INTERDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por René Pinto Lugo, JD, LLM, PhD.

Todo esta interrelacionado, algunas veces directamente, otras indirectamente, y en ocasiones no vemos, ignoramos  u olvidamos cuál es la relevancia en la interrelación. Las elecciones generales a celebrarse el próximo 5 de noviembre de 2024 en Puerto Rico son medulares y están directamente relacionadas con nuestros lideres, partidos políticos, con nuestro pasado, presente y forjar un futuro; y circunstancias y eventos como la deuda pública acumulada, sin precedentes, de $70B+, que mantiene atrofiado el desarrollo sustentable de Puerto Rico.

¿Sería razonable pensar que los pasados gobernantes, ejecutivos y legisladores de los gobiernos de turno y sus asesores legales, actuariales y  financieros, etc.,  todos hayan ignorado o se les haya escapado considerar que la acumulación agregada de sobre 70 billones de dólares en emisiones de deuda pública para cubrir, entre otros, gastos recurrentes, sin capacidad de repago, podría ser constitucional, legal y pagable? Es difícil concluir que este desastre económico para nuestro País haya sucedido sin que se advirtieran sus catastróficas consecuencias. ¿Tenemos derecho a saber que, cómo, porque y quienes son responsables por acción, omisión, corrupción u otra forma de ilegalidad de esta quiebra económica?

La Ley 97 de 2015 creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico ("Comisión") para llevar a cabo una investigación y auditoría forense de la deuda pública de Puerto Rico, (sin precedente comparable en todo el territorio de los EEUU), estimada en la astronómica cantidad de  $70+ billones de dólares.  La Comisión nunca recibió la asignación de fondos presupuestarios necesarios por lo que, entre otras razones de falta de cooperación del gobierno de turno, no se pudo concluir la necesaria investigación y auditoría forense.

No obstante lo anterior, el resultado de la investigación inicial realizada por la Comisión, identificó y se proponía estudiar más a fondo las siguientes preguntas:

1.    ¿Puerto Rico ha emitido deuda para financiar déficits gubernamentales y acaso esta práctica viola el requisito de un presupuesto balanceado según dispone la Constitución de Puerto Rico?

2.    ¿Puerto Rico ha violado el límite de servicio de deuda que se dispone en su Constitución?

3.    ¿La práctica de refinanciar deuda vieja, conocida en inglés como “scoop and toss”, que ha utilizado el Gobierno de Puerto Rico por muchos años, viola la prohibición constitucional contra la emisión de deuda con una duración mayor a 30 años?

4.     ¿Qué efecto tuvo el uso de bonos de revalorización de capital por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la cantidad total de la deuda?

5.    ¿El Gobierno de Puerto Rico, o sus asesores y aseguradores, cumplieron con las leyes aplicables de la SEC relacionadas con la divulgación de información financiera?

6.    ¿En qué momento la deuda dejó de ser productiva y contribuir al crecimiento económico?

Finalmente, la Ley 97 de 2015 fue revocada sin razones fundamentadas y hasta el presente la auditoria forense no ha sido realizada no obstante múltiples promesas de campañas de aspirantes a la gobernación del país.

Se trata de preguntas medulares que todavía no han sido contestadas no obstante haber sido las emisiones de deuda pública y obligaciones de pago mayor que ha tenido Puerto Rico en toda su historia.

Entonces, ¿por qué aún no se ha llevado a cabo una auditoria forense de las emisiones de deuda pública? ¿Por qué la legislatura, la Oficina del Contralor, la Junta de Supervisión Fiscal (el informe de Kobre & Kim no es una auditoría forense) han llevado a cabo una auditoría forense?

 Aun asumiendo que mañana nos liberáramos totalmente de la “deuda”, ¿debemos hacer una auditoria forense o, no debemos hacerla y así premiar con impunidad a las personas y entidades responsables de este singular embrollo y desbarajuste económico? Sino auditamos no sabremos cómo y por qué sucedió, y qué se hizo con el dinero, y consecuentemente estaremos vulnerables a repetir los mismos errores y horrores, e inclusive probablemente elegiremos en las próximas elecciones a los incumbentes responsables o  a aspirantes a posiciones políticas que por culpa, negligencia en el deber, o inclusive posible beneficio personal, participaron directa o indirectamente en la emisión de deuda pública.

La ausencia de información y su antítesis, la infodemia, potencian zonas de peligro en el ejercicio del sufragio. Los ciudadanos no debemos tomar toda la información que obtenemos de la infinidad de fuentes disponibles como verdades absolutas en la construcción de nuestras propias opiniones, el ejercicio del sufragio requiere de un análisis honesto previo, no prejuiciado por fanatismos y personalismos.  Pero estos peligros, no son las únicas circunstancias que atentan contra un voto democrático libre en la realidad de la “democracia” puertorriqueña; veamos.

El proceso de descolonización en el mundo de la post II Guerra Mundial, genero importantes logros pues cuando se fundaron las Naciones Unidas en 1945, unos 750 millones de personas vivían en territorios que dependían de potencias colonizantes. Aún quedan 17 territorios no autónomos (excluido Puerto Rico) y en ellos viven menos de 2 millones de personas. El proceso de descolonización nació con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y constituyó un gran logro de esa organización mundial (proclamada como la máxima defensora de la democracia y de los derechos humanos) pero que paradójicamente retiene 5 pecados originales y permanentes con derecho al veto en su medular Consejo de Seguridad cuyo objetivo principal es la preservación de la Paz mundial.

No obstante lo anterior, todavía sobrevive y se expande en un terreno fértil,  neoliberal y global, un colonialismo mutado y encubierto (el neocolonialismo). En Puerto Rico el manto que “encubre” el colonialismo moderno es la Ley Pública 81-600 de 1950 y la Constitución del Estado Libre Asociado (Federal) colonial impuesta por el Congreso de los EEUU simulando ser un acuerdo (bilateral) y así premeditadamente lograr atenuar las presiones de la comunidad internacional adoptadas en la Organización de las Naciones Unidas para erradicar los regímenes coloniales.

Transcurridos sobre ciento veinticinco años de control colonial bajo del Congreso de los EEUU, avalado por la jurisprudencia interpretativa vigente en los indignantes “casos insulares” del Tribunal Supremo (SCOTUS), situación agravada por la globalización neoliberal, se ha forjado y fortalecido gradualmente una subcultura puertorriqueña fundamentada en una estructura económica de dependencia, para ciudadanos de “segunda clase”. Ese grado de dependencia conduce y  potencia, entre otras vulnerabilidades, a la corrupción, trampas de pobreza, estrangulamiento e incertidumbre en el desarrollo económico sostenible, empeoramiento de la infraestructura y servicios de salud, emigración masiva, y una polarización manifiesta de desigualdad socio-económica.

Es importante considerar que, en alguna medida, esa “subcultura y condición de dependencia” también potencia y deriva, consciente o inconscientemente, un estado de vulnerabilidad acompañado de un sentido de inferioridad, de incertidumbre y preocupación por proteger y mantener la permanencia del imperante estado económico, que a su vez retroalimenta y robustece el propio estado de dependencia. El internacionalmente reconocido siquiatra de cuna caribeña, Frantz Fanon en sus estudios sobre la psicología y complejidad de la colonización y particularmente en  su libro Los condenados de la Tierra [The wretched of the earth] Editorial Fondo Cultura Económica, (1961) describe el síndrome del colonizado. En su libro Piel Negra/Mascaras Blancas (1952) Fanon también hace una descripción psicológica y existencial de la experiencia de las sociedades colonizadas, describiendo, entre otras, el surgimiento de un complejo de dependencia y de un complejo de inferioridad.  Ciertamente, luego de 125 años, que no transcurren en vano sin dejar huellas de transculturación, desde la colonización de Puerto Rico por los EEUU, se construye y surge gradualmente el rechazo a todo cambio que atente distanciar a la Isla de su colonizador, que potencie provocar “adversidad y escasez”. Se trata de una percepción y sensación de seguridad, comodidad y abundancia desarrollada por el colonizado, transculturado, derivada de una longeva y excesiva dependencia;  esto a su vez atenta contra el propio reconocimiento y valoración  de nuestras capacidades, y consecuencialmente menoscaba el potencial del desarrollo sustentable de la Isla.

En las ponencias presentadas, algunas individualmente y otras a nombre del Comité de la Resistencia Boricua ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de junio de 2024, se hizo referencia al síndrome del colonizado, encontrando fundamento en el pensamiento de Frantz Fanon y discutiendo extensa e intensamente el síndrome de Estocolmo, como elementos del complejo y multifactorial cuadro psicológico, relevantes y consecuenciales a la longeva realidad colonial puertorriqueña.

La presencia del estado de dependencia colonial en el ejercicio de  la democracia y específicamente en el ejercicio del sufragio podría describirse como un elemento e influencia relevante, o al menos de riesgo, que al atentar contra la continuidad y existencia de la dependencia, lleva de la mano al colonizado a inclinarse por un voto de “protección”. Dicho de otra forma, sin libertad (libre de sentimientos fundamentados en la dependencia) e igualdad de derechos políticos, no hay, o al menos se transgrede la fibra esencial de la democracia. Es necesario que nos despojemos de las secuelas del colonialismo y modifiquemos la mentalidad de que no es posible sobrevivir sin la dependencia del colonizador. La ausencia de libertad como elemento vital y necesario en la democracia, derrota la legitimidad del sufragio y solamente se trata de una formalidad, en un pueblo dependiente, regido, dirigido y controlado por poderes políticos y económicos no insulares.

Por otro lado es menester reconocer (admitir) que la DEMOCRACIA, aun en las naciones tradicionalmente democráticas, no es perfecta y mucho menos fácil, por el contrario, es retante, compleja y requiere ser incesantemente vigilada y protegida, pero empíricamente ha sido la mejor alternativa disponible para acercarnos al estado de desarrollo, dignidad y justicia aspirada por las naciones. Son múltiples los retos que atender e ingredientes necesarios para la construcción de sistemas político-económicos que permitan implementar valores verdaderamente democráticos y participativos conducentes a lograr una sociedad, tanto a nivel nacional (Puerto Rico) como también integrante de la comunidad o aldea global, en las que se manifieste una cultura de derechos humanos y un desarrollo sustentable. Se requiere entonces entendamos y valoricemos un mundo globalizado pero regulado que impida injusticias, trampas de pobreza y miseria, y un sistema tributario internacional sobre las empresas multinacionales, que contribuya a reducir la explotación de las naciones empobrecidas y neo-colonizadas.

En Puerto Rico donde los incentivos tributarios abundan y se justifican principalmente para los inversores foráneos cuyas inversiones, como estrategia para el crecimiento (en lugar de desarrollo) de la economía, resultan ser ilusorias y no recurrentes, pues permanecen (los inversores) solamente conforme subsistan  o se aumenten los incentivos; mientras tanto, el pueblo depende principalmente de fondos federales y una acumulación de deuda pública billonaria la cual aún no se sabe cómo se emitió no obstante las salvaguardas constitucionales, y peor aún, cómo se distribuyeron y se utilizaron los fondos. Reitero, ¿No tiene la ciudadanía el derecho fundamental a saber, a preguntar, a recibir respuestas fidedignas y a mecanismos de rendición de cuentas confiables? ¿De qué otra forma podría un ciudadano insertarse eficazmente en una participación democrática?  ¿Cómo logramos acceso a la verdad sin tener la llave del derecho a saber y acceso a la información completa? ¿Cómo podrían los ciudadanos tomar decisiones e ir a las urnas para descargar su derecho y deber de sufragio democrático, carentes de información o peor aún, malinformados y en desconfianza? ¿Sería el resultado una burla y parodia a la democracia y un intento sin fundamentación y desacertado hacia el logro de una buena gobernanza?

Los derechos humanos se proclamaron mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde su proclamación ha sido uno de los objetivos medulares de la ONU la búsqueda incesante y esfuerzos para lograr su vigencia global permitiendo desarrollar sociedades más justas y democráticas.

Este documento constituye la semilla del derecho internacional de los derechos humanos, orientado a promover compromisos nacionales en relación con las personas bajo sus respectivas jurisdicciones. Desde su proclamación, se han acordado en la ONU numerosos pactos y tratados que reconocen y desarrollan los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y establecen obligaciones a las naciones, así como mecanismos orientados a supervisar su cumplimiento, aunque no siempre son eficaces. No obstante los 5 pecados originales con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU (una paradoja anti democrática), esta organización (la ONU) constituye un instrumento de esperanza, aun en desarrollo y construcción para alcanzar la paz, justicia y el orden internacional globalizado.

Los derechos humanos son medulares para el desarrollo de las naciones y las  personas, pues representan las condiciones que potencian que vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz.

Entre las características generales atribuibles a los derechos humanos es menester subrayar las siguientes; 1.) son intrínsecos pues le pertenecen a todas las personas por el hecho de nacer, 2.) son irrenunciables e intransferibles, 3.) inalienables pues no se pueden suprimir o despojar arbitrariamente, 4.) son universales, lo que es fundamental ya que le son aplicables a todas las personas en cualquier parte del mundo. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993 se determinó y acordó que todos las naciones irrespectivamente de sus sistemas políticos, económicos y cultura, están obligados a promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas que se encuentren en su territorio, 5.) son progresivos, pues deberán seguir desarrollándose conforme evolucionan los adelantos, condiciones y necesidades de vida y relaciones entre las naciones en un mundo cada vez más interconectado globalmente. Los llamados derechos humanos de tercera generación componen una lista abierta y receptiva que incluye los derechos a la protección del ambiente, al desarrollo sostenible, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, a la protección de los datos personales y al patrimonio de la humanidad. 6.) imprescriptibles pues no caducan por motivo alguno. 7.) son indivisibles, pues no se puede prescindir de uno, ni se puede disfrutar de uno a costa de sacrificar otro, porque todos son partes integrales sin jerarquía entre ellos.

Finalmente, los derechos humanos son interdependientes, pues están todos interconectados y el adelanto de uno sostiene y robustece el progreso de los demás, mientras que en contraposición, la privación de uno atenta y vulnera el ejercicio y vigencia de los demás derechos humanos. A modo de ejemplo, se desmerece el ejercicio a una participación y sufragio democrático genuino en la medida que impere una cultura longeva de dependencia alimentada por un régimen colonial. Esto responde a la aculturada e inducida percepción de incapacidad, imaginaria, de que la soberanía potencia hambre y necesidad.  De igual forma se lacera el derecho a la educación si se carece del derecho de acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la libertad de expresión, etc. También, palidece y es engañoso reclamar la vigencia de un proceso democrático en ausencia de transparencia, acceso a la información, y de auditorías y sistemas regulatorios que prevengan, descubran e informen a la ciudadanía sobre irregularidades, corrupción (resultante de actos criminales como de incumplimiento y negligencia crasa en el desempeño del deber público).

Ciertamente, la democracia es la plataforma para la reivindicación de los derechos humanos y la vigencia de la justicia. No obstante, la democracia no encuentra cimientos adecuados en pueblos que no pueden pensar cívicamente, por estar desinformados o mal informados, o porque tienen el estómago vacío o la mente llena de necesidades inventadas o ilusorias, o inmersos o arruinados por deudas externas que asfixian sus débiles economías, o inmersos en una cultura se dependencia, y por gobiernos corruptos, donde los que los ayudan humanitariamente son los mismos organismos que los hunden en trampas de pobreza y el descontrol. No podemos tampoco concebir a la democracia como plataforma de emancipación, sin acceso a una educación de calidad, acceso a la justicia, acceso a la información, a la salud, a la seguridad, a la dignidad.

Concluyentemente, la democracia es la plataforma para la reivindicación de los derechos humanos y la vigencia de la justicia. No obstante, la democracia no encuentra cimientos apropiados sin la llave del derecho a saber y el deber de recordar, pues solo entonces podremos construir un criterio informado para emitir responsablemente nuestra opinión mediante la participación democrática del voto.

A pesar de los deficiencias y retos antes reseñados, NO SE ABSTENGAN DE VOTAR, pues el sufragio es un derecho y un deber medular para la vigencia de una  democracia robusta y el futuro de Puerto Rico.

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