Por Raúl Álzaga Manresa

Siempre hemos dicho que el comportamiento político de los puertorriqueños se define entre los que quieren ser americanos (anexionistas), los que quieren ser americanos pero no tanto (autonomistas) y los nacionalistas, independentistas y socialistas que como minoría han tenido que enfrentar la persecución, las represiones, encarcelamiento y asesinatos políticos.

Esto ha sido así porque desde la invasión norteamericana el 25 de julio de 1898, existió un proceso agresivo de colonizar y adoctrinar las mentes de a la población puertorriqueña por todas las vías posibles. Solo con decir que hasta los años 40 la educación pública era obligatoriamente en inglés y las iglesias protestantes desarrollaron un plan agresivo de adoctrinamiento religioso. Se implementaba el servicio militar obligatorio y la ciudadanía norteamericana desde 1917 no solo para pelear las guerras en que participa Estados Unidos sino como forma de inculcar disciplina y obediencia a las autoridades norteamericanas, además de verse como una forma de movilidad económica ante la precariedad de la economía puertorriqueña durante más de 70 años de colonialismo (1898-1970). Esto sin contar con la emigración planificada hacia Nueva York y Chicago y la esterilización de las mujeres durante toda la década de los 50, como formas de control poblacional.

El movimiento nacionalista de los años 30 al 50, el independentismo defendido en los primeros años de los 40 y luego abandonado por el Partido Popular Democrático de Luis Muñoz Marín para luego convertirse en la principal fuerza autonomista y en los 50 al 70 el resurgimiento del movimiento independentista y socialista, representado por el Partido Independentista Puertorriqueño luego de su la salida del Partido Popular en 1946 y el Movimiento Pro Independencia(MPI)) fundado en 1959 para convertirse en Partido Socialista Puertorriqueño en noviembre de 1971.Estos y otros movimientos políticos y clandestinos mantuvieron y desarrollaron dentro de sus limitaciones, la lucha por la independencia, la identidad cultural y el idioma, que permitieron llegar al presente.

A los anexionistas y autonomistas no se le pueden negar sus aportaciones al proceso de cambio, independientemente de sus complicidades en mantener dentro de sus contradicciones el estatus colonial de Puerto Rico

En el caso del PNP, ya para los años 80, el gobernador anexionista Carlos Romero Barceló se atrevía a expresar que si Estados Unidos negaba la “Estadidad=Anexión”, ellos votarían por la independencia. También los anexionistas empezaban a clasificar públicamente las relaciones con Estados Unidos como una de carácter colonial, algo que hasta ese momento habían negado o no se habían atrevido a decir.

Luego en la administración del gobernador anexionista Pedro Roselló (1993-2001) se empezó a desarrollar el discurso de que la relación con Estados Unidos eran una de carácter discriminatorio y en violación de los derechos civiles de los puertorriqueños, al no poder votar en la elecciones norteamericanas y al no tener paridad en las ayudas federales como en los Estados de la Unión. Roselló, como gobernador, llegó a testificar en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas algo que se había mantenido como “un asunto interno entre Estados Unidos y Puerto Rico”. En unas declaraciones en 1999 para justificar su testimonio ante el Comité de Descolonización el gobernador Roselló declaraba que era:” La única manera de provocar al Congreso de Estados Unidos, luego de más de un siglo de colonialismo , para que cumpla con las responsabilidades que le impone su propia Constitución y la Carta de Naciones Unidas”.

Los autonomistas no se quedarían atrás en su evolución hacia una forma diferente de ver sus relaciones con Estados Unidos. En 1978 el exgobernador Rafael Hernández Colón, se reuniría en primera instancia con Juan Mari Bras, secretario general del Partido Socialista Puertorriqueño y luego con el representante de Cuba ante Naciones Unidas, Ricardo Alarcón de Quesada para consensuar una Resolución ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. En dicha Resolución, aprobada el 12 de septiembre de 1978, Rafael Hernández Colón criticó a Washington por no haber cumplido con su compromiso de 1953 y pidió el auxilio de las Naciones Unidas para la descolonización de Puerto Rico. Años más tarde, el 17 de noviembre de 1990 en reunión del Consejo General del Partido Popular presidida por el gobernador Rafael Hernández Colón y el Secretario General del Partido Popular, Eduardo Báez Galib, se aprobó lo que se conoce como la “Enmienda Vizcarrondo”, que plantea que para desarrollar el Estado Libre Asociado y la soberanía del ELA, este tiene que estar fuera de los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos de América bajo la cláusula territorial de la Constitución norteamericana contenida en el artículo IV sección 3 de la Constitución. Todas estas gestiones, tanto la de los anexionistas como las autonomistas, quedarían para el récord histórico sin que se haya podido destrabar la situación del estatus

En el 2006 el Congreso norteamericano eliminaría la sección 936 del Código de Rentas Internas federal. Esta ley permitía a las empresas multinacionales norteamericanas depositar sus ganancias en la banca puertorriqueña sin tener que pagar impuestos en Estados Unidos, le llamaban cínicamente el “Welfare Corporation”. Miles de millones de dólares estarían disponible en la banca para sus inversiones y préstamos. Por unos cuantos años se supo que esto iba a ocurrir, sin embargo la dirigencia política del país fue incapaz de desarrollar un modelo alterno, limitándose a la reducción de los gastos del gobierno, las ayudas federales y los préstamos, empeñando al estado, llegando a una deuda pública de unos $70,000.00 sin contar el no pago de muchas de las pensiones de los trabajadores públicos, alcanzando los $120,000.00.

Por no permitir la quiebra bajo las leyes del ELA, el congreso decidió nombrar en el 2016 la Junta de Control Fiscal de siete miembros, que tiene el propósito de saldar y negociar las deudas, cuadrar el presupuesto anual durante cinco años y diseñar un plan de desarrollo para Puerto Rico. En la práctica, la Junta no ha logrado ninguno de los tres objetivos para lo que fue creada y se ha convertido en el gobierno real de Puerto Rico, vetando o anulando leyes aprobadas por la legislatura, eliminando en la práctica lo único que los puertorriqueños tenían como propio que era la llamada” Autonomía Fiscal”.

Toda esta situación económica se vino a deteriorar con los desastres naturales de Irma y María en septiembre del 2017 y los terremotos de enero del 2020.Esta situación obligó al gobierno federal, durante la administración de Donald Trump, a asignar ayudas multimillonarias que llegaron a calcularse preliminarmente en unos $116 mil millones, aunque en la práctica han sido aprobados unos $40 mil millones, de los cuales apenas un 10 % han sido utilizados.

Mientras se desarrollaba esta crisis con más de 4,600 muertos como consecuencia del ciclón María por falta de luz, agua y acceso a lugares aislados, se filtra un chat del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, junto a funcionarios del gobierno y allegados, donde se hacen comentarios despectivos hacia el pueblo en general, por ejemplo comentarios como “Cogemos de pendejos hasta a nuestra propia gente”, “Puerto Rico sería mejor sin puertorriqueños” Esa mujer (refiriéndose a una periodista) la pondría en cuatro”, que los muertos podrían ayudar a las peticiones de ayuda y otros comentarios despectivos. Esto va a producir una indignación que en un principio fueron pequeñas protestas, pero mientras avanzaban los días se iban incorporando más personas, llegando a ocurrir protestas donde hubo gases lacrimógenos lanzados por la policía y una marcha masiva mucho mayor que la que había ocurrido cuando se exigía la retirada de la marina de guerra norteamericana de la isla de Vieques en el 2000. Luego de semanas de protesta el gobernador Ricardo Roselló no tuvo más remedio que renunciar a su cargo el 24 de julio del 2019.

Estas manifestaciones y otras ocurridas en años anteriores por diferentes causas, contribuyeron a desarrollar una nueva y refrescante conciencia y compromiso político por parte de miles de jóvenes y no tan jóvenes, que crecían al calor de estos eventos.

Esto puede explicar el porqué del comportamiento del electorado puertorriqueño en las elecciones del 2020 cuando los independentistas del PIP y los del Movimiento Victoria Ciudadana obtenían entre ambos el 28 % de los votos mientras los partidos tradicionales que habían gobernado el país desde 1948 obtenían el 35% en el caso del PNP-anexionista y un 33 % en el caso de los del PPD- autonomistas.

Este nuevo escenario abrió la posibilidad a que se pudiera explorar la posibilidad de lograr una unidad entre el PIP y el MVC. Este proceso confrontaría obstáculos principalmente por parte del propio Estado. El Código Electoral del 2011 prohibía “las candidaturas coaligadas y las alianzas electorales”, evitando formar una sola estructura política. Por otro lado, el Movimiento Victoria Ciudadana fue inducido a error por la propia directora de la Comisión Estatal de Elecciones al esta opinar que el Movimiento no necesitaba pedir endosos a sus candidatos. Al final, los candidatos de Victoria Ciudadana tuvieron que ir a las elecciones por vía del método de nominación directa (“Write in”) que hace más difícil la posibilidad de la elección de un candidato. Todo esto a pesar de que eran senadores y Representantes electos en el cuatrienio del 2020-2024. A quienes gustan de las teorías conspirativas, podrían pensar que todo se hacía para que no ganaran.

A las elecciones del 2024 se perfilaban nuevos escenarios:

El partido anexionista (PNP) se enfrentaba a unas primarias inesperadas entre el gobernador incumbente Pedro Pierluisi y la Comisionada Residente, Jenniffer González. Esta última retó al Gobernador alegando que había actuado negligentemente al no haber sido capaz de canalizar todas las ayudas económicas y proyectos a realizar, poniendo en riesgo la pérdida de esas ayudas económicas y en segundo lugar por no haber supervisado y monitoreado adecuadamente la empresa Luma, encargada de reconstruir el sistema eléctrico del país. Se entendía que esas primarias habían dejado heridas que provocarían una disminución en la participación de los electores del PNP, algo que no sucedió, de hecho, el PNP aumentó en un 5% la cantidad de votantes, de 35% en el 2020 a 40% en el 2024.

El Partido Popular Democrático enfrentaba una de sus peores crisis políticas, al no contar con un liderato de larga trayectoria e impacto y sin un programa político que fuera atractivo. Esto se agravaría, cuando figuras destacadas del partido empezaran a cuestionar la vigencia del partido e incluso a endosar la alternativa del Cambio y la Alianza. Una lista de figuras políticas, como el pasado candidato a la Comisaria Residente en la elección del 2020, Rafael Cox Alomar, Ingrid Vila, secretaria de la Gobernación bajo la administración del gobernador autonomista Alejandro García Padilla, el ex secretario general del Partido Popular para finales de los años 90, el senador Eudaldo Báez Galib y finalmente el endoso de las Representantes puertorriqueñas en el congreso norteamericano, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez. Toda esta situación apuntaba a un movimiento de autonomistas muchas veces llamados soberanistas hacia el Cambio y la Alianza.

El Partido Dignidad, agrupación creada en las elecciones del 2020 tendría una agenda conservadora y de corte religioso, teniendo como candidato a la gobernación a Javier Jiménez, un alcalde anexionista que había renunciado al PNP. Esto auguraba la posibilidad de que le restara votos al Partido Nuevo Progresista afectando positivamente la candidatura de Juan Dalmau como candidato por la Alianza.

Aunque en todas las encuestas publicadas daban a Jenniffer González, Republicana y anexionista como triunfadora en las elecciones, el entusiasmo y el masivo cierre de la campaña electoral de la Alianza, dos días antes de las elecciones, abría la posibilidad de que las encuestas se equivocaran.

Toda esta campaña electoral, desde su principio, estuvo matizada por una agresiva campaña anticomunista, parecida a la época de la “Guerra Fría’ de los años 60 y 70, acusando al candidato Juan Dalmau de tener relaciones estrechas con “los dictadores” Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Díaz Canel. De que triunfar la Alianza, “la llegada del socialismo y el comunismo será eminente”, decían. También que se perdería la ciudadanía norteamericana, al igual que las ayudas federales. En esa propaganda tuvieron una participación destacada la representante al Congreso Norteamericano por la Florida, la congresista cubana María Elvira Salazar, la cual aparecía todos los días en mensajes políticos de todos los canales de televisión. También los empresarios puertorriqueños se organizarían en un Comité de Acción Política (PAC en inglés) millonario para apoyar a los candidatos anexionistas y autonomistas. Dentro de esos empresarios abría una cantidad significativa de empresarios hijos de cubanos exiliados, cuyos padres habían sido en los 60 y 70 activos miembros de la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y en muchos casos fundadores de la poderosa Fundación Nacional Cubano Americana de los años 80. Estos empresarios llegaron a escribir cartas a sus empleados, algunos con más de 700, advirtiendo que votar por la Alianza, ponía en peligro su futuro económico.

El resultado de todos esto fue, al final del día lo que se ha llamado el ‘Banquete Total” por parte del partido Nuevo Progresista, al este lograr mayoría en el Senado y la Cámara de Representante y el control total del Tribunal Supremo. El famoso “Balance of Powers” de la democracia norteamericana desaparece, aunque no es la primera vez que sucede, donde un partido político controla el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

Pero no todo está perdido, dicen algunos analistas y la propia dirección de la Alianza de cara al futuro. Su candidato a la gobernación Juan Dalmau alcanza hasta ahora el 32.78% de los votos, superando a la votación de las elecciones del 20020 por casi un 6% aunque los anexionistas pasaron de un 35% en las elecciones del 2020 a cerca del 40% de los votos en esta del 2024. Lo que sí es significativo es que los autonomistas del Partido Popular dejaron de ser la segunda fuerza política del país al apenas alcanzar el 21.02%, confirmando el movimiento de los autonomistas soberanistas hacia la alternativa de la Alianza sin descartar que un grupo de autonomistas se pudieron haber movido hacia el partido anexionista en defensa de los que ellos llaman “La Unión Permanente” ante la ficticia amenaza comunista.

Proyecto Dignidad no aumentaría su votación, alcanzando apenas el 6.63% no pudiendo restarle votos, como se pensaba, al Partido Nuevo Progresista de Jenniffer González.

El candidato Juan Dalmau decía en la noche de las elecciones: “Nosotros triunfamos, redibujamos la historia del país el día de hoy. Este es el inicio de una transformación gloriosa de nuestro país”. El analista político y de mucha credibilidad, el abogado Leo Aldridge declaró al periódico El Nuevo Dia de ‘Impresionante” el desempeño de la Alianza en la contienda ejecutiva, que frenó el control que, por décadas, se intercambiaron el PPD y el PNP. Por otro lado el periodista y columnista del periódico El Nuevo Dia, Benjamín Torres Gotay, comentaba ante el triunfo del PNP : “Al país no hay que recordarle como son los gobiernos del PNP. En las últimas décadas, hemos visto cuatro gobiernos del partido de la Palma. Tres de ellos, con la Asamblea Legislativa bajo su control. Mirar por cualquier ventana, hacia cualquier calle o planicie, nos dice prácticamente todo lo que hay que saber sobre cómo son los gobiernos del PNP”.

El Partido Popular Democrático, aunque quedó como tercera fuerza política, sí pudo elegir a 45 alcaldes de 78 y logró la elección de Pablo José Hernández Rivera, nieto del exgobernador Rafael Hernández Colon a la Comisaría Residente. Pablo José estableció en su campaña que no se deberá tocar el tema del status en Washington y enfocarse en el desarrollo económico, la paridad en los fondos fedérales y la construcción de la red eléctrica pensamiento defendido por su abuelo desde que abandonó las ideas independentistas a mediado de los años 40.

El triunfo del PNP, a pesar de ser Republicanos y ganar la presidencia el republicano Donald Trump, no parece tener muchas posibilidades de impulsar la anexión en los próximos cuatro años. Los republicanos de Estados Unidos son los primeros en no apoyar la anexión de Puerto Rico por pensar que estos añadirían senadores y representantes demócratas al senado norteamericano. Ya el líder republicano del senado, Mitch McConnell, acaba de expresar que rechaza la propuesta para admitir a Puerto Rico y Washington DC como estados. El presidente Trump ha hecho comentarios despectivos hacia Puerto Rico, llegando a decir en el 2020 que a Puerto Rico él lo podría vender a Groenlandia porqué es un sitio “sucio y pobre”, coincidiendo con los comentarios recientes del comediante norteamericano Tony Hinchcliffe en una actividad de campaña del propio Donald Trump al este decir que “hay una isla flotante de basura que creo se llama Puerto Rico”. También Trump, con razón o sin ella, dijo que en Puerto Rico había un alto grado de corrupción y que había que supervisar la ayuda económica que se le estaba dando. Los aliados del PNP en Estados Unidos, los senadores de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, aunque apoyan la anexión de Puerto Rico, han expresado que no es el momento para eso.

Algunos dicen que a veces se gana perdiendo y habrá que ver si se cumplen aquellas palabras lapidarias del gobernador anexionista Carlos Romero Barceló cuando dijo que si Estados Unidos no les daba la Estadidad (anexión) ellos optarían por la independencia.

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