La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) solicitó a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que considere las características y necesidades particulares de la población con impedimentos durante la toma de decisiones.

En Puerto Rico se estima que poco más de 700,000 personas tienen algún tipo de diversidad funcional. Según la DPI,  existe una merma en los accesos de acompañantes para personas con impedimentos en los comercios y servicios esenciales. Una de las preocupaciones más apremiantes de la organización es lo limitado del servicio de “Llame y Viaje”. Al momento, este servicio indispensable para la comunidad con diversidad funcional se está utilizando para paciente de diálisis solamente.

“Le hemos cursado una misiva a las distintas cadenas de supermercados y farmacias para orientarlos con relación a este tema, al igual estamos en conversaciones con Fortaleza y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas  para que amplíen el servicio de Llame y Viaje”, destacó Gabriel E. Corchado Méndez, defensor interino de la DPI.

La DPI también señaló que continúa abogando por los estudiantes de Educación Especial y la prestación de servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional. “Sostuve una conversación con el secretario de educación, en la cual me expuso el plan de trabajo para el área de Educación Especial, igualmente la administradora de las oficinas de Rehabilitación Vocacional  nos contestó unas interrogantes vía correo electrónico, donde nos informa las estrategias que están implementando”, expresó Corchado.

La Defensoría reiteró su disposición para apoyar al gobierno en la atención que debe recibir la población. A su vez, exhortó a la comunidad con diversidad funcional que puede comunicarse a sus oficinas al 787-725-2333 o al correo electrónico dpi@dpi.pr.gov, si entienden que se le están violando algún derecho a una persona con impedimento.

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