No es un secreto que el propósito de las empresas de capital es maximizar la inversión dineraria de sus accionistas mediante el incremento del valor de los negocios y de los dividendos  que les son pagados. Por ejemplo, determinaciones esenciales sobre cómo poder poner en marcha sus operaciones de negocios como qué se produce, dónde se produce, cuánto se vende, a qué precio, o sobre cuántas personas se emplea y a cuáles salarios; se trata de elementos siempre subordinados y dependientes al fin fundamental de reproducir con creces el dinero invertido por los accionistas. No hay duda de que en tales empresas, conocidas comúnmente como corporaciones con fines de lucro, el trabajo es un factor de producción, económica y legalmente subordinado a la ganancia de los inversionistas, que es la que hay que garantizar en primer lugar.  Pero no solo los beneficios de la operación de negocios se reparten en función de la tenencia de capital, sino que la organización y gobernanza de las mismas también responden al grado de inversión que se tiene en la empresa.

En sentido distinto, las empresas cooperativas no se organizan con el propósito de maximizar las aportaciones dinerarias de sus miembros, sino para que, a través de una empresa de propiedad colectiva, consigan satisfacer unas necesidades comunes a todos. En el caso de las cooperativas de trabajo, la necesidad común que se persigue satisfacer es la tenencia de una plaza regular, estable y suficiente de trabajo. En estas, las aportaciones individuales de capital de quienes las trabajan solo reciben una retribución limitada (a base del precio del dinero en el mercado); porque lo que se busca es maximizar los rendimientos que se pagarán a los trabajadores y trabajadoras a base del tipo y cantidad de trabajo particular aportado y su impacto sobre los niveles de ganancias obtenidos.  Por eso, la estabilidad de las plazas de empleo, la seguridad laboral, la protección de las comunidades aledañas y los mecanismos de auto-disciplina son inherentes a las cooperativas de trabajo; pues su función es mejorar las condiciones generales de vida de sus trabajadores- dueños. Son quienes trabajan en estas los/as que toman en conjunto las decisiones primordiales de la empresa como operación de negocios, y lo hacen de forma democrática, a base del principio de un trabajador(a) un voto, con independencia de jerarquías organizacionales y de aportaciones individuales de capital.

Esa cualidad de las cooperativas, de que lo principal es garantizar plazas estables y adecuadas de empleo por encima de pagar rendimientos a inversionistas, ha demostrado que las hace más resilientes.  Ello así, pues donde una inversionista ve una empresa que no le produce el nivel de ganancias deseado y decide cerrarla aunque no se sea una empresa perdidosa;  desde el punto de vista de quienes la trabajan se trata de una empresa capaz de generar empleos, y de ayudar a mantener mejores niveles de vida en las comunidades de donde ellos/as y sus familias provienen. Por eso mientras las empresas de capital se mueven frenéticamente de un lugar a otro buscando maximizar ganancias, bajar salarios y operar con menos restricciones medioambientales, dejando a su paso desempleo y comunidades abandonadas; las cooperativas de trabajo son empresas que por su propio DNA, se desarrollan enraizadas en el entorno local, y procuran a largo plazo una mejor calidad de vida para sus trabajadores y sus comunidades.

De tal manera, el hecho de que las cooperativas buscan garantizar la permanencia de las plazas de empleo, mientras que el capital  busca solo la maximización de ganancias, permite que, en circunstancias en las que a una empresa de capital no le hace sentido económico mantener operaciones pues sus rendimientos son limitados; para los/as trabajadores hace perfecto sentido mantener esas operaciones, mientras las mismas generen lo suficiente para poder mantener sus plazas de empleo y se ayude también a evitar el impacto económico indirecto de un cierre sobre sus comunidades.

En relación a los cierres de empresas que se están dando como producto de la pandemia y de la crisis económica, tenemos que pensar que puede que no exista un competidor o inversionista interesado en mantener un negocio operando; mientras que para su empleomanía hace perfecto sentido invertir para adquirirlo y mantener así sus plazas de empleo.  Igual pasa en caso de empresas que no cuentan con una secesión empresarial, debido a que a la descendencia de sus fundadores no les interesa el negocio; por lo que muchas veces se ven entonces obligados a cerrar o, por ejemplo, a vender a una empresa competidora contra quien se han luchado por décadas, y que ahora viene a adquirirlos para controlar el mercado. En esos casos, la alternativa de un gobierno genuinamente interesado en garantizar la estabilidad económica de sus comunidades, debería ser ayudar a que los/as trabajadores tengan la primera opción para ser ellos y ellas quienes adquieran la empresa de forma colectiva.

Precisamente, y aunque parezca inverosímil, el presidente Trump firmó en este cuatrienio el Main Street Employee Ownership Act, una medida aprobada por consenso entre demócratas y republicanos, y cuyo propósito es fomentar la compra de empresas en transición por sus trabajadores, disponiendo para que la SBA les brinde respaldo. La misma responde a la crisis identificada en EU sobre la cantidad de negocios que cerrarían o se consolidarían por falta de sucesión empresarial.

En Puerto Rico podemos comenzar a tomar pasos de políticas públicas firmes en ese camino. Hasta el momento, ello no se ha hecho, no solo por falta de voluntad política, sino también por falta de conocimientos sobre las distas experiencias mundiales al respecto. Por eso, nos toca a todos, especialmente a los/as cooperativistas, elevar el asunto como un tema central en los distintos proyectos de desarrollo económico que se discuten en el país, y educar al pueblo sobre cómo estructurar estas alternativas. Los recursos los tenemos.

Sobre Rubén Colón Morales

Es abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de maestría de la Universidad de Harvard. Fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo en los años 90. Ha impartido