Aunque el proyecto de ley propuesto para reformar el sistema contributivo de Puerto Rico establece claramente cuál será la tributación para los ciudadanos que generan ingresos mayores a los $40 mil anuales, los que generan menos de $20 mil no saben cómo les afectarán los cambios. Y no lo saben, porque el Departamento de Hacienda no calculará, hasta que se adjudiquen los cambios y exenciones finales durante el proceso legislativo, la cuantía de los rembolsos que recibirán las personas de escasos recursos, según sus distintos perfiles y el tipo de programas de asistencia gubernamental que reciben, como el PAN o el WIC, entre otros.

Así lo reconoció al Centro de Periodismo Investigativo el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, cuando se le preguntó si había una calculadora disponible para proyectar esos rembolsos, que pretenderían atender el aspecto regresivo del IVA. La calculadora virtual es un mecanismo que ha habilitado el Departamento de Hacienda en internet, pero no tiene el detalle de los perfiles de los individuos en desventaja económica para saber si les va a perjudicar o a aliviar la reforma.

Estos perfiles no están listos; los está elaborando la economista puertorriqueña María Enchautegui, desde el Urban Institute en Washington DC. Esto significa que los ciudadanos que se encuentran en ese nivel socioeconómico bajo, no tienen la información necesaria para participar oportunamente del debate público sobre la medida.

“El nuevo sistema propuesto adolece de mecanismos adecuados para no cargar de manera injusta al pueblo trabajador, a las clases desventajadas y a las personas de mayor edad. Si se ha definido el actual sistema como uno injusto, esta asamblea legislativa debe procurar que el cambio a aprobarse sea cónsono con la búsqueda de equidad y justicia. El actual sistema resolvía esto al exigir mayor tributación por mayor ingreso. No obstante, este no es el caso del IVA donde la distribución de la carga es igual para todos con total independencia de sus circunstancias. Las exenciones a los ciudadanos no están claras en el proyecto y mucho menos el sistema de créditos y reembolsos”, indicó en su ponencia al Senado la directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, Mildred Santiago.

La Liga de Cooperativas, al igual que la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) y la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas rechazaron en las vistas públicas el proyecto de reforma contributiva propuesto por el ejecutivo.

“El impuesto afecta desproporcionalmente a las personas de bajos ingresos. Esto se debe a que estas personas tienden a consumir el total de su ingreso. De hecho, sus gastos exceden sus ingresos. El Departamento de Hacienda está subestimando significativamente el impacto del IVA en estas familias (de bajos ingresos)”, analizó por su parte Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía.

Entre las deducciones y exenciones eliminadas en el proyecto de la nueva reforma contributiva, aplicables a individuos, se encuentra la exención sobre intereses pagados por instituciones financieras (entre $2,000 y $4,000). Además, en los cambios a la contribución sobre ingresos, se elimina la exención de intereses y dividendos, tales como los GNMA’s, intereses de obligaciones de los bonos municipales, dividendos de cooperativas (antes hasta $5mil), intereses sobre préstamos agrícolas, Pymes y corporaciones propiedad de trabajadores.

También, las entidades sin fines de lucro, como las asociaciones profesionales, entre otras, tendrían que tributar por las cuotas. La Liga de Cooperativas, cuya existencia depende de las cuotas, ya está indagando sobre si le aplicará este nuevo tributo, confirmó Santiago.

Peligroso golpe a las cooperativas

“De un análisis preliminar de los informes rendidos por los diversos sectores de cooperativas, se estima que el impacto del IVA en nuestro sector económico redundaría los 23 millones de dólares”, afirmó Santiago hace unas semanas ante la Cámara de Representantes. La cifra surge de un estudio realizado por COSSEC sobre el impacto del IVA en el sector de ahorro y crédito, y de otros estudios que abordaron el impacto del cambio contributivo en los demás sectores del cooperativismo. De esos $23 millones, 19 corresponden al sector de ahorro y crédito, casi un millón al sector de vivienda, y el resto a otras cooperativas de tipos diversos. El estimado no incluye al sector de seguros.

Santiago ofreció varios ejemplos: en el caso de las cooperativas de tipos diversos que incurran en transacciones intermedias de distribución, levanta suspicacia cómo será el sistema de créditos o reembolsos, ya que el mecanismo del gobierno para atender los reintegros actuales es burocrático y lento.

“Para muchas de estas cooperativas esto puede redundar en serias limitaciones de flujo de efectivo y por consiguiente en limitar su capacidad para continuar sus operaciones. Bajo el nuevo escenario, pagarían IVA por el costo de adquisición de bienes y servicios, reduciéndose significativamente los efectos de las exenciones contributivas que le permitían mantener costos operacionales más bajos”, aseguró Santiago.

Una de las cooperativas de vivienda que hizo su análisis sobre el impacto que tendría el IVA en su operación concluyó que el aumento anual en sus costos sería de $132,940.00, pudo constatar el CPI.

Otro escenario posible sería el caso de la Cooperativa de Farmacias (COOPHARMA), la cual estima que el impuesto de 16% de IVA en la adquisición de bienes y servicios incrementaría de tal forma los gastos operacionales del sector que podría causar el cierre de operaciones de muchas de las farmacias participantes. A lo anterior, hay que añadirle la merma de ingresos por la correspondiente baja o reducción en las ventas, que a su vez se estima en un 15 a 20% de pérdida.

“El cierre de estas empresas representa socialmente el cierre de los pocos contrapesos a las grandes cadenas en el sistema de competencia y por consiguiente la posible monopolización de los mercados. Si a ello le añadimos que muchas empresas extranjeras gozan de beneficios contributivos, dicha desigualdad necesariamente también acarrearía fuga de capital”, enfatizó la cooperativista.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer para mantener actividad económica y productiva en el país. Les exhortamos a mantenerse escuchando y protegiendo a los que no nos vamos a ir, al capital nativo, a los que hemos demostrado que las y los puertorriqueños somos productivos y capaces”, concluyó Santiago.

Ahorro y crédito recibiría el mayor impacto

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, según el proyecto propuesto, se le considera un “consumidor final”, o sea, no intermediario, alertó José Julián Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico. Por tanto, asumiría la totalidad del 16%, o sea, no recibiría un crédito posteriormente.

Un estudio realizado por el economista y planificador Mario Puchi anticipó un impacto total $13.6 millones de incremento por los gastos sujetos al IVA para este tipo de cooperativa, de los cuales un 3.7% sería de gastos generales y administrativos. El análisis de Puchi fue actualizado con información de 2014 por COSSEC, que situó el incremento en $19 millones. Este nivel superior de gastos se convertiría en un incremento en el costo fijo de sus estructuras administrativas.

De usar el estudio de Puchi como referencia, “esto representaría $13.6 millones en IVA anualmente. Para cada cooperativa, el promedio de aumento sería de $118,260 al año. Son más de 20 las cooperativas de ahorro y crédito cuyo rendimiento está cerca o por debajo de esa cantidad”, recalcó en la vista cameral Ramírez.

La amenaza que se cierne sobre el sector de ahorro y crédito, según Puchi, sería comparable a la que sufrieron bajo la administración de Luis Fortuño. “Los componentes mas críticos quizá han sido bajo la administración Fortuño, por la contribución sobre las economías netas. Pero al ponerse un limite de $250 mil dólares”, se atenuó, opinó el experto.

COSSEC no avala el proyecto

“Desde nuestra perspectiva, los números hablan por sí solos, por lo que no hay forma de que la Corporación cumpla con su deber legal, fiduciario y moral avalando el proyecto tal y como ha sido redactado”, declaró William Negrón Ortiz, Secretario de la Junta de Directores de COSSEC en la vista de la Cámara.

Los socios se verían afectados directamente, no tendrán más dinero en el bolsillo y tampoco más capital en la cooperativa para poder obtener más crédito. La morosidad en las cooperativas aumentará vertiginosamente al no tener acciones disponibles para pagar el préstamo en momentos de emergencia. El socio que se atrase en el pago del préstamo, dañará su crédito por lo cual pagará más altos intereses”, alertó al sumarse a la voces del sector que pidieron que se exima a las cooperativas.

“La exención que tengan las cooperativas es pagada con creces a nuestra gente”, concluyó Negrón Ortiz.

No más sacrificios de las cooperativas

Las cooperativas están entre las instituciones más fiscalizadas, e incurren en gastos que la banca tradicional no tiene, para mantener sus principios como empresas solidarias: asambleas, educación, talleres, orientaciones, entre otras.

Mientras que la banca tradicional ha continuado con consolidaciones, cierres y prestando menos a individuos y comerciantes, las cooperativas han prestado $180 millones, sin contar los préstamos hipotecarios, informó Negrón Ortiz.

Tanto Santiago, como Negrón y Ramírez consideran que las cooperativas ya han aportado significativamente a palear la difícil situación económica del gobierno. En los pasados años, invirtieron $1,300 millones en los bonos de Puerto Rico, lo cual les ha acarreado una pérdida de $300 millones, debido a la degradación por parte de las casas acreditadoras. Además, poseen $41.9 millones en préstamos al Sistema de Retiro de los empleados públicos.

Con candidez, Ramírez aceptó: “Aparentemente, tenemos las de perder, sea como sea”, al responder a preguntas de la Comisión sobre el impacto que de todas formas sufrirán de no aprobarse el IVA y ante la posibilidad de la restructuración de deuda, ya que las cooperativas tienen bonos del estado que siguen perdiendo valor.

*Publicado por el Centro de Periodismo Investigativo.

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