“Aunque las transferencias federales a Puerto Rico han experimentado un crecimiento significativo en la última década, el impacto en el desarrollo económico ha sido limitado, por no decir nulo”.

En un reciente análisis publicado por la empresa de consultoría Estudios Técnicos, Inc. (ETI), se examinó el impacto económico de las transferencias federales en Puerto Rico durante los últimos diez años. Los datos presentados revelan cambios significativos y arrojan luz sobre la debilidad persistente de la economía del país.
Desde el año fiscal 2013, los fondos federales transferidos a Puerto Rico han experimentado un crecimiento considerable. Según ETI, pasaron de $20,814 millones en ese año hasta alcanzar los $39,590 millones en el año fiscal 2022. Resulta notable el porcentaje que representan estas transferencias con relación al Producto Nacional Bruto (PNB): un 30.2% en 2013, que se incrementó a un 50.8% en 2022. Es importante aclarar que estas cifras incluyen las transferencias devengadas, definidas por la Junta de Planificación como “beneficios que se reciben como derecho adquirido por haber prestado servicios y/o haber contribuido a fondos de seguridad social (medicare, pensiones a veteranos, entre otros)”. Por tanto, si estas se excluyen, el por ciento sería mucho menor. De todas formas, el monto de las transferencias no devengadas, son significativamente altas tanto en términos absolutos como porcentuales.
Gran parte de ese aumento exponencial se debe a las asignaciones aprobadas por el Congreso de Estados Unidos en respuesta a eventos extraordinarios, como los huracanes Irma y María en 2017, así como los terremotos y la pandemia de Covid-19 a partir de 2020. Sin embargo, es importante reiterar que la mitad de estas transferencias son fondos no recurrentes, tal como ha advertido la Junta de Control Fiscal (JCF) en su reciente Plan Fiscal.
Lo que resulta desconcertante es cómo, a pesar de la magnitud de estos recursos, el desarrollo económico del país no aparece en el horizonte, ni siquiera algún destello notable. Es como si el dinero se echara en un saco sin fondo. Durante el período fiscal de 2013 a 2022 la economía de Puerto Rico, si bien manifiesta repuntes en algunos indicadores, ha experimentado tasas de crecimiento negativas en el Producto Nacional Bruto real (PNBr). Esto, no obstante, el enorme aumento en las transferencias federales. En su Plan Fiscal, la Junta reconoce que las leves mejorías en las tasas de crecimiento del PNBr se deben a las transferencias y reconoce que los fondos federales tienen un impacto temporal que puede enmascarar debilidades estructurales. De hecho, la JCF anticipa que la economía regresará a tasas de crecimiento negativas a partir del año fiscal 2030, aun partiendo del escenario optimista. A corto plazo, sus proyecciones apuntan a un decrecimiento de 0.7% en el Producto Nacional Bruto real para el año fiscal 2023, seguido de un periodo cercano a cero en los años fiscales 2024 al 2026. Luego habrá un breve repunte de crecimiento en los años fiscales 2027 al 2028. Y a partir del año fiscal 2030 se regresa a la tendencia histórica de tasas de crecimiento negativas (véase Exhibit 1).

Esos estimados se ven respaldados por el anuncio reciente de la Junta de Planificación, en el que revisó a la baja la proyección de crecimiento económico para el año fiscal 2023.
La realidad sigue ahí de forma terca: desde 2006, la economía de Puerto Rico describe un prolongado estancamiento del cual no ha podido salir y sin indicios de que eso pueda cambiar. El Centro para la Nueva Economía, en su publicación de abril, describe esta situación de la siguiente manera: "Durante los últimos 15 años, el Producto Nacional Bruto real ("PNBr") de la isla ha disminuido un 22%; el empleo total, un 17.2%; y la población, un 14.5%. Este profundo deterioro secular es el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí".
Así también lo han analizado destacados economistas del patio y del exterior, concluyendo que el modelo económico, que produjo altas tasas de crecimiento en la década del 60, se estancó y colapsó. Es decir, las dificultades económicas y la realidad adversa persisten sin que pueda atisbarse algún optimismo.
Es evidente que existe una compleja interacción de factores que han contribuido a la debilidad endémica de la economía de Puerto Rico. Para superar estos desafíos y avanzar hacia el desarrollo sostenible, es fundamental abordar no solo las necesidades inmediatas tras eventos extraordinarios, sino también implantar políticas y estrategias sostenibles a largo plazo que impulsen la equidad social, la protección de los ecosistemas y el crecimiento económico del País. Ello supone formular un enfoque integral y ejercer poderes políticos que no tenemos. Sin embargo, eso que parece obvio, ha sido anatema en las administraciones de gobierno que se han alternado en las pasadas décadas.
También, y tan importante como lo anterior, es necesario abordar la capacidad institucional y política para implantar los planes transformadores, fortalecer aquellas instituciones públicas necesarias y crear nuevas, todo lo cual conlleva tener la soberanía política para iniciar y caminar hacia esa meta ineludible. Pero lo cierto es que la conducción de la administración pública va en dirección contraria. En lugar de incentivar la inversión en actividades productivas, se adula la dependencia y se crea un marco legal, tipo paraíso fiscal, para beneficiar a evasores contributivos (como la Ley 60, antes ley 22). En lugar de reclamar mayores poderes, se actúa con genuflexión ante Washington y su Junta de Control Fiscal.
La realidad sigue siendo terca: las decisiones principales en materia económica y de políticas públicas las toma una Junta de Control Fiscal, impuesta por Washington con “inmunidad soberana”, como sentenció el Tribunal Supremo de EEUU. ¡Así no se puede!
En conclusión, aunque las transferencias federales a Puerto Rico han experimentado un crecimiento significativo en la última década, el impacto en el desarrollo económico ha sido limitado, por no decir nulo. El análisis y los datos presentados en la publicación de ETI evidencian que la dependencia no es amiga del desarrollo sostenible. ¡Y el colonialismo, tampoco! Cuando la dependencia se convierte en condición permanente, atrofia el potencial y la posibilidad de generar desarrollo duradero y mejorar las perspectivas para el futuro de Puerto Rico.