La noticia de su liberación pautada para el 17 de mayo de 2017 fue objeto de primeras planas e innumerables comentarios noticiosos a través de los medios de comunicación.

El pasado 17 de enero el Presidente Barack Obama dio curso a la conmutación de la sentencia de Oscar López Rivera a través del poder que tienen los presidentes y los gobernadores de poner fin a las sentencias de personas que han sido declaradas culpables de delito.  Dicho poder incluye desde la conmutación de la sentencia, al indulto, o hasta el perdón absoluto o amnistía por virtud de la cual incluso se elimina la pena impuesta por los tribunales.  El indulto corresponde a la excarcelación de la persona, aunque no haya cumplido con la totalidad de la misma y a través de la conmutación se enmiendan los términos de la pena de forma tal que se le permite a la persona salir en libertad antes de la fecha prevista por la pena original.  Cualquiera de las alternativas pueden estar sujetas a condiciones especiales.

Oscar López Rivera estaba cumpliendo una pena de 55 años por ser encontrado culpable del delito de conspiración sediciosa para derrocar al gobierno de los Estados Unidos en 1981, sentencia a la que se le añadieron 15 años por alegadamente conspirar para fugarse de la cárcel en el año 1988.  La noticia de su liberación pautada para el 17 de mayo de 2017 fue objeto de primeras planas e innumerables comentarios noticiosos a través de los medios de comunicación del país, así como también de expresiones de todo tipo por parte de la ciudadanía. No obstante los esfuerzos de decenas de miles de personas en Puerto Rico y fuera de la Isla en apoyo a su excarcelación, así como también de líderes y figuras de diferentes sectores políticos y culturales dentro y fuera de la Isla, hubo siempre comentarios de unos pocos que no celebraron la noticia.  Al día siguiente del evento, a manera de ejemplo, en un programa de análisis de una de las emisoras de radio del cuadrante AM en Puerto Rico dirigido por dos abogados se comentó la noticia.  Uno de ellos expresó no sentir júbilo alguno por la noticia ya que entendía que Oscar López Rivera era un cobarde y un delincuente que merecía cumplir la totalidad de la pena impuesta al incluso ser culpable de la muerte de personas inocentes.

El otro abogado que moderaba el programa trató de defender la decisión del Presidente Obama y los méritos del excarcelamiento, aunque sin mucha fuerza, expresando que contrario a lo expresado por su compañero de programa, el señor López Rivera no fue encontrado culpable de delitos de violencia o muerte, sino que solamente fue encontrado culpable de conspiración.  Añadió que en esencia él lo que estaba haciendo era promoviendo los mismos ideales que promovió en un momento dado el primer presidente de los Estados Unidos, Jorge Washington, según lo expuesto por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica (EUA).

A tal planteamiento, su compañero de programa replicó que lo que hizo el Presidente Washington jamás ni nunca era comparable con lo que hizo el señor López Rivera en tanto y en cuanto lo que hizo Washington fue enfrentarse en una guerra a la “Armada de Gran Bretaña” en una guerra en la cual no se mató a inocentes ni se recurrió al terrorismo que era lo que Oscar López Rivera promovía.  Ante las palabra de ese abogado,  que comparten otros  en Puerto Rico, es imperioso aclarar el récord de lo ocurrido durante la revolución de las trece colonias en los EUA.  Más aún, hay que hacerlo cuando tras la expresión de esas opiniones en torno a López Rivera, hay un ataque a su integridad, a su propia libertad de pensamiento y a su honor.

En primer lugar, un examen con detenimiento de la Declaración de Independencia suscrita por 56 representantes de las colonias el 4 de julio de 1776 claramente revela el reconocimiento por parte de ellos de que la lucha, de ser necesario por la vía violenta y armada, es necesaria cuando los pueblos están siendo objeto de un control despótico.  Así procedieron en aquel entonces y no a través de la celebración de plebiscitos, asambleas constituyentes o presentación de peticiones o proyectos de ley ante la asamblea legislativa del gobierno británico, como aquí nos entretiene el liderato político de los partidos principales.   A esos efectos dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y citamos:

Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno…. (Énfasis suplido).

Si examinamos las denuncias que se detallan en esa Declaración por parte de los colonos contra Gran Bretaña,  veremos que cada uno de los trece territorios continentales estaban confrontando los mismos problemas de sumisión y despotismo por los que ha estado pasando Puerto Rico por más de un siglo, condiciones claramente vividas en la actualidad ante la imposición por parte del Gobierno de los EUA sobre los puertorriqueños de la Junta de Control Fiscal y por casi un siglo de las leyes de cabotaje.  Más aún, cualquier ilusión de gobierno propio sin vestigios de coloniaje vivida por muchos puertorriqueños a partir del año 1952, quedó destruida por el propio Departamento de Justicia de los EUA en sus escritos ante su Tribunal Supremo y la opinión de ese Tribunal del 9 de junio de 2016 como parte del caso de ELA v. Sánchez Valle.    De modo que sin lugar a dudas el ideal por la liberación de su nación por parte de Oscar López Rivera,  desde su arresto hace más de treinta años hasta la actualidad,  cumple cabalmente con el ideal de los promotores de la independencia de las trece colonias.

Por otro lado, referirse a los revolucionarios norteamericanos de ser unos valientes combatientes por su independencia como parte de una lucha contra otro ejército, mientras se tilda a López Rivera de cobarde, delincuente y terrorista no hace honor a la verdad de la historia.  No ponemos en duda la valentía de los revolucionarios norteamericanos, que sin lugar a dudas lo fueron, pero tales manifestaciones no guardan fidelidad con lo ocurrido en aquel entonces como para referirse a Oscar López Rivera de esa forma. Comencemos por lo ocurrido el día 16 de diciembre de 1773 en la Bahía de Boston en Massachusetts.  Para ese entonces existía en Boston un grupo clandestino, así como las Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional de Puerto Rico y el grupo conocido como el Ejército Popular Boricua, Los Macheteros, llamado los Hijos de la Libertad.  (The Sons of Liberty). Ese día en la noche se disfrazaron de indios de la nación indígena de Massachusetts, los Mohauk,   y tomaron por asalto tres  barcos en la bahía para lanzar al mar los cargamentos de té que transportaban.  Lo hicieron como parte de un acto de protesta por las imposiciones del gobierno británico sobre el comercio del té. Sin lugar a dudas, dicha acción no solamente fue un acto de terrorismo y violencia, pero además fue un acto a través del cual cometieron, entre otros delitos de la era moderna los siguientes: uso de disfraz (Artículo 248 del Código Penal de Puerto Rico del año 2012) y daño a la propiedad (Artículos 198 y 199 del Código Penal de Puerto Rico de 2012). Esos mismos Hijos de la Libertad, en otra ocasión fueron a la Casa del Gobernador de Massachusetts, Thomas Hutchinson, un funcionario gubernamental nombrado por el gobierno británico, y saquearon y quemaron su casa. En lo que a la cobardía que se imputa a López Rivera respecta, ninguna de esas personas que conspiraros desde el clandestinaje y que perpetraron esos delitos de terror, al otro día se fueron a entregar a las autoridades británicas.  Se mantuvieron al margen de lo que era la ley y el orden en aquel entonces y en el clandestinaje.  De paso, a Oscar López Rivera nunca lo han encontrado culpable de cometer actos de semejante naturaleza.

Además de esos eventos hay que tomar nota de los motines y ataques por parte de  turbas ocurridas durante el periodo revolucionario en ciudades como Charleston, Carolina del Sur, Boston, Massachusetts, Filadelfia, Pennsylvania y en la ciudad de Nueva York.  Miembros de las naciones indígenas sufrieron además durante aquella época la destrucción de sus villa. Hay que tomar nota también de cómo a los funcionarios gubernamentales que cobraban los impuestos para la corona británica, los desnudaban de la cintura para arriba, les untaban brea y les pegaban plumas de aves como parte de los actos de desobediencia civil, y para sus víctimas actos de agresión y terror.  A esto hay que añadir los saqueos por las tropas revolucionarias a la que fueron objeto personas en sus hogares durante la guerra, entre otros incidentes.  Todo esto ocurrió dentro de un drama revolucionario en el que solamente una tercera parte de los habitantes de las colonias favorecía la independencia y no se llevaban asambleas de pueblo abiertas a todo el público para que expresaran su opinión.    Para un recuento detallado de esta realidad de la guerra de independencia de las trece colonias, entre otras fuentes, ver Robert Harvey A Few Bloody Noses: The Realities and Mythologies of the American Revolution.

Ante ese récord de la historia es lamentable que dentro del marco de la libertad de expresión, se haga un uso irresponsable de los medios de comunicación social bajo el supuesto de ser un analista de noticias y de eventos con el gabán y la corbata de licenciado, para hablar con una vasta falta de conocimiento de la historia, promoviendo ante los oyentes, y en particular aquellos que no tienen el beneficio del estudio de la historia, la desinformación.  El derecho de la libertad de expresión incluye el derecho de expresar opiniones, pero si las mismas van a ser ofrecidas dentro del marco del poder que confiere estar a cargo de un programa o un espacio a través de los medios de comunicación, las mismas deben ser expresadas responsablemente y con el peso de los hechos, con las fuentes de información basadas en los récords de la historia y de las ciencias.  De lo contrario, las opiniones son entonces expresiones basadas e caprichos, mitos y  desinformación, y el ejercicio de la expresión, desde la autoridad que se le atribuye a un profesional a quien se le confiere el privilegio de expresar al público su análisis en torno a asuntos de trascendencia en el país, no deja de ser lo que es, una ultraje a la historia y a la verdad.  Así no se habla claro, y es lamentable que emisoras de radio que cuentan con buenos reporteros y el contacto con buenos recursos académicos y profesionales para sus programas de análisis de noticias que no cuenten con unos estándares de calidad para determinar a quienes invitan a moderar  sus programas.  No se trata de la censura ni de la violación al derecho a la libertad de expresión.  Se trata del uso responsable de los medios de comunicación.  Todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero no a propagar la misma partiendo de que somos conocedores de lo que expresamos a base de mentiras, mitos, fábulas y tergiversaciones, y más si la vamos a expresar desde un púlpito, un podio  o el  espacio de un medio de comunicación.

Por Féliz López Vega

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