bien difícil imaginar cómo es que Puerto Rico, con esa gran válvula de escape que es la emigración, pueda retener su población aquí y surja un movimiento de masas porque es lo único que se puede hacer, un movimiento masivo que fuerce a los gobiernos a tratar de ir por una ruta distinta”.

De otra parte, ambos expertos coinciden en que la receta que incluye la justicia social para superar la crisis fiscal y la salida del hoyo de $73,000 millones en deuda pública, no puede depender de forma tan preponderante en los impuestos al consumo como el IVU y el propuesto Impuesto de Valor Añadido (IVA), ya que son impuestos regresivos que afectan más al bolsillo de quien menos tiene.

“La reforma contributiva lo que tiene que conseguir es la equidad, para lo cual, según la teoría económica, se le debe cobrar más a los que tienen más para poder redistribuir a los que tienen menos. La carga contributiva no puede ser a los que estén en el medio”, sostuvo la economista Quiñones Domínguez.

Por su parte, Quiñones Pérez, criticó el discurso oficialista de que la reforma contributiva no penalice el empleo ni la inversión por lo que debían bajarse todas las tasas. “Pero es que los mejores países del mundo tienen tasas contributivas altísimas. Búscate Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Francia, allí pagan contribuciones sobre ingresos que llegan al 40% y 50% y el IVA de 20 a 23%. Hay unas cargas grandísimas, sobre todo a los de alto ingreso. Lo importante es que le den a cambio una excelente calidad de vida a los ciudadanos”, planteó el profesor.

La evasión: artimaña de los poderosos

Ambos economistas señalaron el problema de la evasión contributiva. “Se crea una cultura de evasión contributiva cuando no se fiscaliza, queda impune y en cuanto entra un nuevo gobierno decretan amnistías que premian a los evasores…El problema principal está ahí porque si no tienes dinero para cubrir los gastos del gobierno tienes que recurrir a la deuda”, agregó la profesora Quiñones Domínguez.

Por su parte, Quiñones Pérez señala que el Departamento de Hacienda admitió recientemente que las deudas contributivas suman a unos $4,000 millones. Dijo que un estudio de los profesores Ramón Cao y Aixa Cruz concluye que, “la propensión a la evasión contributiva aumenta a la vez que aumenta el nivel de ingreso. Y ahí encuentras el primer obstáculo porque en ese nivel encuentras la gente de poder y los grandes donantes políticos y esa gente constituye un grupo de intocables en el país”.

La escasa fiscalización del IVU también se hace de forma inequitativa ya que se actúa ocasionalmente contra pequeños negocios locales y nunca contra las grandes empresas foráneas, sostuvo por su parte Quiñones Domínguez.

Los economistas cuestionaron también la política de exenciones contributivas por su falta de exigencia de que las empresas exentas creen a cambio determinados empleos, inviertan aquí o contribuyan a las comunidades. Quiñones Domínguez indicó que mientras hay exenciones y subsidios de nómina para las megatiendas extranjeras no se ofrece el mismo trato al comercio local pequeño y mediano creándose una competencia desleal.

“El gobierno no lleva un registro actualizado de todas las leyes y las compañías que se benefician de las exenciones ni de lo que le cuestan al Pueblo. No existe revisión periódica para determinar si el propósito para el cual se otorgó esa exención se está cumpliendo y los decretos de exención son secretos”, observa Quiñones Pérez.

Dio como ejemplo de esta política, que se arrastra de la Operación Manos a la Obra de los años cuarenta y cincuenta, que el sector hotelero es de los que más exenciones disfruta “y a pesar de eso, su contribución a la economía del país permanece estancada en cerca de 5% del Producto Interno Bruto (PIB), hace más de 20 años. No es justo que el gobierno tome tanto dinero de nuestras contribuciones para regalarlo al sector privado a cambio de nada”, agregó Quiñones Pérez.

En cuanto al impuesto temporal de 4%, que se comenzó a imponer durante el gobierno de Luis Fortuño, a las empresas foráneas, atado a una exención federal, el economista dijo que equivale a un 21% de los ingresos netos del Fondo General. Sostuvo que hay que mantenerlo y evaluar su posible aumento pero requiere un estudio “para ver la tasa óptima que se le puede aplicar a cada sector para que paguen lo que deben pagar y sigamos siendo atractivos sin darlo todo a cambio de nada.”

El gasto y el malgasto público

Los gobiernos y sectores políticos suelen atribuir gran parte del exceso de gastos a la nómina gubernamental, sin embargo, no es allí que está el problema, sino en el mal uso de fondos, la corrupción y el exceso de contratos millonarios a consultores, principalmente extranjeros, que es dinero que no se reinvierte en el país, observó la economista Quiñones Domínguez.

“Estamos aplicando el ciclo de austeridad, que es recortar gastos de gobierno acá en la nómina y eso perjudica porque cada vez que se pierde un empleo público se pierden tres empleos privados y si sigues recortando, sigues deprimiendo la economía”, sostuvo la profesora.

El gobernador Alejandro García Padilla no ha despedido empleados masivamente como hizo su antecesor Fortuño, pero ha recortado la nómina gubernamental al no llenar las vacantes de los retirados. En cambio, muchas de las agencias no han cumplido con la ley 66, que limita el dinero a gastarse en contrataciones.

La profesora puso como ejemplo que el Departamento de Educación (DE) está pagando millones de dólares a la firma Boston Consulting Group como consultor en una reforma educativa, mientras la República Dominicana ha confiado la consultoría de su reforma educativa en el puertorriqueño Ángel Villarini, quien laboró en el DE junto al ex secretario de dicha agencia, César Rey.

Por su parte, Quiñones Pérez sostiene que las medidas de control de gastos se han aplicado selectivamente. “Se le reducen o congelan los derechos y beneficios al sector laboral público pero cuando miras para el otro lado hay cientos de millones para los consultores que nos dicen cómo articular la estrategia del impago, o como seguimos aplicando teoría económica que no funciona, sin transparencia y sin resultados”, sentenció.

Reforma laboral para traer más pobreza

“Hay pendiente una llamada reforma laboral que despojaría a la clase trabajadora de muchos de sus derechos adquiridos.  Vienen con la idea de que aquí hay demasiados derechos y protecciones para la gente que trabaja y todo eso hay que eliminarlo o reducir gran parte, para agilizar los mercados laborales. Pero, sabemos que eso trae más pobreza, más precarización, más abusos de parte patronal”, dijo el profesor Quiñones Pérez.

“Los países que mejor funcionan son aquellos en donde hay más derechos laborales y mayor porciento de sindicación de la fuerza laboral, que es en las socialdemocracias europeas y nosotros estamos bien lejos de eso”, sostuvo el profesor.

Esta reforma laboral, agregó, es otra de las iniciativas que impediría una superación de la crisis con justicia social.

Entre 2006 y 2011 se inyectaron $37,000 millones a la economía incluyendo $16,000 millones en préstamos y $7,000 millones en fondos federales (Ley de Recuperación y Reinversión de América) ARRA y a dónde se fueron, cuestionó Quiñones Pérez. “Por un lado, se inyecta y por otro, hay boquetes por donde se escapa”, agregó.

Finalmente, ambos economistas abogaron por una mayor transparencia y Quiñones Domínguez apuntó  los  conceptos de planificación y presupuesto participativos como medidas que propenden a que el gasto responda más a las necesidades reales del pueblo.

“Hay que aumentar la participación de la ciudadanía en todo el proceso de planificación y del presupuesto. Que se discuta y se justifique el presupuesto con objetivos sociales medibles de forma que la gente pueda entender si ese dinero benefició o no y así pueden decirle al político que suba: tienes que cumplir esto porque ese es nuestro plan”, planteó la economista.

Sobre Eugenio Hopgood Dávila