Conocemos el libreto. En el transcurso de las últimas crisis que hemos enfrentado, hemos visto cómo se utiliza la dificultad coyuntural para coordinar la manera en que van a guisar los ‘amigos del alma’. Es materia de vergüenza nacional que en plena pandemia mundial prácticamente la totalidad del liderato gubernamental a cargo de la salud haya renunciado y otros tantos asignados a apoyar en la tarea se vean inmiscuidos en un escándalo de corrupción. Una vez más, al igual que cuando María, se utiliza la emergencia para afilar los colmillos y coordinar el próximo gran guiso. Mientras tanto, surge a la luz pública que los números actuales son incorrectos, que no se ha vuelto a suministrar pruebas por parte del gobierno y que aún se pronostica una incapacidad total para atender la emergencia de haber un aumento dramático en la cantidad de infectados.

Más aún, la tasa de casos sospechosos, casos positivos, muertes por coronavirus y muertes sospechosas siguen en aumento. Es decir,  andamos de espectadores de la chabacanería tan característico de esta administración a la vez que nos enfrentamos al correr del tiempo para resolver nuestro diario vivir. Peor aún, hay quienes no solo deben resolver su diario vivir sino que dentro de las complicaciones pueden llegar a enfrentarse a la muerte de sí o de un ser querido. Es precisamente a ellos que va dirigido este artículo. El pasado 17 de abril de 2020 surgió la noticia de la muerte de un joven de 29 años a causa del COVID-19. Su nombre era Joshua James Sánchez. Aún cuando la cobertura de su muerte es bien intencionada, resulta impactante que dentro de las narraciones periodísticas existe una historia que se cuenta y una que resulta invisibilizada.

Por un lado, el dato que resaltan todas las noticias sobre su fallecimiento está relacionado a la exigencia que reclama a cuatro vientos la ciudadanía de pruebas masivas inmediatas. El joven Joshua solicitó un total de tres veces la prueba de COVID-19. No fue hasta que sufrió el inicio de un paro respiratorio que se procedió, quizás demasiado tarde, a suministrarle la prueba que resultaría ser positiva. Es importante señalar que estas negativas ocurren aún cuando otro miembro de su familia inmediata hubiese fallecido por el COVID-19 días antes y existiera evidencia de contacto entre ambos parientes. La historia de Juan se suma a la historia de Teresa Ortiz y de quienes inclusive son diagnosticados luego de su muerte. Es la historia de la negligencia crasa y del traqueteo de influencias a costas de las vidas que componen nuestro pueblo.

Por otro lado, surge el peligro de que pase por desapercibido la historia no contada: la historia de los costos médicos tanto de las pruebas actualmente disponibles como del tratamiento. Resulta que la debacle de Juan no era únicamente por la negativa de obtener las pruebas sino por el costo total del tratamiento médico. Fueron $6,000 dólares el costo total del tratamiento. $6,000 dólares que ante el tesoro que representa la vida de un hijo, la familia se vio en la heroica tarea de buscar mediante cuanta iniciativa solidaria estuviese al alcance para costear el tratamiento que al final resultó ser inefectivo. Cabe entonces preguntar: ¿cuánto tiempo transcurrió entre el diagnóstico y la adquisición de los fármacos necesarios para comenzar el tratamiento? ¿Ello pudo ser un factor decisivo en su muerte? ¿Acaso es esta la realidad que enfrentan las personas que surgen positivas a COVID-19? Nos postramos ante la realidad de que resultar positivo y potencialmente morir por el COVID-19 no es el único temor de nuestras familias. El costo económico que significa su comprobación y tratamiento en un país donde se ve la salud de nuestra gente como un cochinito de producir dinero y no como un derecho humano fundamental, juega un papel crucial que se sufre en silencio luego de cerrar la puerta de nuestra casa.

No sabremos a ciencia cierta si las posibles dilaciones en la administración de pruebas o en la adquisición del tratamiento médico fueron factores medulares para que hoy la historia fuese distinta. Aún sabiendo, ello no remplazaría jamás el profundo dolor que debe estar sintiendo la familia de Juan. Lo que sí estoy convencido es que al igual que Juan hay muchos, y potencialmente habrán muchos más, que se enfrentarán al mismo calvario. La tragedia de la duda: de saber que desde el gobierno se pudo hacer más, se pudo obtener mayores garantías y que de esa manera se pudo salvar vidas. La pandemia que enfrentamos no resuelve únicamente con medidas individuales porque al igual que muchos otros problemas que enfrentamos como sociedad la raíz de la solución yace en acciones colectivas. Es por tal razón que hay que exigir pruebas masivas. Más aún, hay que exigir la gratuidad tanto de la administración de las pruebas como del tratamiento médico posterior.

No podemos permitir como sociedad que la única opción para proteger la vida de nuestra gente sean campañas de GoFundMe o ATH Móvil. Porque de ser así, si bien no llegamos a la situación macabra de tener profesionales médicos decidiendo quien vive o quien muere, ello ocurriría en la práctica por la realidad económica de quien resulte dar positivo, de tener el dinero para costear la prueba. Poco vale buscar tomar la prueba si no tienes dinero para poder pagarla. Poco vale conocer que eres positivo COVID-19 si no tienes el dinero para recibir el tratamiento adecuado. Pruebas masivas. Pruebas Gratuitas. Tratamiento gratuito. No podemos permitir que se siga utilizando nuestra salud como fuente de ganancias donde quien no tenga dinero se le condena a la muerte o a una segunda hipoteca. Simple y sencillamente sería un acto criminal permitir que una persona no reciba las pruebas a tiempo o el tratamiento a tiempo por su inhabilidad de poder pagar por el mismo. Ahora más que nunca debemos garantizarle la salud a nuestra gente.

Sobre Francisco Santiago Cintrón

Natural de Guayama, Puerto Rico, Francisco Andrés Santiago Cintrón cursó estudios de ciencias políticas y relaciones laborales para luego completar estudios en la Escuela de Derecho en la Univers