Hemos encontrado una nueva confianza en nosotros mismos como individuos y como grupo. Hemos rescatado nuestro destino y queremos que usted nos ayude a consolidarlo. La relación entre el gobierno y los gobernados es una calle de tránsito en ambas direcciones […] Queremos caminar hacia usted si usted está dispuesto a caminar hacia nosotros.(Claridad, 12 de mayo de 1975: 3, Insisten en ver al Gobernador)

El movimiento social de rescates de terreno comenzó como una movilización de sectores urbanos empobrecidos en el contexto del desgaste del modelo de desarrollo del Partido Popular Democrático: Operación Manos a la Obra. El modelo no produjo espacios urbanos para trabajar y vivir a los hijos y nietos de los migrantes rurales de los años 50s.

En las décadas del 60 y 70 era evidente el desplazamiento que padecían esos sectores. Dado que no tenían espacio en los centros urbanos, algunes comenzaron a identificar terrenos suburbanos para resolver su problema de vivienda. Así comienzan las tomas de tierra, o las ocupaciones ilegales de terreno que se convirtieron en un movimiento social de pobres cuya resistencia hoy conmemoramos.

La construcción de las identidades colectivas de protesta como rescatadoresy no como invasores tuvo influencia de las ideologías de actores políticos externos solidarios, pero surgieron de les mismes pobladores. Algunos de los actores políticos externos en sus primeras etapas fueron el Movimiento Pro Independencia (MPI), que más tarde se convirtió en el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Desafortunadamente, a partir de 1973 el apoyo de estos actores externos se redujo significativamente. Más adelante contaron con el apoyo del organizaciones obreras y profesionales de diversa índole

Estos actores apoyaron el movimiento proveyendo recursos, organización y elementos conceptuales que alimentaron la ideología de los líderes comunitarios. Por ejemplo, ayudaron a vincular la pobreza urbana con asuntos de clase social, con la independencia nacional y/o con los derechos de los trabajadores. En términos de ideología, estimularon también el deseo de los participantes de lograr más autonomía social y de redefinir su situación subalterna. Esto se manifestó en el rechazo a las relaciones de asistencialismo y clientelismo promovidas por el gobierno de Puerto Rico. Esta interacción convirtió una protesta sectorial para satisfacer necesidad en un movimiento social urbano que exigía su derecho a la vivienda.

Modalidades de activismo: prácticas organizativas y de comunicación

El periodo de 1968 a 1972 se caracterizó por la fundación de comunidades y la creación de comités locales. Su meta común era permanecer en los territorios que habían rescatado. Los objetivos eran muy específicos: organizar las recién creadas comunidades y protegerlas de los desahucios violentos de la policía. Durante el primer lustro del movimiento, la existencia de comités regionales como el Comité para el Rescate de Tierras (en la parte norte de la Isla) y el Movimiento Unido de Rescatadores de Terreno (en la parte oeste de la Isla) apuntaban a objetivos que trascendían los intereses de cada comunidad local. Las relaciones de autonomía o sujeción frente a los partidos o grupos políticos variaban entre los comités locales. Asimismo, era diferente la forma de expresar su compromiso con los objetivos del rescate. Para la organización popular, esto significó rechazar la subordinación a las metas, el liderato y los métodos de los funcionarios del gobierno (legislativo, ejecutivo o judicial). Esto es, cuestionar las relaciones paternalistas que propiciaba el Estado benefactor.

De 1973 a 1976, se crearon nuevas organizaciones regionales que usaban múltiples estrategias para alcanzar el objetivo mencionado: exigir y negociar su sobrevivencia.[1] Para 1973, el Partido Popular Democrático (PPD), un partido pro Estado Libre Asociado, ya había ganado las elecciones. Inmediatamente, el secretario de Vivienda anunció una nueva política firme y humana. Esto significó tolerancia y comprensión con los rescates creados durante la administración anterior e intolerancia total con los nuevos rescates. Para el segundo lustro de la década, habían surgido nuevas organizaciones regionales. Una de las más influyentes fue Unión Comunal, organizada en 1975 para evitar la aprobación de una política pública que tenía los desahucios como principal objetivo. Unión Comunal fue la última organización de rescatadores de base comunitaria antes de que el movimiento cayera en una fase de latencia.

Unión Comunal organizó una protesta, conocida como el Piquete Maratón, en contra de la aprobación de la Ley 132 que hoy cumple 48 años. Por 68 días, los rescatadores permanecieron frente a La Fortaleza, la casa del gobernador, para protestar la aprobación de la ley y para exigir una reunión con el mandatario.[2] Aunque no lograron evitar que la política pública se convirtiera en ley (Ley 132 de 1975), no fueron desahuciados.

Las comunidades de rescate fueron planificadas combinando saberes populares y profesionales. El imaginario de vivienda era la casita rural del pasado o los recién creados suburbios de clase media. Algunas comunidades proponían educación alternativa, desarrollo económico y actividades con metas descolonizadoras. El impacto de esta experiencia, aunque diferente entre comunidades y municipios, fue uno de los legados de los rescates a la cultura política en las décadas siguientes (Cotto, 2006).

Las visiones de futuro

Durante las protestas maratónicas de 1975, los piquetes coexistieron con negociaciones con el gobernador. Previamente, las comunidades de Villa Albizu, Villa Pangola, Villa Colombo, Villa Nuestra Tierra, Villa Morenita y Villa Juventud le habían enviado una carta que expresaba su orgullo como rescatadores. Finalmente, el gobierno acordó garantizar la permanencia de estas comunidades.

Para 1978, el movimiento se había vuelto menos militante y estaba enfocado en otras formas de negociación. Se creó un comité nacional de rescatadores. Este comité, formado por representantes de rescates de diferentes partes de la Isla, negoció dos importantes enmiendas a la ley que regía la legalización de rescates. Estos dos desarrollos organizativos y de comunicación aumentaron el potencial estratégico de las comunidades de rescate y se convirtieron en un ejemplo de participación democrática.

El proceso descrito arriba no estuvo libre de contradicciones. La autonomía y la dependencia coexisten en todo tipo de relaciones sociales, incluidas las organizaciones de residentes urbanos pobres. Hubo rescates cuyos comités eran completamente autónomos en un momento dado durante los ocho años de movilización manifiesta, pero que luego se hicieron dependientes de organizaciones conservadoras e incluso de organizaciones que tenían ideologías y prácticas socialistas avanzadas.

Los legados

El movimiento urbano de rescates no generó organizaciones fuertes y duraderas. Sin embargo, de su antagonismo con el gobierno emergió una manera diferente de hacer política. Algunas de las contribuciones más noveles del movimiento fueron: el cuestionamiento de la política partidista, la incorporación de los pobres como nuevos actores políticos, la búsqueda de más autonomía frente al Estado y los partidos por parte de poblaciones acostumbradas al clientelismo o dependencia social, la identificación de los pobres con los obreros organizados y el apoyo de grupos religiosos, profesionales y educativos no partidistas. Todo lo anterior apunta a los comienzos de un rol político para la sociedad civil, aunque en aquel momento histórico esa noción estaba aún ausente del debate político puertorriqueño.

Sobre Liliana Cotto Morales