Existen más de tres vacunas a nivel mundial contra el COVID-19. El programa de vacunación en Puerto Rico va viento en popa y cada vez tenemos más personas y comunidades mejor preparadas para enfrentar posibles brotes.

Siendo noviembre el mes con el mayor brote registrado, pensábamos que lo peor había pasado. Entonces ¿cómo es que se nos escapa de las manos el manejo de la emergencia? ¿A quién le debemos adjudicar cuentas? Al momento, estamos batiendo récord en el ritmo de contagio, tanto por día como por mes.

Para el 5 de abril se reportó alrededor de 1,554 casos únicos positivos en un solo día, la mayor cantidad hasta el momento reportada en el país desde la llegada de la pandemia. Se advierte un alza insostenible en el ritmo de contagios y la posibilidad de insuficiencia de camas para pacientes contagiados.

Ya se había alertado sobre el riesgo que implicaba la apertura parcial escolar sin el cierre de otros sectores económicos. A su vez, en la medida en que empeoraba la situación, se advirtió y se continúa advirtiendo sobre la necesidad de un cierre parcial o total. La respuesta gubernamental  ante todo el panorama: poner sus objetivos políticos por encima de las recomendaciones efectuadas.

Se aprobó la apertura parcial escolar aún por encima de las recomendaciones dadas por la comunidad médica y se mantuvo una apertura casi total para semana santa en los establecimientos turísticos. La situación se mantiene conforme la nueva orden ejecutiva del 15 de abril del 2021. Es decir, el problema que tenemos de frente es uno en el cual el principal responsable es el gobierno puertorriqueño ante su falta de voluntad acción.

Vemos cómo, de nuevo, una situación humanitaria se empeora exponencialmente a costa de la protección de los intereses económicos. En más de una ocasión se advirtió contra el cierre de escuela. Aun así, al ser promesa de campaña, se tomó la decisión de apertura. En más de una vez se advirtió sobre la necesidad de una mayor fiscalización en torno a la celebración de fiestas en semana santa. Se decidió movilizar la Policía contra los viequenses por encima de la fiscalización de encuentro y fiestas al rededor del país.

En más de una vez se advirtió sobre la necesidad de suspender temporeramente el servicio presencial en restaurantes, barras y centros comerciales. La respuesta es una vuelta a un toque de queda irrazonable y la clausura de los pocos espacios públicos y abiertos de disfrute que tiene la ciudadanía. Pudiera parecer un contrasentido, pero es totalmente lógico: las decisiones no responden al interés de la ciudadanía sino a la protección de ciertos sectores económicos del país.

Ellos lo saben, y para ocultar el descaro se esconden tras la estrategia, nada innovadora, de culpar al mismo pueblo por la crisis que enfrenta. Es así como observamos una campaña mediática promocionando la teoría de que el principal espacio de contagio son las reuniones familiares como manera de achacar la responsabilidad del brote a la “falta de control” de nuestro pueblo.

La realidad: según datos obtenidos por el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contacto (SMIRC) menos del 5% de los casos investigados tienen su origen en actividades familiares. Al contrario, la gran mayoría de los casos de contagio tienen su origen en los talleres presenciales de trabajo tanto a nivel gubernamental como en la empresa privada.

Por tanto, no se trata de lograr una “mayor cooperación” del pueblo o “cancelar fiestas y encuentros”. Aun cuando dichos pasos son necesarios ante el brote que nos enfrentamos, son insuficientes de querer poner bajo control el ritmo de contagios. Para lograr nuestro cometido hace falta restringir las actividades económicas presenciales del sector privado aun cuando dicho sector desee lo contrario. Un trabajador puertorriqueño puede cancelar una fiesta familiar; difícilmente puede ausentarse al trabajo sin una excusa válida y sin las protecciones económicas para ello.

Si vamos a adjudicar cuentas, la responsabilidad de este brote sigue estando bajo las manos de Pedro Pierluisi y su defensa en pro de mantener la empresa privada presencial y abierta.

Queda claro que poner la Policía a hostigar comunidades, establecer toques de queda y prohibir reuniones en espacios abiertos no hará mella en el brote actual. El elemento constante está asociado a los espacios cerrados y al trabajo presencial en la empresa pública y privada.  Por tanto, se necesita voluntad política para poner la salud del pueblo por encima del interés económico; no parece que eso sea el objetivo.

Sobre Francisco Santiago Cintrón

Natural de Guayama, Puerto Rico, Francisco Andrés Santiago Cintrón cursó estudios de ciencias políticas y relaciones laborales para luego completar estudios en la Escuela de Derecho en la Univers